"(...) el comportamiento de Puigdemont se inscribe en una
larga tradición del nacionalismo catalán según la cual el presidente de
la Generalitat concentra la legitimidad y la autoridad carismática del
movimiento y en torno al cual se construye una suerte de culto a la
personalidad.
Así sucedió con Francesc Macià y con Lluís Companys,
aunque en este caso después de su trágica muerte, que continuó con Josep
Tarradellas y que culminó con Jordi Pujol. Este carácter autoritario de
la presidencia de la Generalitat se evidenció en la llamada ley de
transitoriedad, aprobada el 7 de septiembre de 2018 y suspendida por el
Tribunal Constitucional, donde el president de la Generalitat tenía la
facultad de elegir a los miembros del Tribunal Supremo de la República
Catalana y de emitir decretos-ley que no podían ser recurridos ante
ninguna instancia judicial.
Ello suponía cuestionar la separación de
poderes de las democracias liberales y confería al presidente
atribuciones casi dictatoriales.
Por ello no deja de resultar paradójico que desde los
medios independentistas se critique la escasa calidad de la democracia
española y se afirme que la República catalana hubiera sido una
democracia más avanzada.
Eso sin contar con que, en el proyecto de
Constitución elaborado por el ex juez Santi Vidal, se contemplaba la
ilegalización de los partidos que se opusieran a la independencia y a la
Constitución catalana, restringiendo notablemente el pluralismo
político respecto al Estado español donde no es delito oponerse a la
Constitución en vigor. (...)" (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 13/03/19)
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