9/10/12

El coste de la ruptura sería inasumible para Catalunya y muy traumático para España.

"Este artículo pretende aportar algunas reflexiones y algunas cifras aproximadas y a título de ejemplo para calibrar el posible impacto en el campo estrictamente económico del proceso y consecución de la independencia política de Catalunya, es decir, su aparición en la arena internacional como un Estado independiente.

 Estas reflexiones se basan en la única premisa viable: un acuerdo amistoso entre España y Catalunya para lograr la independencia. El coste de la ruptura sería inasumible para Catalunya y muy traumático para España.

El primer aspecto que tratar por su importancia es el de la inserción de Catalunya en Europa si se constituyera en un nuevo Estado dentro de esta. Es evidente que la titularidad de los actuales acuerdos de pertenencia de España a la Unión Europea corresponde a lo que se denomina en Derecho Internacional el Reino de España. Catalunya está en la Unión Europea en tanto que es parte integrante de ese Reino.

Aunque no hay antecedentes que ayuden en este tema, creo que un futuro Estado catalán tendría que pedir el acceso a la Unión Europea como lo han hecho todos los estados independientes que han aspirado a ser miembros de pleno derecho. 

 Habiendo formado parte de un país, España, que en su día negoció ampliamente las condiciones de entrada, no creo que el proceso de accesión de Catalunya a la Unión Europea tuviera que ser ni largo ni complicado. 

Seguramente requeriría unos pequeños retoques de lo ya negociado con España. Y se pueden hacer consideraciones análogas a la permanencia o reingreso de una Catalunya independiente en la zona euro.

De todo ello derivan dos importantes conclusiones. La primera, que los problemas de inserción de un hipotético Estado catalán en la Europa comunitaria no deberían ser importantes.

La segunda, que esto sería así siempre que Catalunya se ajustase a las normas del Derecho Internacional, entre las que sin duda figura el respeto a las leyes del Estado español. Por eso, el camino de la ruptura aislaría internacionalmente a la nueva Catalunya.

El segundo grupo más importante de cuestiones económicas que se suscitarían en una negociación amistosa para la independencia de Catalunya sería el de la distribución entre ambas partes de los activos y pasivos que cada una de ellas tiene en el territorio de la otra.

 En este sentido, sería preciso negociar, por una parte, qué porcentaje de reservas internacionales del Estado español pueden corresponder a Catalunya. En cuanto a los pasivos, Catalunya tendría que asumir una parte de la deuda del Reino de España. Seguramente, el Gobierno español también pediría una compensación para renunciar a todos los activos que el Estado tiene en Catalunya: edificios, servicios, infraestructuras, etcétera.

Si, por ejemplo, el reparto de los activos y pasivos estatales se realizase de acuerdo con el porcentaje de la población de Catalunya dentro de España (el 15%), Catalunya se quedaría con el 15% de las reservas internacionales de España (unos 10.000 millones de euros) y asumiría el mismo porcentaje de la deuda del Estado español (unos 100.000 millones de euros). 

Este tipo de reparto según la población, que por ejemplo es el que usaron Chequia y Eslovaquia cuando se separaron en 1993, es el más simple, pero no el único posible. Este reparto, sea por la población o por cualquier otro criterio razonable, sería muy oneroso para Catalunya, ya que no podría evitar, en un arreglo amistoso, heredar una parte no despreciable de las miserias de un país endeudado hasta las cejas como lo es España.

El tercer paquete de cuestiones económicas que zanjar entre España y Catalunya derivaría de las cuentas de la Seguridad Social del Estado español. Es evidente que una parte de estos recursos procede de trabajadores y empresarios situados en Catalunya. También en este caso podría aplicarse el criterio de la población o algún otro más refinado (trabajadores, pensionistas…). 

Seguramente sería conveniente adoptar un periodo de transición de, por ejemplo, diez años, en el que la Seguridad Social española y la catalana que se estableciera colaborarían hasta extinguir los derechos del nuevo Estado catalán en los fondos de la Seguridad Social del Estado español.

El cuarto tipo de problemas a considerar tiene que ver con algo muy difícil de medir, pero muy importante: la reacción de los agentes económicos, especialmente de empresarios e inversores internacionales. Es previsible que el proceso de negociación fuera largo y complicado. 

Esto significaría un periodo prolongado de incertidumbre e inseguridad jurídica, que perjudicaría seriamente el despegue económico de Catalunya. Por otra parte, es evidente que la creación de nuevas fronteras siempre afecta negativamente, por lo menos a corto plazo, a los flujos establecidos de comercio y de capitales.

Las ventajas económicas más evidentes de la independencia de Catalunya cabría situarlas en dos terrenos: la posibilidad de disponer de todos los recursos fiscales generados en Catalunya y la autonomía para plantear las políticas más idóneas para el país, aunque no hay que olvidar que la crisis del euro está conduciendo a una creciente intervención de Bruselas en las políticas económicas nacionales y, por tanto, a una erosión de la capacidad de hacer política económica de los estados.

Creo que cabe extraer tres conclusiones principales de este artículo. La primera es que no se pueden ignorar, simplificar y menos idealizar las consecuencias económicas de un eventual proceso de independencia de Catalunya. 

Segundo, que los estragos de la crisis pesarían severamente en las cargas que un futuro Estado catalán tendría que asumir al iniciar su singladura.  Así, sería muy probable que Catalunya tuviera, de entrada, una deuda pública, entre propia y heredada, superior al 50% del PIB. 

Tercero, sin una información fidedigna y rigurosa y una aportación serena y reflexiva de todos, especialmente de los responsables políticos, es imprudente y peligroso tomar una decisión del calibre de la independencia de Catalunya."                 (JOAQUIN MUNS, LA VANGUARDIA)

No hay comentarios: