"(...) Como es bien sabido, la actual configuración de la UE contiene
elementos consustanciales a una federación entre estados, es decir,
existe una cesión de soberanía por parte de los estados a una entidad
federalizada en diversas políticas como la agrícola, comercio exterior,
etc.
Sin embargo, en lo que se refiere a la adhesión de nuevos estados
(pues creo que a estas alturas ya no se puede poner en cuestión que la
independencia de Cataluña significaría su exclusión automática de la UE)
se sigue exigiendo la unanimidad de los 28 estados integrantes.
Y
aunque la posible independencia de Cataluña es para España en su
conjunto un asunto eminentemente de política interior, para el resto de
los 27 es fundamentalmente una cuestión de política exterior.
Esta diferenciación es muy importante, pues la toma de decisiones por
parte de los gobiernos tiene un cariz diferente según pertenezcan a una
esfera o a la otra. En el caso de la política interior, las decisiones
se toman (o se deberían tomar, que no siempre es el caso) en función del
interés de los ciudadanos y del interés general de la sociedad en su
conjunto, evidentemente asegurando el respeto al Estado de derecho y a
los valores que lo sustentan (es decir, el cumplimiento de las leyes y
de las sentencias de los tribunales de justicia dentro de un marco de
respeto de los valores democráticos y los Derechos Humanos).
En el caso
de la política exterior, las decisiones se toman en función de los
valores, pero también del interés nacional (sea éste de carácter
político o económico). Evidentemente, existen situaciones en las que
ambas esferas se pueden superponer, en cuyo caso el proceso de toma de
decisiones es aún más complicado. (...)
en el plano de los intereses nacionales de los diferentes estados que
componen la UE. Primero, por lo que un proceso de secesión de una parte
significativa del territorio de un Estado miembro supondría en términos
de inestabilidad política y económica.
Política, por ejemplo, en cuanto
que establecería un precedente para otras regiones europeas con
aspiraciones similares y la posible apertura de un proceso de
redefinición de fronteras y establecimiento de nuevos estados dentro de
la UE; en cuanto que podrían subsistir siquiera temporalmente
legitimidades duplicadas (ciudadanos a favor y en contra de la secesión
dentro de dicho territorio con obediencias diferenciadas) y el
subsiguiente conflicto e inestabilidad política y jurídica a que podría
dar lugar; en cuanto al posible surgimiento de situaciones de violencia o
de incremento de la delincuencia y la criminalidad (derivadas de una
debilidad institucional, al menos inicial) que pudieren amenazar la
seguridad interna del territorio en cuestión; en cuanto que podrían
producirse movimientos significativos de población.
Económica, por
ejemplo, en cuanto que los flujos de comercio, las inversiones, los
flujos financieros, etc., entre dicho territorio y el resto de la UE
podrían verse afectados significativamente y tener efectos negativos en
las economías respectivas (particularmente, si tenemos en cuenta el
tamaño de la economía catalana); en cuanto que la utilización del euro
en un territorio económicamente importante significaría una merma del
control que el Banco Central Europeo ejercería sobre la base monetaria y
por lo tanto sobre la efectividad de la política monetaria; en cuanto a
la incertidumbre que se generaría en términos de cumplimientos de
contratos en general y en el sistema financiero en particular (por
ejemplo, ¿qué parte de la deuda pública española pasaría a ser deuda
pública catalana y qué emisiones se verían afectadas?). El momento
actual de crisis económica no haría sino amplificar estas
preocupaciones.
Segundo, el efecto llamada que un proceso de esas características
podría tener en determinados territorios de otros países de la UE con
minorías territoriales o movimientos secesionistas, empezando por
Francia (la llamada Cataluña Norte, País Vasco francés, Bretaña, Alsacia
y Lorena), Italia (con su particular Padania), Bélgica, Eslovaquia, por
citar los más conocidos.
Tercero, por lo que el nacimiento de nuevos estados y su
incorporación a la UE en el largo plazo (pues tarde o temprano así
sucedería) supondría en términos de gobernanza, es decir, para la toma
de decisiones y el funcionamiento eficiente de las instituciones
europeas.
En una palabra, el proceso soberanista de Mas ha tenido una virtud
que raramente se da en política internacional, en particular dentro de
la UE: poner de acuerdo a casi todos (desde luego a todos los que
cuentan) en considerarlo "poco oportuno", tanto en términos de valores
como de intereses nacionales. Que no se extrañe que la UE no quiera
darse por enterada." (Víctor Andrés Maldonado, Crónica Global, Miércoles, 16 de octubre de 2013)
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