"La Agencia de Protección de Datos realizó el lunes pasado una
inspección en la sede central de la Assemblea Nacional Catalana (ANC),
situada en la calle Marina de Barcelona, para recabar información sobre
presuntas irregularidades en la gestión de los datos de ciudadanos que
está recopilando de cara al 9N.
Las sospechas respecto a la entidad presidida por Carme Forcadell nacen de las diferentes denuncias recibidas tras la puesta en marcha de una campaña "puerta a puerta" junto a Òmnium Cultural para promocionar la secesión de Cataluña, y que disfrazan como si se tratase de una encuesta en la que recogen datos personales de los entrevistados.
Según publica este viernes El Mundo, el tratamiento de estos datos personales podrían estar siendo utilizados para otros fines contrarios a los informados.
La ANC gestiona dos ficheros que, según la Ley Orgánica de Protección
de Datos, se consideran de "alto nivel", puesto que en ellos se recogen
datos sobre la posición ideológica y política de los encuestados en
relación al referéndum independentista que los nacionalistas promueven
para el 9 de noviembre y que ha sido suspendido por el Tribunal
Constitucional.
Los denunciantes consideran que estas bases de datos no han sido
protegidas con las medidas de seguridad que establece la ley, lo que
habría podido poner en riesgo de "máxima vulnerabilidad" esta
información, que afecta a miles de ciudadanos. (...)
Los responsables de la ANC están muy preocupados por esta
investigación puesto que el uso incorrecto de datos personales implica
sanciones económicas cercanas al millón de euros, una multa que podría
afectar a la propia viabilidad de la organización.
Las denuncias habría partido de tanto de ciudadanos ajenos a la
entidad como de miembros de las asambleas territoriales de la propia
ANC.
Campaña de "coacción" e "identificación de desafectos"
Algunas entidades, como la Asociación por la Tolerancia,
han denunciado que la 'Gigaencuesta' -que es como se denomina la
reciente campaña "puerta a puerta"- "constituye una evidente coacción a
domicilio contra la convivencia y ahonda de manera irresponsable en la
fractura social que se vive en Cataluña".
Además, consideran que la campaña es "intimidatoria", supone un
"inaudito acoso a domicilio" y puede significar la "identificación de
desafectos" elaborando "un censo de disidentes, contrarios a la
independencia", que se arriesgan a posibles "posteriores represalias".
Una lista de 'buenos catalanes' independentistas
En julio pasado, la ANC anunció que uno de sus objetivos inmediatos era el de "elaborar una base de datos de 2,5 millones de personas que afirmen que votarán 'sí' el 9 de noviembre".
La entidad justificó la creación de esta suerte de lista de 'buenos
catalanes' para poderles "enviar mensajes en todo momento e informar con
puntualidad, incluso cuando haya nuevas adversidades o se quiera
impedir el ejercicio democrático del voto". Con ello pretendía tener
"una capacidad de movilización, de respuesta rápida y de acción por todo
el país [por Cataluña] que es imprescindible para garantizar un
resultado claro y limpio".
Además, advertían de que la base de datos no sería "eliminada" hasta
que "se haya conseguido el objetivo" de lograr "un Estado propio" para
Cataluña. Y aseguraban que esos datos "nunca serán entregados a una
empresa ni tendrán fines mercantiles ni partidistas" y que serían
eliminados a petición del interesado. (...)" (Crónica Global 10/10/2014)
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