El reconocimiento de la pluralidad lingüística en España se sitúa en el nivel más elevado de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, del Consejo de Europa. El reconocimiento legal y la aplicación práctica se sitúa en el nivel más elevado entre los países europeos...

"(...) --Los que se oponen al proceso independentista catalán señalan que España ya reconoce su diversidad interna. ¿Pero no ha quedado a medio camino? ¿Se podría realizar un nuevo impulso, con la ley de lenguas que algunos expertos, como usted, defienden?

--Comparativamente, entre los países de Europa y en el ámbito de las federaciones multilingües, en España el reconocimiento de la diversidad lingüística se sitúa al nivel más elevado. Lo único que se puede alegar es la falta de reconocimiento de lo que podríamos denominar estatus federal de las lenguas que son oficiales, junto con el castellano, en distintas comunidades autónomas. 

Es decir, que ante los órganos comunes del Estado se pueda utilizar cualquier lengua que es oficial en uno de sus territorios.

 Pero quien haga esa crítica no puede desconocer las peculiaridades de cada país. En las federaciones multilingües ese estatus federal no se puede desvincular del hecho de que son países multilingües como resultado de la suma de distintos monolingüismos territoriales. Por eso es ineludible ese reconocimiento. 

Una circunstancia que no se da en España. En cualquier caso, a mi juicio, esa territorialización rígida del carácter oficial de las lenguas distintas del castellano podría –y tendría- que flexibilizarse, al menos relativamente.

A la luz de la tarea de control del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, del Consejo de Europa, en España se da, especialmente, un problema estructural en relación con el uso de las lenguas distintas del castellano en la relación con los órganos judiciales; un ámbito que es especialmente problemático en casi todos los países. 

Y, asimismo, en el uso ante los órganos de la Administración periférica del Estado. Pero este problema tiene una significación práctica relativamente menor. Fuera de ellos, los problemas son puntuales. 

Y el reconocimiento de la pluralidad lingüística en España se sitúa en el nivel más elevado de la Carta. Lo que ocurre en España es algo singular. El reconocimiento legal y la aplicación práctica se sitúa en el nivel más elevado entre los países europeos, pero las autoridades del Estado no lo suelen considerar una cuestión que les ataña, sino que lo consideran una cuestión de las comunidades autónomas. En ese campo puede incidir, entre otros, una ley estatal de lenguas.

--¿En qué consistiría esa ley de lenguas, y cómo podría incidir a nivel interno en Cataluña?

--El tratamiento de las lenguas en Cataluña sorprende a los expertos europeos, porque en ningún otro lugar con dos lenguas oficiales ocurren cosas como las que son habituales en Cataluña. Una ley estatal de lenguas en Cataluña tendría incidencia marginal, en la administración periférica del Estado. 

Tendría, sobre todo, un efecto simbólico, de imagen, y, sería de esperar, que transformase la actitud de los poderes del Estado, que pasasen a considerar la cuestión lingüística como una cuestión que también les atañe, no solo para garantizar el derecho de uso del castellano, y que no es una cuestión que corresponde exclusivamente a las comunidades. 

--Usted ha defendido que existe un acuerdo interno en Cataluña respecto a la inmersión lingüística. Pero hay algunas disfunciones, y es un caso único en el mundo, junto con Groenlandia. ¿Se debería modificar, cómo?

--Yo siempre he sido crítico con lo que tradicionalmente era –no sé si lo sigue siendo- un consenso mayoritario en Cataluña sobre la utilización exclusiva del catalán como lengua de enseñanza de forma imperativa, obligatoria. Esto es algo excepcional en el ámbito europeo. Es una característica de los sistemas que se asientan sobre el principio de territorialidad en situaciones de monolingüismo territorial. 

Pero nunca ocurre en territorios en los que dos lenguas son simultáneamente oficiales. La protección de la lengua regional no justifica su imposición obligatoria como única lengua de enseñanza. 

Esto es lo que ha afirmado el Comité de Expertos de la Carta Europea en dos informes sucesivos sobre España. Siempre he creído que la convivencia lingüística en Cataluña, la paz lingüística, tenía que haber sido un objetivo fácil de lograr; mucho más fácil que en el País Vasco. Cuando menos, por dos razones: la proximidad entre las dos lenguas que conviven y la amplitud del uso social del catalán. Sin embargo, no ha sido así.

En mi opinión, se está creando un conflicto gratuito e innecesario por empeñarse en mantener una posición extremadamente rígida, incapaz de aceptar pautas de flexibilidad. Nadie, significativamente, pone en entredicho en Cataluña la necesidad de que el catalán se aprenda en la escuela de forma obligatoria. 

Hasta donde sé, creo que de forma aplastantemente mayoritaria se acepta el uso obligatorio del catalán como lengua de enseñanza. Lo que reclaman algunos es que no sea, obligatoriamente, la única lengua de enseñanza. 

En cualquier otra situación en países europeos de bilingüismo oficial esa sería considerada una situación inmejorable. En Cataluña, sin embargo, es fuente de conflicto. Algunos dicen que es un conflicto marginal. Tengo dudas. Y creo que el procés va a tener repercusiones en este ámbito, haciendo, probablemente, que la resistencia a la imposición del catalán como única lengua de enseñanza adquiera envergadura creciente. (...)"

 (Entrevista a López Basaguren, experto en federalismo, Manel Manchón, Crónica Global, 17/03/19)