¿Ha habido una extralimitación del juez Llarena con las prisiones preventivas y la calificación de los delitos a los dirigentes independentistas? Yo creo que no... Es un gobierno que, además de violar el Estatut de autonomía, con un constante abuso de poder, está rompiendo los vínculos constitucionales con España. Eso rebasa los límites de una posible decisión arbitraria de un juez...

"(...) --¿Ha habido una extralimitación del juez Llarena con las prisiones preventivas y la calificación de los delitos a los dirigentes independentistas?

--Yo creo que no. No es sólo el juez Llarena. Ha tenido el respaldo de todos los jueces de la sala segunda del Supremo, que ha variado sus magistrados, y que son de todos los colores, conservadores y progresistas. Todos han confirmado sus resoluciones. 

 Estamos hablando de razonamientos justificados, porque se trata de un proceso encadenado que arranca en 2013, y, principalmente, a partir de 2016. 

Es un gobierno que, además de violar el Estatut de autonomía, con un constante abuso de poder, está rompiendo los vínculos constitucionales con España. Eso rebasa los límites de una posible decisión arbitraria de un juez.

--¿No se trata, por tanto, de delitos a partir de la decisión de ‘poner las urnas’ como dice el independentismo?

--No, no se trata solo del 1 de octubre. Es un proceso. No hay que olvidar que hay un clima de ruptura con las instituciones del Estado, de ruptura con España, de afirmaciones de dirigentes, de resoluciones parlamentarias, de todo tipo de declaraciones como las que hacían referencia a que Llarena entraba en el Parlament igual que Tejero en el Congreso, o que la justicia franquista es como la actual, como dijo Raül Romeva. 

A partir de enero de 2016 el gobierno tiene el apoyo inmediato de la ANC y Òmnium Cultural, que participan en las decisiones, carentes de legitimidad democrática. Jordi Sànchez constata, con sus declaraciones, que el Estado tendrá que usar la violencia si quiere parar el proceso. Se buscaba obligar al Estado a usar esa violencia. 

Se incitaba a ello. Hay documentos que lo acreditan, como Enfocats, donde se dice que la independencia llegará cuando la sociedad se implique activamente, y que se incrementará la conflictividad a medida que reaccione el Estado. Se busca el choque. 

Y está esa resolución de 9 de noviembre de 2015 en la que el Parlament afirma que Cataluña se desconectará y no se supeditará a las decisiones del Estado, aceptando los previsibles actos de violencia para alcanzar ese fin. Todo eso justifica la actuación de Llarena.

--¿Rebelión, por tanto?

--Para mí sí. Hay un excelente trabajo de Luis Arroyo Zapatero donde se justifica con claridad. Es que fue un proceso perfectamente meditado, urdido y realizado con las posibilidades que tenía el movimiento. No estamos hablando de un proceso del último día.

 Es que a principios de 2013 se crea el consejo asesor para la transición nacional, porque ya hay calculado un proceso de ruptura del orden constitucional, de ruptura con las instituciones democráticas. Hay un auto de la sala segunda que deja claro que no se necesita armas para la violencia.

--Hay muchos catedráticos de derecho penal que niegan que se cometiera ese delito. Usted ha dicho que no vale esa posición, porque, precisamente, son catedráticos. ¿Por qué?

--Desde mi punto de vista son personas que no están valorando de forma suficiente el trauma y la gravedad de los hechos, que se ha creado una fractura de la sociedad. Yo creo que están en un error. ¿Qué yo estoy en la verdad? Tampoco lo afirmo. 

He sido fiscal, he visto muchos procesos, y creo que el razonamiento jurídico de Llarena y la sala segunda del Supremo está cargado de razones democráticas. Me parece que falta un análisis riguroso de todo el proceso, de todas las resoluciones parlamentarias que se van haciendo. No han hecho ese examen.

 Había una voluntad de ruptura, y lo han tenido difícil porque delante, precisamente, tenían un Estado y un Tribunal Constitucional que ha aplicado las leyes democráticas. Porque Cataluña no puede estar ajena a las leyes del Estado español. Sus dirigentes son gobernantes de una comunidad autónoma, y no pueden vulnerar las leyes. 

En muchos lugares de España hay exclusión social, con índices de paro enormes, y aquí en Cataluña estamos con esta historia. Me parece que se ha despreciado a esos parados, en lugares como Linares, por ejemplo, se ha despreciado a gente que lo pasa mal, mientras aquí los gobernantes gozaban de una situación asegurada, cometiendo un auténtico abuso de poder."                         

(Entrevista a Carlos Jiménez Villarejo, Manel Manchón, Crónica Global, 30/12/18)