"A veces de la boca del más loquito del manicomio sale la verdad.
Por una vez puede que acierte Agustí Colomines,
presunto jefe del 3 %, presunto muñidor de la corrupción que circulaba
del Palau de la Música a Convergència (hoy JxCat) a través de la
fundación Trias Fargas (alias Catdem), que él dirigió y por cuya
ejecutoria esperemos que dé cumplida cuenta a la Justicia.
Puede que por
una vez acierte al escribir lo que analistas con más escrúpulos no se
atrevían a decir: “La falta de previsión ha sido letal y la gestión gubernamental, un crimen”. (Véase la referencia y la atinada glosa de María Jesús Cañizares, ayer en este diario)
¿Imprevisión criminal? Bueno, esto son palabras mayores.
Naturalmente, la acusación es tartufesca, o colominesca: proferida
interesadamente, so capa de gran indignación moral, para debilitar a ERC, que comparte el poder con Torra y su partido, y que se lo disputa para las próximas elecciones.
Pero míster Catdem silencia que la sanidad catalana ha sido diseñada y gestionada desde hace largas décadas por CiU, y solo muy recientemente ha caído como responsabilidad en manos de ERC; partido éste cuyos cuadros, nadie lo ignora, son di una scarsità inenarrabile,
de una carencia inenarrable, como dijo cierto escenógrafo florentino
durante el ensayo general de una ópera en el Liceu, tirándose de los
pelos, desesperado por unos figurantes disfrazados de romanos que parecían incapaces de desfilar por el escenario sin tropezarse con sus lanzas.
Veamos primero lo de la letalidad de esa gestión sanitaria.
En Cataluña se ilustra sola: 1.000 ancianos muertos en el desamparo de
las residencias-ratoneras, y consejitos siniestros del Govern a las
familias sobre la elección del moridero para los ancianos enfermos, antes de que Chakir el Homrani, conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, tirase la toalla que tenía que haber tirado en el minuto 1, y se la pasase a la consellera de Salud, Alba Vergès.
Que es como si el Gordo le pasa a El Flaco el volante del auto: el choque es seguro y la scarsità, inenarrabile. (...)
De momento es un dato cierto, objetivo, que la Justicia está investigando la gestión de las residencias geriátricas y de los hospitales de campaña. Se
han abierto varias investigaciones judiciales sobre la posible
responsabilidad criminal de Torra y su Govern en las muertes que hayan
podido producirse por obstáculos que han (presuntamente) planteado a la
creación de hospitales de campaña y desinfección de residencias
reclamados por los ayuntamientos al Ejército y a la Guardia Civil.
El ayuntamiento de Els Pallaresos ha denunciado a la fiscalía de
Tarragona, y ésta ha abierto una investigación contra la dirección de la
residencia Nostrallar por rechazar la intervención de la Unidad Militar
de Emergencias para desinfectar la residencia; y el director de
Nostrallar alega en su descargo que ha seguido las recomendaciones de la
consellería de Asuntos Sociales. A esto la criminalística
norteamericana lo llama “la pistola humeante.”
El juzgado número 3 de Sabadell investiga las supuestas trabas
so pretexto de “diferencias de criterios técnicos” al hospital montado
en la ciudad por el ejército en esa ciudad. Sobre este asunto es
elocuente el vídeo de denuncia grabado por la alcaldesa de Sabadell que
circula por la red, además de las reiteradas declaraciones del Govern
contra la presencia de las Fuerzas Armadas en Cataluña.
Algo parecido ha sucedido en Sant Andreu de la Barca, cuya alcaldía, a través de su justamente indignado jefe de Gabinete, Ildefonso Marín, denuncia en un artículo publicado ayer por Crónica Global
la “impresentable respuesta” de la consejera Alba Vergès “para
justificar su inacción” y su “irresponsable actitud” al paralizar el uso
de un hotel medicalizado y un hospital de campaña por motivos
políticos, alegando obstáculos técnicos.
Las exclusivas que estos días vienen publicando Ignasi Jorro y otros periodistas de este diario, que empiezan ahora a ser recogidas por otros medios de comunicación --ya no pueden taparlas, hasta el extremo de que incluso el Síndic de greuges ha tenido que abrir una investigación contra sus amigos--,
han venido reflejando con rigor periodístico las quejas del Ejército,
las Residencias, los alcaldes (¡incluida la señora Colau!) y la
Diputación, por la actuación paralítica, dilatoria o (presuntamente)
obstructiva del Govern de Torra, al parecer más preocupado por dejar
claro que no necesita la ayuda del Estado y rechazar la ayuda de sus
Cuerpos de Seguridad que por preservar la salud de los ciudadanos
catalanes más desvalidos.
Sería monstruoso que el Govern boicotease la ayuda reclamada por los
ayuntamientos a los municipios al Ejército español por un prurito de
autosuficiencia, por una cuestión de imagen, de orgullo nacional. No
puedo afirmar que sea cierta esa monstruosidad, pero desde luego es verosímil,
teniendo en cuenta que estamos hablando de gente fanática; de gente que
podría ser tan buena, mediocre o mala como cualquier otra, pero está consumida por un patriotismo alucinado y cegada por el estúpido odio a España,
de lo que es exponente notorio el mismo Torra. Así, es verosímil que
tenga razón el loquito de la Catdem, que hay indicios aquí no solo de
incompetencia sino también de actividad criminal.
Mientras tanto, teniendo en cuenta la proverbial lentitud de la Justicia, quizá sería oportuno que el Ejecutivo se adelante, despache consultas con los afectados –es cosa de unas llamadas telefónicas—, y si procede, tome cartas en el asunto. Es una cuestión literalmente de vida o muerte." (Ignacio Vidal-Folch, Crónica Global, 10/04/20)
"El entorno de Puigdemont tilda de 'crimen' la gestión de ERC en las residencias.
El entorno de Carles Puigdemont, esto es, sus ideólogos
de cabecera, han aprovechado la dramática situación de las residencias
catalanas provocada por el coronavirus, para promover la dimisión del
consejero de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani (ERC),
cuya gestión califican de "crimen". Acció per la República abunda así a
la guerra entre Junts per Catalunya y los republicanos, quienes
gestionan los departamentos de Salud y Asuntos Sociales. Precisamente
hoy se celebra una reunión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el sector de las residencias.
Entre los líderes de Acció per la República, muy ligada al partido de Puigdemont Crida per la República, está Aurora Madaula, diputada en el Parlament y miembro del Consell per la República y Agustí Colomines, exdirector de la fundación convergente CatDem.
Colomines es precisamente quien, a través de un artículo, propone la dimisión de Homrani. "La falta de previsión ha sido letal y la gestión gubernamental un crimen.
Uno de los desastres que el Gobierno de la Generalitat debería revisar
en profundidad es, precisamente, la gestión de las residencias
geriátricas. Si el presidente del Parlament (Roger Torrent,
también de ERC) no estuviera paralizando la actividad parlamentaria
--tal como denunciaba nuestra compañera Aurora Madaula--, encabezando un
boicot activo a la democracia representativa, ya haría días que habrían
pedido dimisiones". (...)" (Mª Jesús Cañizares, Crónica Global, 08/04/20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario