"El Gobierno catalán cifra en 9.370 millones el importe
de lo que considera comportamientos desleales del Estado con su
comunidad en los últimos años. De esa cifra, 5.700 millones, más del
60%, se refieren a inversiones en infraestructuras no satisfechas.
El
informe habla de otras deslealtades con fuerte impacto económico, como
un modelo de financiación que no respeta el criterio de ordinalidad. (...)
El principio de ordinalidad también fue introducido en el Estatut,
y también desactivado por el Tribunal, que consideró que, siendo una
norma que afectaba al conjunto, debería figurar, en su caso, en una ley
de ámbito estatal y no en un Estatuto.
El artículo 206-5 insta al Estado
a garantizar que “la aplicación de los mecanismos de nivelación no
altere en ningún caso la posición de Cataluña” en el ranking de
“rentas per cápita entre las Comunidades autónomas antes de la
nivelación”.
El principio se refiere, por tanto, a la financiación de
las autonomías, y en particular a los fondos de nivelación establecidos
para transferir rentas de las más ricas a las menos a fin de garantizar
la equiparación de los servicios públicos prestados.
En Alemania, ese principio se expresa como prohibición de decisiones
por las que “el orden de capacidad financiera de los estados (länder)
quede invertido después del reparto” de los fondos. No hay una
argumentación clara que justifique ese principio.
Solo cuatro de las 16
unidades autónomas de Alemania y tres de las 17 españolas (Baleares,
Cataluña y Madrid) son contribuyentes netas (pagan más impuestos que
beneficios reciben en gasto estatal), por lo que el margen para reducir
la aportación de una de ellas es estrecho: implicaría un aumento
equivalente de las aportaciones de las otras dos, o la ruptura de la
equidad básica entre comunidades ricas y pobres.
Y a pesar de que la
reducción de su aportación se presenta desde Cataluña como una exigencia
de justicia, nadie ha ofrecido razones que avalen la necesidad de
convertir ese principio en ley. (...)
Sin embargo, el principio se ha abierto paso en los debates sobre la busqueda de un acuerdo que detenga la deriva independentista catalana.
Uno de los dos manifiestos de intelectuales de noviembre pasado
proponía un pacto que “incluya una financiación más justa que mantenga
la solidaridad pero respete el principio de ordinalidad”; figura también
en el proyecto de reforma constitucional federalista de los socialistas;
y lo defienden algunos expertos hacendistas muy críticos con los
planteamientos soberanistas.
Por ejemplo, con el olvido interesado de
que son los ciudadanos quienes pagan sus impuestos, en proporción a su
renta, y no los territorios, lo que anula el principal argumento sobre
la discriminación anticatalana.
Este deslizamiento pragmático obedece seguramente a que se considera
más viable un acuerdo sobre cantidades que sobre sentimientos de
agravio, difícilmente cuantificables. No es fácil que de resultado, pero
al menos ahora ya sabemos el peso de esos agravios: unos 9 millones de
kilos." (
Patxo Unzueta
, El País, 16 OCT 2013 )
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