"Es hora de buscar una solución para el conflicto en Cataluña. (...)
Es hora de hablar.
Lo que no podemos olvidar, sin embargo, es que esta conversación no
debe ser entre Puigdemont y Rajoy, o entre Junqueras y Rajoy, o entre
Torrent y Rajoy. Para resolver un conflicto, la negociación, las
cesiones, el diálogo debe ser entre las dos partes enfrentadas, los dos
bandos con posiciones incompatibles que chocan repetidamente sin
alcanzar una solución.
En Cataluña, los dos bandos no son “los
catalanes” y “el gobierno de Madrid”. Los dos bandos son “catalanes
independentistas” y “catalanes no independentistas”.
Este es el nucleo del problema. (...)
El conflicto real no es de Cataluña contra España, sino entre catalanes.
En Cataluña un grupo de dirigentes políticos que representan algo menos
de la mitad de la población del país (pero por azares electorales,
tienen mayoría en el parlament) están intentando impulsar un
programa político consistente en un cambio total y completo de la
legalidad vigente, incluyendo cambiar la ciudadanía de toda la
población. Este programa a la otra mitad de la población no le hace
absolutamente ninguna gracia. (...)
En una democracia, en un estado de derecho, las leyes están para
proteger los derechos de aquellos que no han ganado las elecciones. Los
tribunales están ahí para garantizar que los políticos no abusen su
poder.
Cuando el poder judicial interviene en Cataluña contra los
dirigentes independentistas, no lo está haciendo porque son una
institución autoritaria, antidemocrática y anticatalana, sino porque los
políticos independentistas estaban utilizando las instituciones para
vulnerar los derechos fundamentales de la mitad de la población del
país.
Que Puigdemont hubiera ganado las elecciones es irrelevante; lo
crucial, el punto fundamental del problema es que su gobierno estaba
aprobando leyes saltándose todos los procedimientos legales que
garantizan que los derechos de aquellos que no mandan no sean
pisoteados.
La prioridad de Llarena no es defender “la unidad de
España”; es defender mi derecho, y el de la mitad larga de la población
catalana, a que la decisión más importante sobre el futuro de mi país no
sea tomada por las bravas en un pleno parlamentario grotesco con una
mayoría minúscula. El Tribunal Supremo no os oprime; me está protegiendo
de vosotros. (...)
El juez está metiendo a gente en la cárcel porque los primeros estaban
imponiendo a los segundos sus ideas desde las instituciones, sin el más
mínimo respeto al estado de derecho. (...)
Negociar nada va a ser completamente imposible, sin embargo, hasta que
los independentistas acepten de una puñetera vez que el problema no son
sus ideas sino que Cataluña no son ellos, y que el conflicto lo tienen
con la otra mitad del país y no con “España”. (...)
Esto implicará, por ejemplo, que los independentistas dejarán de
tratar a los que no lo somos como “colonos” y presentarán medidas
concretas para cerrar la fractura social que han creado, incluyendo
poner fin al monopolio de la representación civil nacionalista en TV3 y
muchas instituciones catalanas.
También implicará que se comprometan a
nunca forzar una secesión sin consenso social amplio, acuerdo firme con
el resto de España, ni supermayorías estables.
Si eso no sucede pronto, me temo que las cosas irán a peor, y no
estaremos hablando de jueces, sino de una división social profunda y
real, estilo Irlanda del Norte. Y todo porque la mitad de la población
catalana parece haber decidido que la otra mitad no contamos. Hasta que
Cataluña no haga las paces consigo misma será completamente imposible
arreglar nada." (Roger Senserrich, Politikon, 26/03/18)
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