"(...) Es antipático esgrimir la Constitución como argumento contra la celebración de un referéndum. (...)
Es “Constitución o democracia”, dicen algunos porque “la
democracia nunca puede ser ilegal”; una Constitución que impide a un
pueblo votar “hay que saltársela”, dicen los más audaces, y echan mano
de los apuntes sobre desobediencia civil. Y hasta del gran Gandhi.
Pero, ¿sólo hay razones jurídicas, bunkerizadas,
antipáticas, injustas y antidemocráticas para frenar un referéndum en
nombre de la Constitución? Bueno, hay al menos una razón política muy
poderosa. La razón es la que está en la base de la idea misma del
constitucionalismo.
Una constitución no sirve para evitar un golpe de
Estado militar ni una revolución (si triunfan, adiós Constitución y
vuelta a empezar), pero sí para evitar que cualquier caudillo nacional o
popular invoque el apoyo de las masas para acabar “democráticamente”
con los partidos políticos, las autonomías, la separación de poderes y
las libertades. Caudillo que, por cierto, podría pretender una
legitimidad basada en un referéndum a las bravas, y vaya usted a saber
lo que sale de ahí.
No digo que esto lo pretendan los nacionalistas
catalanes; digo sólo que la lógica sería la misma: el valor supremo del
referéndum, la dictadura de las mayorías coyunturales sin blindaje de
derechos y sin el esqueleto del principio de legalidad. Es un tema serio
si lo miramos a largo plazo y con memoria histórica. El principio de
legalidad no provoca entusiasmos, pero sí nos salva de ellos.
¿Piscina o pista de petanca?
Permítanme que utilice un ejemplo burdo: a veces son los
buenos. Supongamos que usted ha comprado una vivienda en un edificio que
cuenta como elemento común con una piscina y que una mayoría de vecinos
propone sustituir la piscina por un foso para petanca. ¿Piscina o
petanca? “Lo que quiera la mayoría”, dirían los promotores. “Lo que
digan los estatutos”, dirían los partidarios de la piscina.
“Los
estatutos no pueden estar por encima de la mayoría”, dirán unos; “las
mayorías no pueden estar por encima de mis derechos”, dirán otros. Rebus
sic stantibus, diría algún inteligente equidistante (usted tiene
blindado por estatutos un derecho a la piscina aunque cambie la mayoría…
salvo que cambien extraordinariamente las circunstancias).
El acuerdo
mayoritario de la junta de propietarios a favor del foso de petanca
sería nulo, y podría impugnarse en el Juzgado con éxito. Es probable que
los vecinos petanqueros entonces hostiguen y califiquen de abuso la
postura de los minoritarios, y que incluso llenen de arena la piscina
una noche en protesta, pero la regla jurídica que protege a la minoría
no es antidemocrática, sino el blindaje de un derecho frente una
votación mayoritaria.
Es así de simple: una Constitución establece
(democráticamente) reglas de juego para el ejercicio de la democracia
que incluyen derechos y principios protegidos de mayorías parlamentarias
absolutas pero coyunturales. Sin reglas sobre la democracia, los
derechos son de mantequilla: se derriten al calor.
Catalanes contra catalanes
En Cataluña hay ciudadanos que quieren constituir un
Estado propio e independiente, pero también catalanes que quieren que la
comunidad autónoma en la que viven siga perteneciendo a España. Y
pueden quererlo por razones de mucho peso (...)
He aquí el conflicto principal: no tanto el de Cataluña contra el resto
de España, sino el de unos catalanes contra otros. Si unos catalanes
quieren irse del todo, otros irse para asociarse, otros irse sólo un
poquito, y otros quedarse sin más, ¿qué hacemos? La respuesta que
primero viene a la cabeza es “pues lo votamos, y se hace lo que quiera
la mayoría: eso es la democracia”.
La petanca, si los vecinos prefieren
petanca. Referéndum, y que dios reparta suerte. Pero esa democracia
desarticulada y dependiente de mayorías coyunturales no es siempre la
mejor respuesta. Y no lo es, no porque Madrid no quiera, ni porque la
unidad de España valga más que la democracia, sino porque el contenido
de la democracia no es sólo la regla de la mayoría, sino que también es
el respeto de los derechos adquiridos incluso frente a una mayoría que
vota privarte de ellos.
Y hoy día cada catalán tiene blindado, incluso
frente la mayoría, un derecho a la cosoberanía sobre todo el territorio
español. Un “derecho a España”. No a la nacionalidad española, sino a su
territorio, porque “no es la nación, estúpido, es el territorio”.
La unidad de España (y la autonomía territorial) es una regla
constitucional, y la independencia es sólo una aspiración política
legítima. Sólo un acuerdo del mismo nivel (es decir, constitucional)
puede cambiar esa regla y sustituirla por otra según la cual el grado de
autonomía de un territorio dependiera exclusivamente de la decisión
mayoritaria de ese territorio, sin ningún límite.
Esa es la razón por la
que el independentista catalán, ciertamente, tiene más difícil que la
realidad se parezca a su deseo que el unionista y tiene que superar más
obstáculos: el contrato blinda al unionista, le da una posición de
ventaja.
Pero, ¿no ocurre así con tantas otras reivindicaciones
legítimas? ¿Basta la frustración de un objetivo político para llevar a
cabo conductas o procesos disruptivos y exigir que se nos allane el
camino? ¿Es antidemocrático proteger el pacto constitucional? Será
frustrante, pero no antidemocrático. (...)
Hay vías democráticas para conseguir un referéndum legal, e incluso para
pretender la independencia. Son vías difíciles, pero no tan difíciles
como el cambio de la piscina por la petanca. (...)" (Miguel Pasquau Liaño, magistrado, profesor de Derecho, CTXT, 12/09/17)
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