"Este artículo pretende aportar algunas reflexiones y algunas cifras
aproximadas y a título de ejemplo para calibrar el posible impacto en el
campo estrictamente económico del proceso y consecución de la
independencia política de Catalunya, es decir, su aparición en la arena
internacional como un Estado independiente.
Estas reflexiones se basan
en la única premisa viable: un acuerdo amistoso entre España y
Catalunya para lograr la independencia. El coste de la ruptura sería
inasumible para Catalunya y muy traumático para España.
El primer aspecto que tratar por su importancia es el de la inserción
de Catalunya en Europa si se constituyera en un nuevo Estado dentro de
esta. Es evidente que la titularidad de los actuales acuerdos de
pertenencia de España a la Unión Europea corresponde a lo que se
denomina en Derecho Internacional el Reino de España. Catalunya está en
la Unión Europea en tanto que es parte integrante de ese Reino.
Aunque no hay antecedentes que ayuden en este tema, creo que un
futuro Estado catalán tendría que pedir el acceso a la Unión Europea
como lo han hecho todos los estados independientes que han aspirado a
ser miembros de pleno derecho.
Habiendo formado parte de un país,
España, que en su día negoció ampliamente las condiciones de entrada,
no creo que el proceso de accesión de Catalunya a la Unión Europea
tuviera que ser ni largo ni complicado.
Seguramente requeriría unos
pequeños retoques de lo ya negociado con España. Y se pueden hacer
consideraciones análogas a la permanencia o reingreso de una Catalunya
independiente en la zona euro.
De todo ello derivan dos importantes conclusiones. La primera, que
los problemas de inserción de un hipotético Estado catalán en la Europa
comunitaria no deberían ser importantes.
La segunda, que esto sería
así siempre que Catalunya se ajustase a las normas del Derecho
Internacional, entre las que sin duda figura el respeto a las leyes del
Estado español. Por eso, el camino de la ruptura aislaría
internacionalmente a la nueva Catalunya.
El segundo grupo más importante de cuestiones económicas que se
suscitarían en una negociación amistosa para la independencia de
Catalunya sería el de la distribución entre ambas partes de los activos
y pasivos que cada una de ellas tiene en el territorio de la otra.
En
este sentido, sería preciso negociar, por una parte, qué porcentaje de
reservas internacionales del Estado español pueden corresponder a
Catalunya. En cuanto a los pasivos, Catalunya tendría que asumir una
parte de la deuda del Reino de España. Seguramente, el Gobierno español
también pediría una compensación para renunciar a todos los activos que
el Estado tiene en Catalunya: edificios, servicios, infraestructuras,
etcétera.
Si, por ejemplo, el reparto de los activos y pasivos estatales se
realizase de acuerdo con el porcentaje de la población de Catalunya
dentro de España (el 15%), Catalunya se quedaría con el 15% de las
reservas internacionales de España (unos 10.000 millones de euros) y
asumiría el mismo porcentaje de la deuda del Estado español (unos
100.000 millones de euros).
Este tipo de reparto según la población,
que por ejemplo es el que usaron Chequia y Eslovaquia cuando se
separaron en 1993, es el más simple, pero no el único posible. Este
reparto, sea por la población o por cualquier otro criterio razonable,
sería muy oneroso para Catalunya, ya que no podría evitar, en un
arreglo amistoso, heredar una parte no despreciable de las miserias de
un país endeudado hasta las cejas como lo es España.
El tercer paquete de cuestiones económicas que zanjar entre España y
Catalunya derivaría de las cuentas de la Seguridad Social del Estado
español. Es evidente que una parte de estos recursos procede de
trabajadores y empresarios situados en Catalunya. También en este caso
podría aplicarse el criterio de la población o algún otro más refinado
(trabajadores, pensionistas…).
Seguramente sería conveniente adoptar un
periodo de transición de, por ejemplo, diez años, en el que la
Seguridad Social española y la catalana que se estableciera
colaborarían hasta extinguir los derechos del nuevo Estado catalán en
los fondos de la Seguridad Social del Estado español.
El cuarto tipo de problemas a considerar tiene que ver con algo muy
difícil de medir, pero muy importante: la reacción de los agentes
económicos, especialmente de empresarios e inversores internacionales.
Es previsible que el proceso de negociación fuera largo y complicado.
Esto significaría un periodo prolongado de incertidumbre e inseguridad
jurídica, que perjudicaría seriamente el despegue económico de
Catalunya. Por otra parte, es evidente que la creación de nuevas
fronteras siempre afecta negativamente, por lo menos a corto plazo, a
los flujos establecidos de comercio y de capitales.
Las ventajas económicas más evidentes de la independencia de
Catalunya cabría situarlas en dos terrenos: la posibilidad de disponer
de todos los recursos fiscales generados en Catalunya y la autonomía
para plantear las políticas más idóneas para el país, aunque no hay que
olvidar que la crisis del euro está conduciendo a una creciente
intervención de Bruselas en las políticas económicas nacionales y, por
tanto, a una erosión de la capacidad de hacer política económica de los
estados.
Creo que cabe extraer tres conclusiones principales de este
artículo. La primera es que no se pueden ignorar, simplificar y menos
idealizar las consecuencias económicas de un eventual proceso de
independencia de Catalunya.
Segundo, que los estragos de la crisis
pesarían severamente en las cargas que un futuro Estado catalán tendría
que asumir al iniciar su singladura. Así, sería muy probable que
Catalunya tuviera, de entrada, una deuda pública, entre propia y
heredada, superior al 50% del PIB.
Tercero, sin una información
fidedigna y rigurosa y una aportación serena y reflexiva de todos,
especialmente de los responsables políticos, es imprudente y peligroso
tomar una decisión del calibre de la independencia de Catalunya." (JOAQUIN MUNS, LA VANGUARDIA)
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