"Los máximos dirigentes de CaixaBank y Banco Sabadell
han rechazado que el traslado de las sedes sociales en octubre de 2017
obedeciera a presiones políticas. La fuga de capitales entre ambos
bancos rondó los 11.000 millones de euros en los días posteriores a la
consulta ilegal.
Según han argumentado los presidentes de ambos bancos ante el Parlament, la drástica medida se adoptó para atajar la "fuga exponencial"
de depósitos tras el referéndum del 1-O y por el miedo generado en los
pequeños ahorradores. "En ningún momento recibimos ningún tipo de
presión política. Fue una decisión dolorosa que se tomó con el objetivo
de proteger el trabajo de los empleados, los ahorros de los clientes y
la inversión de los accionistas", ha afirmado Jordi Gual, presidente de CaixaBank.
Según ha cifrado Josep Oliu,
presidente de Banco Sabadell, salieron 4.600 millones en los días
posteriores a la consulta ilegal del 1-O, mientras que CaixaBank ha
cifrado la cantidad en 7.000 millones en una sola semana. "Eso es mucho dinero", ha asegurado Jordi Gual,
máximo responsable de CaixaBank, durante su intervención en la Comisión
de la aplicación del artículo 155 de la Cámara catalana.
"Se
hizo lo que se consideraba mejor ante posible inseguridad jurídica,
ante la que somos vulnerables. Las situaciones de dobles legalidades
crean pánico y nos afectan", ha añadido al respecto.
Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación Bancaria La Caixa, y Jordi Gual
han asegurado que se produjo una situación de "inseguridad jurídica",
que alimentó el miedo en el pequeño ahorrador ante la posibilidad de que
Cataluña se quedara fuera de la UE, justo el mismo argumento esgrimido
por Josep Oliu ante los diputados. (...)
Según ha señalado, el peor escenario era un "pánico
bancario" que provocara una salida de capitales de las cuentas
corrientes y ahorros. "Había que cortarlo de raíz", ha reiterado.
"Había
miedo porque no sabíamos qué ley se iba a aprobar al día siguiente", ha
afirmado Gual. La incertidumbre, según ha relatado ante las preguntas
de los diputados independentistas, era tal que no sabían si podrían
tener acceso a los préstamos del Banco Central Europeo.
También ha
negado la mayor al asegurar que no hubo una fuga de depósitos públicos,
sino que todo el montante, los 7.000 millones, pertenecían a entidades
privadas o particulares. Isidro Fainé,
presidente de la fundación La Caixa y de CriteriaCaixa desde el 2016, ha
reiterado la declaración de Gual. "Los temas de confianza o se cortan
rápido o se hacen enormes", ha dicho. (...)
De esta forman, "aprovecharon" el decreto aprobado por el
Gobierno de Mariano Rajoy que permitía el cambio de sede sin necesidad
de convocar la Junta de Accionistas. "La situación de pánico se frenó
con el traslado y la junta general de accionistas aprobó el cambio por
una mayoría aplastante", ha indicado Gual.
En la misma
línea se ha mostrado Oliu. El presidente del Sabadell ha asegurado que
los cambios de sede social obedecieron a razones técnicas, sin recibir llamada alguna para trasladarse a Alicante.
La decisión fue "necesaria en un contexto social convulso y ante la
incertidumbre e inquietud que provocó el movimiento de saldos", ha
remachado.
La entidad financiera realizó un
seguimiento de lo fondos y depósitos ante la salida de dinero durante
los tres días posteriores al 1-O. El día 4, cambió su sede social por el
"riesgo grave" al que se enfrentaba. De los 4.600 millones que salieron
del banco, el 57% pertenecían a catalanes y el 43% de clientes del
resto de España. Como CaixaBank, Oliu ha negado que la fuga de depósitos
fuera de administraciones públicas. "El saldo del sector público
aumentó en 1.000 millones", ha cifrado Oliu.
Los responsables de las dos entidades han cerrado la puerta a regresar a
Cataluña en el corto plazo. "No se dan las circunstancias", ha dicho
Oliu. "No está sobre la mesa del consejo; pero el futuro da muchas vueltas", ha manifestado. (...)" (Álvaro Medina, El Liberal.cat, 25/02/20)
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