"(...) El gran argumento económico de los independentistas es que con un
Estado propio se acabaría con el “expolio fiscal” de la Cataluña actual,
que se elevaría a 16.000 millones de euros, que podrían utilizarse en
beneficio propio con la independencia. Pero los estudios realizados
(Véase el reciente libro de J. Borrell y J. Llorach, Las cuentas y los
cuentos de la independencia) no parecen darle la razón.
Ese “expolio” o déficit fiscal -Cataluña aporta al resto de España
más de lo que recibe del mismo- es muy inferior, aproximadamente cinco
veces menos, según reconoce el propio consejero de Economía de la
Generalitat. No parece, por tanto, que una Cataluña independiente
pudiera disfrutar de tan cuantiosos recursos; sencillamente, porque no
existen.
Aunque, por esa simple regla de tres, ¡Madrid debería independizarse
también! Y todavía más cargada de razón. Porque su déficit es mayor que
el catalán. (...)
La independencia implica la ruptura del Estado español. Lo que ha
venido en llamarse, cuando se habla de los procesos de integración o
desintegración económica, los costes de la no-España. Y también los
costes de la no-Europa, como efecto inmediato.
Y estos costes no son desdeñables, como quieren hacernos creer los nacionalistas catalanes.
El primer apartado de costes es el de la Seguridad Social. Porque se incrementa la inestabilidad del sistema (al disminuir la población cotizante, la viabilidad de las pensiones se vería más afectada por las variaciones del número de empleados cotizantes), se aumentan las dificultades de financiación de una caja de pensiones actualmente ya en déficit y se pone en riesgo su sostenibilidad futura.
El segundo apartado de costes es el efecto negativo sobre las
exportaciones catalanas al resto de España y a los mercados de la Unión
Europea, por la incertidumbre que genera la declaración unilateral de
independencia sobre la continuidad de Cataluña en la UE.
En el caso probable de que Cataluña quedase fuera de la UE, las empresas catalanas verían gravadas sus exportaciones como una tarifa aduanera con el correspondiente aumento de costes, la pérdida de competitividad y la consecuente deslocalización de las mismas hacia otros territorios con más ventajas.
Además, deberían añadirse los costes de la salida del euro, que
aumentarían el riesgo de las variaciones del tipo de cambio,
incrementarían el endeudamiento público y privado en euros, y
dificultaría su financiación y el acceso a la misma.
En este sentido, tampoco deberían subestimarse los efectos negativos de la incertidumbre sobre la inversión extranjera recibida por Cataluña y la salida de capitales.
En el supuesto de que Cataluña mantuviera el euro como moneda no se
aprecian tampoco ventajas.
Primero, porque esa opción impediría que el
nuevo Estado crease un Banco Central propio para generar liquidez (la
potestad de emitir euros es del Banco Central Europeo).
Segundo, los
bancos comerciales no podrían recibir ayuda financiera para hacer frente
a las tensiones que el “proceso” hacia la independencia generase.
Tercero, la Generalitat se vería incapaz de luchar con políticas
monetarias y cambiarias contra los choques recesivos.
El tercer apartado de costes es el derivado de la “construcción de
estructuras de Estado”, prevista para los próximos dieciocho meses. Las
partidas de estos costes son el cese de las transferencias de recursos
del resto de España y de inversión pública del Estado español, el
aumento de la carga fiscal de los catalanes y de las cotizaciones
sociales.
Porque es evidente que el nuevo Estado tendría que asumir la financiación de los servicios públicos que ahora atiende el Estado español; es decir, tendría que hacer frente a las prestaciones sociales, a los nuevos gastos generados por las relaciones internacionales, la política de defensa y el sistema judicial.
Todo lo dicho no permite, desde luego, hacer frente al problema número uno de todos los ciudadanos que es el del desempleo.
Por lo tanto, el problema de Cataluña debería buscar una solución por
una vía diferente a la de la declaración unilateral de independencia. (...)" (José María Mella Marques, Econonuestra, 07/10/2015)
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