"(...) A la vista de lo sucedido desde la Diada de 2012, conviene precisar el
significado de las palabras y disipar el cúmulo de confusiones que ha
rodeado a la reivindicación del catalanismo radical.
El control de las
designaciones era en la China clásica la atribución del emperador, de
acuerdo con el principio confuciano de que si las palabras no son las
adecuadas, los hombres no saben cómo actuar, reina la confusión y el
orden social se desploma. Algo así ha venido sucediendo en el caso
catalán desde que una terminología consolidada del derecho político
fuera objeto de una subversión permanente.
La independencia fue cubierta
con la leve hoja de parra de la soberanía, el proceso independentista
se tapó con la máscara de “transición nacional”, la autodeterminación
pasó a ser el sugerente “derecho a decidir” y el referéndum se disfrazó
de consulta, y últimamente nada menos que de consulta no referendaria.
Todo un esfuerzo, realizado por laboriosos juristas, para encubrir lo
que desde el principio estuvo bien claro: la anticonstitucionalidad de
la vía elegida por la Generalitat para acceder al Estado catalán
independiente. Y de paso para maximizar el apoyo social, mediante
ofertas políticas de apariencia inocua, que de ser negadas subrayaban la
perversidad del oponente, el Estado español. (...)
El encubrimiento y la inversión de significados culminan en el uso
del término “democracia”. Ha sido la llave maestra utilizada por Mas
para ennoblecer el proyecto, evitando cualquier aproximación a los
problemas reales, descalificar de paso a todo oponente y alzar el
banderín de enganche; tanto para la movilización de masas como con
vistas a ese importante mundo exterior, que en Europa contempla con
recelo los movimientos secesionistas.
La cuestión de Cataluña no sería
una simple cuestión de independencia, sino de democracia, negada
injustificadamente desde el Gobierno español. En dos palabras, todo
resuelto.
El tema de la democracia reviste capital importancia, pero
precisamente por su ausencia en la actuación de la Generalitat, por
mucho que haya habido elecciones y ahora se anuncie un referéndum
(perdón, consulta) donde el término es siempre invocado. La propia ley
de consultas indica hasta qué punto la estrategia política de Mas ha
ignorado conscientemente un requisito indispensable para la validación
democrática: “La neutralidad institucional”.
La democracia no es un
marco moldeable que pueda adaptarse a las conveniencias de quien ejerce
el gobierno, a efectos de llegar al resultado acorde con los propios
objetivos. La democracia es un procedimiento que permite adoptar
decisiones políticas, desde la participación de los ciudadanos en
régimen de igualdad. Es el principio de isonomía, practicado ya
en la polis griega.
Y está claro que en la Cataluña de Mas eso no ha
existido. Desde septiembre de 2012 la Generalitat ha sido la promotora
de una sola opción política, con exclusión de cualquier otra, calificada
simplemente de anticatalana, o en el mejor de los casos despreciada,
como el federalismo.
Los catalanes contrarios a la independencia, casi el 50% hace dos
años, no han contado, salvo para ser objeto de una masiva propaganda
institucional, que de forma evidente les situaba como ciudadanos de
segunda clase.
El monopolio de la información oficial y oficiosa,
singularmente en TV-3, generó como era de esperar un efecto-mayoría, de
notoria eficacia, basado en el coste social para quien manifieste
rechazo al independentismo. No ha habido isonomía, y tampoco isegoría,
la libertad de acceso a la información, y de expresión, que el marco
institucional catalán debiera haber promovido para un proceso
democrático hacia la independencia, y de hecho ha negado.
La forma de adhesión a la independencia reprodujo una dinámica
habitual en el fútbol, incluso en la identificación “Cataluña igual a
Barça” de la nueva indumentaria culé, tras el gran momento del campo disfrazado de senyera.
Recordemos que a diferencia de otros independentismos consolidados en
la larga duración, como el quebequés o el vasco, tanto el escocés como
el catalán, que han arrancado de adhesiones —y de votaciones— muy bajas a
finales de los años noventa, son en cierto modo independentismos de
aluvión; en Cataluña, al calor de la frustración por el Estatuto sobre
el fondo de la crisis, y por ello el papel que hubiera debido jugar un
debate político abierto ha sido sustituido por el recurso a las
movilizaciones.
La movilización es un uso democrático, pero la lección
europea de los años treinta pone de manifiesto el riesgo de que se
constituya en protagonista único a la hora de generar el consenso
social, más si la inspiran un nacionalismo excluyente y una concepción
maniquea de las relaciones políticas. Tras decretar la consulta del 9-N,
Mas ha abierto una nueva caja de Pandora al confiar a las
movilizaciones la función de doblegar la resistencia del Gobierno de
Madrid. Es su responsabilidad.
Como lo ha sido impulsar ese maniqueísmo, observable una y otra vez
en declaraciones y programas televisivos, y que tuvo su emblema en otra
movilización oficial, la de los intelectuales participantes en el
“España contra Cataluña”.
Un famoso demagogo advirtió ya que el odio, y
no los argumentos, suscitan las emociones colectivas; de hecho, esta
sería la peor herencia del conflicto actual, por encima de los
resultados políticos. El ultranacionalismo ha anidado también en Madrid,
si bien en modo alguno ha sido atizado en estos dos años desde
instancias oficiales.
En la “transición nacional” gestionada por Mas ha faltado democracia,
pues todo se subordinó al objetivo final, en un ejercicio permanente de
permanente de propaganda y manipulación (“astucia”). La Constitución
solo fue admitida para convalidar aquella. De otro modo era enfrentada a
“la democracia”, a pesar de que el texto de 1978 admite una reforma
abierta, a diferencia de las Constituciones de Italia, Francia o Estados
Unidos, incuestionables democracias, que excluyen toda secesión.
Al
enfrentarse a una democracia constitucional, cuasifederal, de la cual
recibe sus poderes, la Generalitat pone así en marcha una sedición, esto
es, “una acción de declararse en contra de la autoridad establecida y
de empezar la lucha contra ella”. Ahí estamos. (...)" (EL PAÍS 13/10/14, ANTONIO ELORZA, en Fundación para la Libertad)
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