"Los criterios para la aceptación por parte de la comunidad
internacional del resultado de un hipotético referéndum de independencia
en Cataluña son claros. Primero, el respeto del Estado de Derecho, es
decir de las leyes (incluida la Constitución) y de las sentencias de los
tribunales y, por lo tanto, la necesidad de un acuerdo con el Gobierno
español.
Segundo, y en base a la sentencia del Tribunal Supremo de
Canadá sobre las consultas celebradas en Quebec, el referéndum debería
realizarse con una pregunta clara y que obtuviera una mayoría clara a
favor.
Precisamente, esas fueron las condiciones impuestas por la UE en
el referéndum de independencia de Montenegro en 2006: una pregunta clara
(¿desea que la República de Montenegro sea Estado independiente con
plena legitimidad conforme al Derecho internacional?), una participación
mínima del 50% del electorado, así como el 55% de votos afirmativos de
los válidamente emitidos.
En este contexto, solo recordar que la
ratificación del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña no habría sido
posible bajo esas mismas condiciones, ya que la participación del
electorado fue menor del 50%.
Pero existen otras condiciones
también importantes que se refieren al entorno en el que se celebran las
votaciones. En Europa, la valoración de este entorno la realiza la
OSCE, a través de la llamada “observación electoral”, sin cuyo aval
democrático a la consulta no se puede aspirar al reconocimiento
internacional de sus resultados.
Y lo efectúa de una manera
transparente, con el envío de “observadores electorales” unos meses
antes de su celebración, reforzados con expertos adicionales durante los
días previos a la consulta, y en base a unos criterios bien conocidos:
1) Respeto de los derechos humanos relativos al ejercicio del derecho de
sufragio, es decir, se evalúa si la libertad de expresión, la libertad
de asociación, el derecho de reunión, etcétera, se ejercen sin ningún
tipo de cortapisas con el fin de comprobar que las votaciones se
realizan con igualdad de oportunidades para las diferentes opciones.
2)
Buen funcionamiento e independencia del poder judicial, incluida la
relativa al organismo encargado de velar por el buen desarrollo del
proceso electoral, con el fin de asegurarse que tanto las votaciones en
sí mismas, como el control de todo el proceso y las posibles
reclamaciones se efectúan conforme a la ley y reflejan fielmente la
voluntad del electorado.
3) La no utilización por parte de las
instituciones del Estado en cuestión de los recursos públicos o de los
medios de comunicación públicos y subvencionados con el fin de apoyar a
una de las opciones.
En vista de la actual situación en Cataluña, y
en base a mi experiencia en unos cuantos procesos electorales en
diferentes partes del mundo, ¿cuál podría ser la evaluación de la OSCE
si el referéndum de autodeterminación se celebrara mañana?
Para
empezar, la OSCE no podría aceptar la validez del resultado de un
referéndum que no tuviera un encaje legal anclado en la Constitución y
en un acuerdo con el Gobierno español. En dicho caso, con toda seguridad
ni siquiera enviaría un equipo de observadores electorales. Asimismo,
la doble pregunta acordada entre CiU, ERC, ICV y CUP tendría pocas
posibilidades de ser considerada como aceptable debido a su falta de
claridad, en concreto respecto de su primera parte.
En cuanto a la
evaluación del respeto de los derechos humanos fundamentales relativos
al ejercicio del derecho de sufragio, la evaluación debería ser
globalmente positiva, si bien es posible que se realizaran críticas a la
intimidación que determinados sectores proindependencia llevan a cabo
en contra de los partidos opuestos a la misma, como por ejemplo los
boicoteos que estos sufren regularmente en sus actos públicos, en
particular si los responsables del orden público no hacen nada por
impedirlo.
En cuanto a las instituciones encargadas de velar por
el buen desarrollo del proceso (Junta Electoral y tribunales de
justicia), no debería haber ningún problema en el supuesto de que estas
siguieran siendo las que la legislación española designa, ya que hasta
el presente así ha sido desde la reinstauración de la democracia en
España.
En este contexto, ni que decir tiene que las consultas
secesionistas celebradas en determinados ayuntamientos de Cataluña en
2009 y 2010 no pasarían este test de validez. Lo mismo ocurriría, con
mucha probabilidad, en el caso de que la Generalitat convocase un
referéndum al margen de las instituciones designadas para su ejecución y
control.
En lo que se refiere a la utilización de recursos
públicos para promover la opción independentista, sería probable que la
OSCE mencionara como problemáticos dos elementos: la creación de las
llamadas “estructuras de Estado” financiadas por el erario incluso antes
de que el electorado haya podido pronunciarse a su favor en una
consulta y, adicionalmente, el apoyo financiero brindado desde las
autoridades autonómicas catalanas hacia determinados organismos, ONGs y
demás actores económicos y sociales con el propósito de promover el
ideal soberanista entre el electorado.
Finalmente, y en lo que se
refiere a la utilización de los medios de comunicación, el claro
escoramiento de los canales públicos de televisión y radiodifusión
catalanes (en particular, TV3 en los últimos tiempos), así como de los
medios impresos subvencionados por la Generalitat (oficialmente para la
promoción de la lengua catalana) hacia posiciones en defensa del proceso
soberanista (si bien alguno de ellos ha cambiado últimamente su línea
hacia una posición de mayor neutralidad) sería otro punto negro a
destacar por parte de la OSCE.
Efectivamente, los expertos miden los
tiempos y espacios dedicados por los medios públicos y subvencionados a
la defensa de cada una de las opciones, pero no solo durante la campaña
electoral, sino también en su programación general y desde la llegada de
los expertos unos meses antes de la consulta.(...)
En resumen, dada la actual situación en Cataluña, es dudoso que, de
celebrarse hoy, un referéndum de independencia cumpliera con los
estándares internacionales que lo avalaran como plenamente democrático y
que, por lo tanto, su resultado recibiera el reconocimiento
internacional." (
Víctor Andrés-Maldonado
, El País, 28 FEB 2014 )
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