"(...) En cuanto al “proceso participativo” promovido por Artur Mas y, mal
que bien, aceptado por el resto de partidos proconsulta, no creo que
merezca un análisis detallado más que calificarlo como un no-event
en términos de la jerga diplomática, es decir, un hecho sin mayor
trascendencia y comparable a una manifestación de entusiastas
seguidores.
Y es que si ya el frustrado referéndum de autodeterminación
presentaba evidentes carencias democráticas, el actual “proceso
participativo” está lejos de cumplir con los mínimos estándares
internacionales en cualquier tipo de consulta:
ruptura del Estado de
derecho y del imperio de la ley (una cuestión no exclusiva de España, ya
que en países de larga tradición democrática como los EE UU, Francia y
Alemania no es posible plantear la secesión de una parte del territorio
ni siquiera a través de una reforma constitucional); inexistencia de un
organismo independiente de control del proceso y de resolución de las
posibles reclamaciones; la carencia de un censo de votantes; la
posibilidad de votar durante 15 días, abriendo así una puerta a todo
tipo de manipulación del resultado (como el bien conocido sistema del
acarreo mexicano); falta de neutralidad de las instituciones tanto desde
un punto de vista político como presupuestario al apoyar claramente una
de las opciones; falta de equilibrio en los medios de comunicación
públicos y subvencionados catalanes y, por tanto, falta de un debate
equilibrado de los pros y contras de la independencia; un cierto grado
de “acoso” a los partidos no soberanistas así como la cada vez mayor
presión social hacia la población (por ejemplo, la “encuesta” puerta a
puerta promovida por la ANC, de muy dudosa calidad democrática).
Sin embargo, tiene mucho más interés lo que parece pergeñarse en el
futuro como verdadera alternativa innovadora: la convocatoria de unas
elecciones autonómicas a las que se imprimiría un carácter
“plebiscitario”, en sustitución de un verdadero referéndum de
autodeterminación, seguidas de una Declaración Unilateral de
Independencia (DUI).
Y digo innovadora porque unas elecciones
plebiscitarias son una figura inexistente en el mundo desarrollado. Sí
se han dado cambios de régimen en el pasado ante resultados
“aplastantes” en unas elecciones, por ejemplo, en Polonia a raíz de las
elecciones ganadas por el sindicato Solidaridad en 1989, o la
proclamación de la República en España en 1931.
Pero en el contexto de
regímenes democráticos, no existen precedentes en las últimas décadas en
los que unas elecciones hayan sido “convocadas con un fin
plebiscitario”, desde luego no con el objetivo de provocar la secesión de un territorio fuera del marco del Estado de derecho.
Una cosa es absolutamente cierta: las elecciones en el marco de la UE
(así como en las otras democracias representativas del mundo
desarrollado) tienen como objetivo, a través de un procedimiento en el
que se respetan los derechos fundamentales democráticos (libertad de
sufragio, de expresión, de asociación, etcétera) y bajo la tutela de un
poder judicial independiente, que los ciudadanos elijan a sus
representantes, quienes reciben la responsabilidad de asegurar el
gobierno del Estado y el funcionamiento de las instituciones.
Y debido,
precisamente, a que éste es el objetivo y no otro, no se puede pretender
que los ciudadanos tomen decisiones sobre una cuestión específica, en
particular de la relevancia de una secesión, a través del instrumento de
unas elecciones.
Por tanto, pretender el reconocimiento internacional de la
independencia de Cataluña por parte de la UE a raíz de una DUI sobre la
base del resultado de unas elecciones pretendidamente plebiscitarias es
cuando menos ingenuo, ya que con toda seguridad dicho reconocimiento no
se produciría.
La única posibilidad de obtenerlo sería tras la
celebración de un referéndum, previo acuerdo con el Gobierno español en
el marco del Estado de derecho, y en el que se subsanaran las
deficiencias democráticas mencionadas anteriormente. (...)
Según la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec y de
la subsiguiente Ley de Claridad, así como del posicionamiento de la
propia UE ante el referéndum de independencia de Montenegro, los dos
criterios fundamentales serían la existencia de una pregunta clara y de
una mayoría clara a favor de la secesión.
En cuanto a la pregunta, este
criterio se podría cumplir con la presentación de una candidatura única
que incluyera un punto claro: la independencia de Cataluña, pero sin el
“artilugio” (tan del uso del nacionalismo catalán) de “nuevo Estado de
Europa”, pues ello no sería posible o cuando menos no dependería de los
que lo propugnaran, ya que, a estas alturas, es evidente que una
Cataluña independiente quedaría fuera de la UE y, por tanto, tendría que
someterse a un proceso de adhesión a la Unión como cualquier país
tercero.
En cuanto a la mayoría, al menos una participación del 50% del
electorado y el 55% de los votos válidamente emitidos. Es cierto que en
el pasado referéndum celebrado en Escocia el umbral acordado entre los
Gobiernos británico y escocés fue de sólo el 50% de los votos, pero en
el caso de Cataluña el precedente que cuenta es el establecido por la
propia UE y no por uno de sus Estados miembros.
En este contexto, no
bastaría con ganar unas elecciones en términos de escaños bajo una
candidatura soberanista, pues como bien sabemos la ley electoral vigente
en Cataluña otorga una mayor “representatividad” a los votos emitidos
en las tres provincias menos pobladas en perjuicio de Barcelona.
Efectivamente, los votos que recibieron CiU, ERC, CUP y SI en las
elecciones de noviembre de 2012 representaron el 49,14% de los votos
válidamente emitidos, aunque obtuvieron el 54,81% de los escaños.
Si los resultados de unas futuras elecciones supuestamente
plebiscitarias replicaran un resultado similar al de las pasadas es
evidente que la lista “patriótica” no obtendría la mayoría necesaria
mencionada anteriormente.
Pero en este caso, surgen cuestiones
importantes que nos muestran los riesgos que entrañaría toda la
operación para la estabilidad política de la propia Cataluña: ¿bajo qué
programa de gobierno actuarían?; ¿replicarían un programa parecido al
actual acordado entre CiU y ERC en pos de la construcción de estructuras
de Estado?; ¿asumirían las responsabilidades de su fracaso o, como
sería más que probable, seguirían gobernando como si nada hubiera pasado
hasta que se volviera a presentar otra oportunidad más propicia? Y la
ANC ¿redoblaría sus esfuerzos para convencernos de la desesperada e
imperiosa necesidad de la independencia de Cataluña o aceptaría el
resultado y hasta cuándo?" (
Víctor Andrés-Maldonado
, El País, 29 OCT 2014)
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