"UNA PREGUNTA clara y una mayoría nítida, sobre las que habrá de
pronunciarse el Parlamento canadiense, y una negociación con el Estado:
éstas son las condiciones del Gobierno de Canadá para la eventual
escisión de Quebec.
Responde así a las consideraciones que hiciera en
1998 el Tribunal Constitucional. Son requisitos razonables. Los
electores de Quebec y los de todo Canadá deben saber qué se decide. Se
exige claridad y que el referéndum se defina por un claro margen.
El
Gobierno, como el Tribunal Constitucional, trata de limitar la
estrategia independentista de celebrar un referéndum tras otro hasta que
en uno haya mayoría por la ruptura, aunque sea por la mínima y tras una
pregunta ambigua.
La independencia de Quebec no se plantea en la
actualidad. Los sondeos no sólo registran una marcada mayoría en contra
de la independencia, sino que más del 70% de los habitantes están
hastiados y no quieren otro referéndum. El primer ministro
independentista, Lucien Bouchard, pretende convocar otra consulta para
el 2003, después de que la opción secesionista perdiera en 1980 y de
nuevo, por escaso margen, en 1995.
La Asamblea Nacional de Quebec, con
mayoría independentista, se dispone a apobar una contraley en la que
proclama su "poder soberano" para definir "su propio destino".
Las condiciones del Gobierno de Canadá pueden servir de pauta para
otras situaciones. La escisión de un territorio no puede nacer de una
decisión unilateral, sino de una negociación con el Estado del que forma
parte. El problema sería aún más complicado si el territorio forma
parte de dos Estados y de una entidad supranacional, como la UE.
Requeriría no sólo una negociación con el Estado de origen, sino la
aprobación por unanimidad de todos los demás Estados miembros de la UE
y, de acuerdo con el Tratado de Amsterdam, del Parlamento Europeo.
Quebec es, comparativamente, un caso sencillo." (El País, 16/12/1999)
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