"La Clarity Act aprobada por el Parlamento de Canadá en 2000, que tomó
como base una sentencia de la Corte Suprema de dos años antes, se ha
convertido desde entonces en referencia obligada, en modelo y en manual,
para las opciones políticas partidarias de la secesión y también para
una parte de quienes se oponen a ella.
En el origen de la sentencia y,
por tanto, de la Clarity Act, se encuentra el referéndum de
independencia convocado por las autoridades de Quebec en 1995.
La pregunta exacta fue: “¿Está usted de acuerdo en que Quebec debería
convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal a
Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de
aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo
firmado el 12 de junio de 1995?”.
La Corte Suprema, a instancias de la
cuestión planteada por el primer ministro federal, Jean Chrétien,
estableció que Quebec no disponía de un derecho unilateral a la
secesión, pero que, no obstante, si una mayoría calificada de ciudadanos
de Quebec la reclamaban, el resto de los canadienses tendrían que
buscar la fórmula para dar curso a la aspiración independentista.
Tomás de la Quadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo en
la Universidad Carlos III y exministro de Administraciones Públicas y de
Justicia en los Gobiernos de Felipe González, entiende que lo que la
sentencia de la Corte Suprema de Canadá establece es una suerte de
“deber sin derecho”.
Así, no es que “la sentencia canadiense admita
ningún derecho de autodeterminación para Quebec”, explica De la Quadra,
“sino que serían los canadienses en su conjunto quienes tendrían el
deber de buscar una salida a las aspiraciones independentistas de Quebec
si fueran cualificadamente mayoritarias y persistentes en el tiempo”. (
José María Ridao , El País,
29 OCT 2012 )
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