"(...) La expresión vía canadiense hace referencia a la Ley de Claridad que
aprobó nuestro Parlamento nacional en el 2000. La ley fue consecuencia
directa del dramático referéndum de 1995 en Quebec, que tuvo una
participación del 93,52% —4.757.509 votantes— y que los separatistas
perdieron por un margen insignificante, 50,58% frente a 49,42%, una
diferencia de 55.000 votos.
El referéndum lo había convocado el Gobierno
de la provincia, del Partido Québecois (PQ), y la pregunta que se hizo a
los quebequeses —y solo a ellos— era: “¿Está usted de acuerdo en que
Quebec se convierta en un país soberano después de haber ofrecido
formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política en el
ámbito del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y el acuerdo
firmado el 12 de junio de 1995?”.
La ley a la que se refería era la
denominada así, Ley sobre el futuro de Quebec, en la que se proclamaba
dicha soberanía.
Era el segundo referéndum sobre la cuestión, después del de 1980, y
todo parecía indicar que el Gobierno de Quebec iba a seguir convocando
consultas hasta lograr el resultado que deseaba. Lucien Bouchard, que se
convirtió en líder del PQ después del referéndum, dijo que pensaba
celebrar otro en 1997. El Gobierno federal remitió la cuestión al
Tribunal Supremo de Canadá, que dictó un fallo unánime en 1998.
El fallo del Tribunal tenía dos partes. En primer lugar, afirmaba que
una declaración unilateral de independencia violaría tanto la
Constitución de Canadá como las leyes internacionales. Y en segundo
lugar, decía que “una mayoría inequívoca en favor de la secesión, a
partir de una pregunta clara, daría legitimidad democrática a la
iniciativa de secesión” y exigiría que el Gobierno federal y las demás
provincias entablasen negociaciones con Quebec, unas negociaciones en
las que “sería necesario conciliar los distintos derechos y obligaciones
de dos mayorías legítimas, la de la población de Quebec y la de Canadá
en su conjunto”.
El Tribunal Supremo dictó también que la decisión de qué constituía
“una mayoría inequívoca a partir de una pregunta clara” era un asunto
político y no judicial. La reacción del Gobierno federal de Jean
Chrétien fue presentar la Ley de Claridad, redactada por Stéphane Dion,
que entró en vigor el 29 de junio de 2000.
La ley daba a la Cámara de los Comunes el poder de decidir si la
pregunta hecha en un referéndum estaba clara, y afirmaba que cualquier
pregunta que no se refiriera exclusivamente a la secesión no lo estaba.
También le daba la potestad de decidir si había una mayoría clara, lo
cual implicaba que el 51% era insuficiente.
Asimismo exigía que las
negociaciones posteriores a un referéndum legítimo tuvieran en cuenta
las opiniones de las demás provincias, todos los partidos políticos
representados en el Parlamento de Quebec y “cualquier declaración o
resolución formal de los representantes de los pueblos aborígenes de
Canadá, en especial los de la provincia cuyo Gobierno haya propuesto el
referéndum sobre la secesión”.
Esta última cláusula era especialmente
importante, porque los electores pertenecientes a las Naciones
Originarias (los pueblos indígenas) habían votado en un 96% contra la
escisión. Por último, la ley establecía que para la secesión era
necesario modificar la Constitución, un proceso complejo y delicado.
Como es lógico, a los separatistas no les gustó la ley y, seis meses
después de su proclamación, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó, con
69 votos a favor y 41 en contra, la Ley sobre el Ejercicio de los Derechos Fundamentales y las Prerrogativas del Pueblo Quebequés y el Estado de Quebec.
Más conocida como Ley 99, rechazaba el derecho del Parlamento federal a
determinar la legitimidad de un referéndum convocado por el Gobierno de
la provincia y declaraba que una mayoría del 51% era suficiente para
decidir la cuestión.
Aunque lo haya simplificado así, la sentencia del Tribunal Supremo y
la Ley de Claridad son dos instrumentos llenos de matices. Eso significa
que, desde la distancia, todo el mundo puede aprovechar algo. En otras
palabras, se prestan a que unos grupos y otros se las apropien de manera
parcial e interesada.
Este “picoteo selectivo” es lo que ha ocurrido en España, sobre todo
entre los nacionalistas, que lo han utilizado para crear lo que el
experto legal de la Universidad del País Vasco Francisco Javier Romero
Caro denomina “su propio relato canadiense”.
Dicho relato establece que
la autorización de un referéndum es el criterio fundamental para medir
las credenciales democráticas de un sistema político, e interpreta,
equivocadamente, que la obligación de negociar es la obligación de
negociar “la logística de la secesión”, y no “todo el problema que puede
llevar, o no, a la secesión”.
Y no tiene en cuenta en absoluto las
enormes diferencias constitucionales entre los dos países: Canadá es un
Estado federal, muy descentralizado, cuya Constitución no contiene
ningún principio de indivisibilidad similar al artículo 2 de la
Constitución de 1978.
Por último, hay que resaltar que, en los años transcurridos desde la
aprobación de la Ley de Claridad, el separatismo de Quebec lo está
pasando mal. El Parti Québecois perdió el poder en 2003 y, desde
entonces, ha gobernado menos de dos años. Su porcentaje de voto en las
últimas elecciones, en abril de 2014, fue el más bajo desde 1973.
Su
homólogo a nivel federal, el Bloc Québecois, ha perdido apoyos
electorales sin cesar desde 2004, hasta un mínimo del 19,3%. No se sabe
bien hasta qué punto tiene que ver esto con la Ley de Claridad, pero en
Canadá, hoy, hay menos preocupación y sensación de amenaza por el
separatismo que en los últimos 40 años. Por ahora, al menos, la vía
canadiense ha llevado a una federación más fuerte."
(Adrian Shubert , profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de York en Toronto, El País, 20/09/17)
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