"(...) Ningún registro de participantes tendrá validez si no es supervisado
por una comisión de control. En este sentido, la ley de consultas
suspendida prevé la creación de esa comisión con funciones similares a
las de la junta electoral; el Parlamento catalán designó la semana
pasada a los miembros de esa comisión y el presidente Mas firmó los
decretos de nombramiento.
Pero, en la medida en que estos decretos
incumplen manifiestamente la orden de suspensión de la consulta dictada
por el Tribunal Constitucional el 29 de septiembre, el Gobierno ha
pedido ya al alto tribunal que anule dichos nombramientos.
En este contexto es más que evidente que no existe posibilidad
jurídica alguna de que el 9 de noviembre se celebre la consulta. El
presidente Mas lo sabe y tiene ahora el deber de explicárselo a sus
socios en este viaje a ninguna parte. Sin un registro de participantes y
sin una comisión de control que supervise el procedimiento electoral,
no puede haber consulta.
No es tampoco previsible que funcionarios o cargos públicos
–municipales o de la Generalitat– incurran en conductas susceptibles de
ser tipificadas como delito de desobediencia que está sancionado con
penas de inhabilitación.
El presidente Mas no ha incurrido en
desobediencia alguna –desde un punto de vista penal– por firmar el
decreto de nombramiento de los miembros de la comisión de control o por
ordenar que se tramiten las solicitudes de inscripción en el registro de
votantes.
El delito de desobediencia implica el incumplimiento de un
mandato judicial expreso y exige por ello un requerimiento o
apercibimiento al funcionario o cargo público en el que se le conmine a
un comportamiento determinado. Ningún tribunal se ha dirigido todavía ni
a Más ni a ningún otro responsable político catalán para formularle un
requerimiento expreso.
No ha sido hasta ahora necesario y probablemente
no lo será en el futuro. Pero si esos requerimientos tuvieran lugar y no
fueran adecuadamente atendidos, la Fiscalía actuaría de inmediato. (...)" (JAVIER TAJADURA TEJADA, EL CORREO – 09/10/14, en Fundación para la Libertad)
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