"Existe un malentendido sobre el Concierto Económico Vasco. Se dice que “está en la Constitución” y no es así. El sistema de financiación vasco y navarro se fundamenta en la disposición adicional primera de
la Carta Magna que "ampara y respeta" los derechos históricos de los
territorios forales.
Y aunque el PNV no votó la Constitución de 1978,
uno de esos derechos históricos es, precisamente, el modelo paccionado
según el cual las haciendas vascas gestionan todos los impuestos
concertados y la Comunidad Autónoma paga un cupo por los servicios que allí presta la Administración Central.
Un cupo
cuya metodología se aprueba en el Congreso mediante leyes quinquenales y
por el procedimiento de lectura única. El Concierto aparece en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Euskadi:
"las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco
vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto
Económico o Convenios".
Se han aprobado hasta el día de hoy seis leyes de cupo,
la última –y con gran polémica– el pasado día 23 de noviembre. Las
cinco anteriores no provocaron ninguna diatriba. Y conviene explicar por
qué.
La razón de la pacífica asunción del cupo –algo bien distinto al Concierto como tal– consistía en que el País Vasco se encontraba en una situación de grave inestabilidad y dramático azote del terrorismo.
Los nacionalistas vascos han venido propugnando la interesada idea
–luego se ha visto que falsa– de que los terroristas etarras serían
receptivos a las "medidas políticas" que engrosaran el autogobierno
vasco. Siempre fue una falacia: unos sacudían el árbol y otros recogían
las nueces.
Por otra parte, el apoyo del grupo parlamentario del PNV
–que ha oscilado entre cinco y siete diputados– ha resultado en muchas
ocasiones, tanto para el PSOE como el PP, como una bisagra necesaria
para completar mayorías. Es inolvidable el acuerdo entre Aznar y Arzalluz en 1996, paralelo al que consumó con Pujol. Que la desmemoria no traicione el diagnóstico.
La conjunción de ambas circunstancias –el chantaje psicológico de ETA y
el papel arbitral del PNV en el Congreso– permitieron que nunca las primeras cinco leyes quinquenales del cupo
fuesen controvertidas.
Salvo UPyD, ningún grupo parlamentario votó
contra ellas aunque la metodología de cálculo y el resultado del mismo
fuesen netamente favorables a Euskadi como ahora han denunciado desde
los economistas de Fedea hasta los valencianos de Compromís, pasando por
los presidentes autonómicos populares de Galicia y Castilla y León y
varios expertos en financiación autonómica.
Y, naturalmente, Ciudadanos que ha sido un implacable contradictor
de esta ley de cupo. Se da la circunstancia de que este cupo tan
desequilibrado es un elemento más del agravio que esgrimen –esta vez con
razón– las autoridades catalanas. (...)
Dijo Alonso, en un desayuno en Madrid el pasado día 27 de noviembre, que la acumulación de protestas contra la ley de cupo se deduce de un "nacionalismo inverso" que sería aquel que proclama "Euskadi nos roba".
Se trataba de desacreditar la postura de Cs, pero también de advertir a
los suyos de que permaneciesen callados y de cohibir al PSOE que nunca
ha sido amigo de este sistema paccionado, ni del Concierto ni del cupo. (...)
La afirmación es burda y no asume la realidad: en Euskadi acabó el
terrorismo y sin el miedo de por medio, las lenguas se desatan; el cupo
es objetivamente insolidario y el PP lo ha aprobado ahora (estaba
pendiente desde 2006) pudiendo haberlo hecho en la X legislatura.
Lo ha negociado (no calculado) ahora porque necesita al PNV para
aprobar los Presupuestos. Es poco digno que un miembro eminente del PP
se pronuncie en esos términos cuando sabe a ciencia y conciencia de qué
manera el nacionalismo vasco ha abusado de su prevalencia política en el
escenario del terrorismo de ETA.
Es una solemne majadería
atribuir a los contradictores de la metodología del cupo un nacionalismo
tan basto como para propugnar que "Euskadi nos roba" y endilgarles un
"nacionalismo inverso". Sí al Concierto y al Convenio navarro. No a las
leyes de cupo como precio político por apoyos parlamentarios, en este
caso para el sostenimiento del Gobierno de Mariano Rajoy.(...)" (José Antonio Zarzalejos, El Confidencial, 02/12/17)
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