"(...) Habría sido esperar mucho y vanamente de la inédita nobleza de Mas que
pidiese al tribunal el cambio de fechas. Pero sin exigirle imposibles, y
aunque solo fuese por estética, pudo haber distanciado en el tiempo la
ofrenda floral de la declaración. Por el contrario, hizo lo mismo que
tú: sin solución de continuidad marchó del cementerio al juzgado en
comitiva moral. (...)
Sin embargo, la putrefacta ceremonia no debe arrinconar la gran
metáfora que surgió de la declaración del presidente, respetuosa y hasta
un punto temblorosa, propia de un hombre que vive con un pie a cada
lado de la calle, y que no incluyó la insinuación de desacatamiento que
supuró luego ante los periodistas. De la metáfora ha dado cuenta mejor
que nadie La Vanguardia y este titular: «El president recuerda al juez
la inacción del Estado». Y así describía la inacción el cronista
Santiago Tarín:
«Sin embargo, quiso dejar constancia que la Abogacía del Estado pidió
al TC que se manifestara, y esta omisión del Constitucional, era, a su
entender, muy meditada. Para reforzar su argumento de la inacción del
Estado ante la consulta, añadió que días antes se produjeron dos
declaraciones públicas: el día 7, el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, aseguró que no prohibiría la expresión popular; y el 8, Mariano
Rajoy menospreció la convocatoria.
Para concluir esta tesis, Artur Mas
dijo que podrían haber suspendido las votaciones hasta el mismo día 9,
pero aseguró que estaba muy expectante ante lo que decían ‘otras
autoridades’, entre otras cosas porque ya había denuncias de
particulares en los juzgados. Ni siquiera el TC recurrió a la
jurisdicción ordinaria para que ejecutara su resolución. Ante esta
situación, agregó Mas, era imposible pretender que el promotor político
de la iniciativa la suspendiera».
Si Mas fuera un hombre gracioso, le podría haber dicho al juez: «Yo
solo hice una patochada, señor, ni siquiera una pantomima como con tanta
fina generosidad dijo el presidente del Gobierno». Como argumento
jurídico es débil, porque bien que hinchó su pecho la misma mañana del
auto: «Que me miren a mí. Yo soy el responsable de todo esto», y para
una patochada no se moviliza al Gobierno y sobre todo a aquella señora
de Unió que contaba las papeletas de la rifa, ni da valor político, en
fin, al resultado de la patochada. Mas padece el mismo mal que el
presidente Rajoy, aquel que envió al fiscal general del Estado a
querellarse contra un pantomimo. Dos anacolutos políticos, aunque ésa
sea la única equiparación moral y políticamente aceptable.
A pesar de su dudosísimo valor jurídico la relación de Mas ante el
juez es políticamente demoledora, porque refleja la incompetencia con la
que el Gobierno Rajoy manejó este asunto. Cualquier reproche a Catalá
estará justificado. Antes y durante el 9 de noviembre su actuación fue
un modelo de bisoñez política y de vacío estratégico. Pero Catalá llegó
al Ministerio 40 días antes del 9-N y eso puede ser un atenuante.
Tiene
interés preguntarse por qué llegó. O lo que es lo mismo: por qué Rajoy
permitió que Ruiz Gallardón dejara el Ministerio en coyuntura semejante y
por qué Ruiz Gallardón aceptó dejarlo. La respuesta a las dos preguntas
es la misma: Rajoy estaba convencido de que no habría consulta. Su
única preocupación había sido la de asegurarse de que el Tribunal
Constitucional suspendería los preparativos de Mas.
Tal convencimiento provenía de Pedro Arriola, algo así como la
fontana de oro de la política popular. Arriola mantenía una estrecha
relación con Joan Rigol, el presidente del Pacte nacional pel dret a
decidir, y éste le había asegurado que si el Constitucional la suspendía
no habría consulta.
Es irrelevante señalar quién engañó a quién.
Arriola siempre ha sido más un error que un engaño y Rigol sigue
profesando mucho temor de dios y del nefando pecado de la mentira. Ni
siquiera puede señalarse a Mas. Es probable que fueran las engañosas
circunstancias las responsables.
Y que el desleal se decidiera a convocar la consulta en vista de la
debilidad que iba mostrando la vacilación del Estado. La debilidad que
Mas pretende ahora que le proteja de la acción punitiva del Estado. La
debilidad que es el principal lastre del Gobierno y que le ha obligado
ahora, tardíamente, a introducir en el debate la hipótesis de la
suspensión de la autonomía." (Arcadi Espada, El Muindo, 18/10/2015)
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