"Josep Joan Moreso (Tortosa, 1959), fue rector de la Universidad Pompeu Fabra (2005-2013) y es catedrático de Filosofía del Derecho. Respetado por la comunidad académica y política, Moreso se ha involucrado en el problema político catalán, buscando un consenso que parece todavía lejano. Centrado en el estudio de los fundamentos filosóficos de la Constitución, es autor de Constitución, modelo para armar (Marcial Pons, 2009). Presidente de la agencia para la calidad de las universidades catalanas, AQU, y buen conocedor de la política italiana, Moreso considera que se necesita "mitezza", que no tiene una traducción exacta, pero que es una especie de mezcla entre “paciencia más templanza”, o “la capacidad de evitar la ira, y si llega, la capacidad de atemperarla”. Para un profesor centrado en la filosofía del derecho, lo que ha ocurrido es difícil de comprender, y señala que “el soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix”. En una entrevista con Crónica Global, Josep Joan Moreso apuesta por una reforma constitucional, y por recomponer la situación, sin dejar de criticar a los “intelectuales orgánicos” que han sustentado el proceso, pero también a los que han confiado únicamente en la capacidad del derecho y han “olvidado” la fuerza de la política.
--En todos estos años en Cataluña se han constituido relatos propios que han servido para justificar las posteriores acciones. ¿Cómo se construyen los relatos, que son, además, antagónicos?
--Soy filósofo del derecho y utilizamos el lenguaje, que es algo esencial. Y, ciertamente, se han creado relatos a medida que se iba avanzando en el conflicto político, y eso ha sido determinante. El Gobierno central, desde hace años, ha decidido afrontar el problema aplicándolo sin apostar por la política, y eso plantea muchas carencias, porque existe un problema político. Hay, también, un incumplimiento constitucional de un principio democrático en contra de todas las voces, en un Estado que es claramente protofederal. Se veía venir desde 2012, pero se acelera con las decisiones en el Parlament en los días 6 y 7 de septiembre. Entonces se decide lo contrario: hacer política marginando el derecho. Yo digo que el derecho sin la política está vacío, pero la política sin él es ciega, y sobre eso estamos. Obviamente, el relato del proceso soberanista ha mostrado mucha resiliencia ante la realidad, porque las cosas que prometía y que eran centrales no se han cumplido. No ha habido reconocimiento internacional, por ejemplo. Muchos decíamos que sin eso no se podía hacer nada, pero parece que no es suficiente para que cambie ese relato.
--El movimiento soberanista ha ido reivindicando la existencia de una doble legitimidad, basada en una nueva legalidad. ¿Cómo se crea una legalidad?
--Es verdad que la legalidad se soporta sobre la aceptación social,
sobre hechos que están más allá de la cuestión jurídica. En la
transición, el acuerdo es aceptado por la población, y eso da
legitimidad, al margen de la calidad política que existía. Pero aquí se
ha jugado con eso. El filósofo Herbert Hart, un intelectual de primera, explicó en su libro El concepto del derecho
(1961) que para que un derecho exista en una sociedad es necesario una
regla compartida para saber las que rigen el sistema. En España es la
Constitución y lo que emana de esa Constitución. Por eso digo y he
comentado de forma reiterada que no hay dos legalidades, porque todas
las asociaciones de jueces y fiscales, todos, dijeron que la única regla
era esa, la Carta Magna. En ningún momento hubo dos legalidades.
--¿Cómo se puede superar esa legalidad, entonces?
--Una legalidad se puede superar a través de una ruptura revolucionaria, cambiando a los jueces. No veo otra forma. Pero, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿Las grandes empresas pagarían sus impuestos a la Generalitat? No lo harían. El soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix. Cuando la CUP dice que se debería aplicar la república, yo pregunto, ¿se dan las condiciones? No se daban, ni se dan, pero eso parece que no cambia la voluntad política.
--Pero el movimiento independentista reclama que se le ofrezca una vía posible cuando tenga una mayoría suficiente. ¿Cambiarían las condiciones con mayorías más sólidas?
--Yo creo que sí, que eso puede ser determinante. Si un día el independentismo tiene el 60% de apoyo,
por poner un porcentaje importante, eso creo que provocaría un cambio
de otros elementos y facilitaría una opción negociada, como no puede ser
de otra manera dentro de la Unión Europea, forzando al Gobierno español
a negociar, que podría pasar, incluso, por un referéndum pactado o por
otra fórmula. Yo soy muy partidario de la opinión consultiva del Tribunal Supremo de Canadá,
de 1998, un documento extenso, serio, bien fundamentado. Responde a
tres preguntas del Gobierno del Quebec, sobre si tiene derecho a la
autodeterminación según la Constitución del Canadá, o de acuerdo a la
legalidad internacional, y, en caso de respuestas diferentes a las
anteriores preguntas, ¿cómo resolver el conflicto? La respuesta es no,
en los dos casos, y entonces la tercera no se plantea. Pero ofrece una
salida: si se reitera en el tiempo esa petición, el Gobierno de Canadá
debería abordar la cuestión, y plantear un referéndum con una pregunta
clara. Pero se insiste en que no sería vinculante y que se debería
negociar, junto con el resto de provincias del Canadá. Las lecciones
canadienses lo que nos dicen es que aquí no se ha hecho bien, que se ha
apostado por una vía unilateral, pero también nos dicen que el Gobierno
central no ha aceptado el problema político, que existe.
--Es decir, que el Gobierno español no se ha tomado en serio lo que ha ocurrido en los últimos años en Cataluña.
--Eso es. Porque hay que analizar el por qué hemos llegado hasta aquí, cuando históricamente el secesionismo nunca ha superado el 20%, y ahora se ha llegado el 48%. Hay muchos factores en juego que no se han tenido en cuenta. La sentencia del Estatut de 2010 es uno de ellos. Pero también una cuestión que resultó muy negativa, y que se ha dejado de lado: las condiciones en las que el PSOE llega al poder en 2004, tras los atentados terroristas. El PP nunca aceptó esa victoria como normal, y negó su legitimidad. En ese momento, se centró en dos frentes, en que los atentados se podían relacionar con ETA, algo indefendible, y en Cataluña, que se dibujaba en el horizonte. En el PP se estableció un debate, mientras el PP catalán quiso participar, con enmiendas a la propuesta del Estatut en comisión, desde Madrid se consideró que era mejor abandonar. El PP catalán argumentó que en ese caso perdería la centralidad, pero en Madrid el PP determinó que, en cambio, lograría la centralidad en el conjunto de España.
--¿Y el PSOE qué responsabilidad tiene?
--El PSOE llega un momento que abandona, que no puede resistir, y decide que el trabajo lo haga el Tribunal Constitucional, que frene el Estatut, y eso tuvo consecuencias importantes. Pero todo se incendia con la crisis económica. Hay que decir, además, que en el relato independentista se ha ido abandonando el discurso economicista. Pero no ha habido autocrítica sobre aquellos mensajes tan duros, que nos hacía a los catalanes muy poco estimables en Europa, donde el independentismo sólo ha conseguido el apoyo de los partidos xenófobos, de ultraderecha. Pero no ha habido autocrítica.
--¿Se puede vislumbrar una salida ahora?
--Se ha creado un clima preocupante. Releí en verano El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y me provocó una reflexión profunda. Zweig no podía entender que se creara un ambiente prebélico, que provocaría la I Guerra Mundial. No veía las razones por las que se matarían los jóvenes europeos. Y creo que ahora tampoco se pueden entender las razones de un conflicto que ha llevado a tantas personas a un lado y a otro, a personas con las que hemos tenido relaciones estrechas.
--Las decisiones judiciales, ¿lo complican todo más, imposibilitan una solución?
--Hay un uso excesivo de la prisión provisional. Es necesario un gobierno, pero todo está condicionado por los jueces, que impiden cuestiones básicas a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras que les concede la Constitución y que el juez no ha tenido en cuenta. La representación política es el núcleo de la democracia. Creo que los delitos que se imputan no se sostienen. Se intenta construir un relato, porque eso es una instrucción, y se basa en anotaciones en la libreta de un alto cargo, y en el documento Enfocats y distintas reuniones, y creo que eso es frágil.
--Para encontrar soluciones, es necesario antes compartir un diagnóstico, ¿es posible?
--Es un problema, sí, existen dos comunidades. Para abrir una negociación si no hay diálogo, a partir de algo compartido, será imposible.
--¿Se debería recurrir, aunque parezca algo superado, a aquellas conversaciones entre intelectuales de Madrid y Barcelona de los años cincuenta?
--Tal vez. Particularmente me gusta releer aquellas conversaciones que se produjeron entre un Dionisio Ridruejo y Carles Riba, por ejemplo. En mi etapa de rector de la Pompeu Fabra lo intenté, con la colaboración de cuatro universidades, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Por ejemplo, se puso en marcha un grado compartido de filosofía política y economía para 60 estudiantes. Y fue realmente sorprendente y muy positivo. He sido profesor en este grado, en un seminario he planteado directamente el problema de la secesión. El conocimiento que los estudiantes tienen entre ellos ha hecho, sin duda, que los catalanes comprendan mejor la opinión de los no catalanes y viceversa. También lo intentó el exconsejero Antoni Castells, reuniendo gente como Josep Maria Colomer con Daniel Innerarity o Álvarez Junco y Emilio Lamo de Espinosa.
--¿Se debe implicar, por tanto, mucho más la sociedad civil?
--Yo creo que sí. Personalmente me he sentido interpelado por esa responsabilidad. La academia, a veces, se ha distanciado, pero en mi etapa de rector fui muy consciente de llevar nuestras reflexiones al foro público. La filosofía política es un refinamiento del debate político, pero está conectada, debe estarlo. Si no somos capaces de establecer esa conexión, no tendremos una sociedad vigorosa. En la Pompeu Fabra, en mi etapa de rector, en 2013, se hizo con debates en los que estuvieron presentes todos los posicionamientos: Ángel de la Fuente y Jordi Galí, con Ferran Requejo y Félix Ovejero, por ejemplo.
--La llamada clerecy, intelectuales, profesores, altos cargos de la administración, ¿qué papel cree que ha jugado?
--Hay una clerecy que ha jugado a favor del proceso, es una evidencia. Pero mi impresión es que en Cataluña hay una sociedad plural, con voces diferentes, algo que se ha negado desde el soberanismo. Y ese mismo soberanismo, ciertamente, ha impulsado una serie de intelectuales orgánicos que sólo aplauden y ponen la letra a la música que suena. Pero no es la única. Desde el soberanismo se insiste en que España es plural, como si Cataluña fuera monolítica, y desde el constitucionalismo se insiste en que Cataluña es plural, como si España fuera monolítica. Afortunadamente la pluralidad está en los dos lados, y esa idea se debe recuperar y potenciar.
--¿Y por parte de la izquierda española? ¿Se ha impuesto un "contra Rajoy vale todo" que comporta abrazar la causa independentista?
--La izquierda española ha vuelto a reflejar sus contradicciones, con un alma jacobina y una federalista. Es la historia de la España contemporánea. Pero además se ha sumado la idea de que contra el PP todo vale, y es cierto, también, que el cansancio contra el PP es muy grande. Recuerdo a una persona que me dijo que estaba muy contenta de haber votado a la CUP, porque consiguió echar a Artur Mas. Ahora todo vale para echar a Rajoy, pero se ha llegado a un punto en el que el PP no sabe cómo gestionar la corrupción, con un horizonte de gran incertidumbre por la irrupción de Ciudadanos, que ha entrado de nuevo en el debate de la lengua, cuando parecía que lo había superado.
--¿Se puede confiar en una reforma de la Constitución con esa situación?
--Creo que sí, que se deberá resolver con una reforma constitucional.
Muchas cuestiones no se podían decir en 1978, cuando no se sabía cuáles
serían las autonomías, cuando sólo se tenía en cuenta la provincia. A
partir de ahí, se podría entrar en una reforma del Senado y del título
VIII de la Constitución en clave federal. Lo que se debería hacer es una
clarificación de competencias, con impuestos federales. Un Estado
federal, en definitiva. (...)" (Manel Manchón, Crónica Global, 04/03/2018)
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