"El dragón del independentismo catalán
ha ido a despertar en un escenario económico que va de lo negro a lo
negro azabache. Septiembre de 2012: el viejo debate sobre la
financiación catalana y el tan traído y llevado déficit fiscal (la
diferencia entre los ingresos fiscales que generan sus contribuyentes y
lo que reciben del Estado) muta en un clamor separatista.
El de la
secesión catalana es otro de los tabús caídos en medio de esta
interminable crisis; Cataluña plantea un referéndum sobre la
autodeterminación, un proceso complicado, lento, fundamentado en la idea
de que a la economía catalana le iría mejor sin España.
Hubiese sido
viable en 2005 y nadie sabe si podría serlo en 15 años, pero hoy por hoy
la economía catalana es calificada como bono basura por los mercados,
no recibe crédito de los inversores y ha necesitado el auxilio del
Estado para pagar sus deudas. La mayor parte de los expertos consultados
ven inviable, o al menos muy enrevesada, una independencia inmediata.
Si Cataluña mañana amaneciese independiente, España viviría una
pesadilla, pero el nuevo Estado catalán tendría complicado evitar una
suspensión de pagos. El retorno de este déficit fiscal (que la
Generalitat cifra en 16.409 millones anuales, el 8% de su PIB) difícilmente compensaría los costes de la ruptura.
La nueva Cataluña nacería con una deuda que podría triplicar a la
actual. Ahora es la comunidad más endeudada de España (42.000 millones
que equivalen al 21%, o 48.000 si se suma la de sus empresas públicas)
pero se llevaría la parte alícuota de la deuda del conjunto del Estado,
que se puede calcular en función de su peso en el PIB español (18%), de
la población (16%) o de una mezcla de ambos.
El pasado junio, la deuda
de la Administración central sumaba 617.731 millones, así que el nuevo
Estado asumiría más de 100.000 millones. A estos se añadirían 5.000
millones de la deuda de sus Ayuntamientos y otra parte proporcional de
la deuda de las empresas públicas (como Renfe, Adif o AENA);
que alcanza en total los 34.000 millones; además, el montante del
rescate recién solicitado (5.000 millones) y nuevos costes de la
reestructuración bancaria. La deuda engordaría hasta unos 150.000
millones.
Las cantidades exactas dependerían de una dura negociación con el
Estado, pero la deuda escalaría al entorno del 100%. Solo este año,
Cataluña afrontaba unos vencimientos de hasta 13.477 millones y el pago
de los intereses se engullían casi 2.000 millones.
“No tendrían capacidad para generar los recursos suficientes para
asumir esos pagos en al menos uno o dos años y no podría evitar el
impago salvo que acudiese a un rescate, pero esto pasaría fuera de
España y sería difícil”, explica Juan José Rubio, catedrático de
Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales.
La entrada en la UE, además, requeriría mucho tiempo. Una parte de los
defensores de la independencia arguye que Cataluña no debe incorporar
deuda estatal porque ya asumió déficit fiscal durante años, pero la
mayoría asume que sí debería digerirla. (...)
Pero habría problemas para la banca. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney,
alerta de una debacle, ya que las entidades catalanas que siguen
solventes —Sabadell y La Caixa— acumulan grandes volúmenes de créditos
concedidos en el resto de España, por encima de los depósitos.
“Y si se
convirtiera en un nuevo Estado, muchos clientes españoles retirarían sus
depósitos para tenerlos en su país y estos son los que financian las
hipotecas. Si una empresa pierde el 30% de sus clientes, pierde dinero,
pero si le ocurre a un banco, se pierde el propio banco”, explica Díez.
La deuda externa neta de Cataluña no se ha calculado nunca, pero existe
como concepto, y esta se dispararía. Así que, a su juicio, “tendría que
plantear una suspensión de pagos, una quita de deuda y todo esto se
llevaría por delante el parque empresarial”. “La independencia catalana
sería hace siete años mala para España y Cataluña, pero viable. Hoy por
hoy, además, es económicamente inviable”, remacha." (El País, 29/09/2012)
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