"Supimos del caso del 3%, del caso Palau de la Música, del caso Turismo, del caso Caric, del caso Pallerols, del caso de las ITV, de los casos de la famiglia.
De
toda esa corrupción pujolista y pospujolista sabíamos una enciclopedia.
Catalana, claro. Pero hasta esta vista oral nunca sospechamos hasta qué
punto la Generalitat era la auténtica heredera institucional de nuestra
excolonia siciliana.
Para entender este juicio hay que leer a Leonardo Sciascia y a Andrea
Camilleri, a sus mares color de vino, gozo y sangre, a sus campos de
alfareros, familias y venganzas. Está aquí casi todo, menos el sexo.
Esta es, en efecto, una historia donde se apelmazan el secreto (de
las cuentas y facturas) con el silencio (sobre el ordenante último de
los encargos para la votación), y el miedo a desafiarlos: la omertà.
Se arrebolan la presión sobre el débil (ese proveedor necesitado, a
punto de ruina); la amenaza para que no falle (el insólito traslado de
material en la calle, “junto a un bar”); ni diga (con quién habló, quién
ordenó); la coacción social (somos de las mismas asociaciones); y el
despiste (és la causa, ja m’entens), para que asienta.
Y se hermanan el apremio (¡para ya!) con la distracción (los
intermediarios que todo lo ignoran), y la coacción (si hablas, no te
contratamos más).
Y no falta, en fin, el aura misteriosa que rodea al seudónimo del Deus ex machina en la operación de papelería del referéndum: Toni. Toni
es probablemente Toni Molons, exsecretario de Difusión (propaganda) del
Govern, cesado cuando el 155 y actual ídem de Comunicación
(propaganda). Está procesado por siete presuntos delitos en el Juzgado
número 13 de Barcelona.
Ya ha aflorado su nombre dos veces: ayer, y en la sesión del día 6,
también dedicada a la fabricación y reparto de papeletas, sobres,
cartas, amén de encartes publicitarios y planes informáticos.
El esquema de los proveedores es secuencial: hay un encargo (por
cuenta no identificable de la Generalitat, de Òmnium, o vaporosa, o de
Xavier Vendrell: a veces, como ayer, los testigos se contradicen); se
acuerda un precio (se prefactura proforma o se factura, o nada); se
suele aludir a que otros, a veces indeterminados, pagarán.
Pero nadie paga, al parecer; se perdonan las facturas, o se cancelan
mediante facturas “negativas”; y así las empresas
perjudicadas/benefactoras siguen amorradas al pilón de la homologación
para acudir a concursos públicos de la casa de Sicilia.
Todo eso relata un lodazal administrativo. Y una colosal vergüenza,
en términos políticos, periodísticos, de la realidad social. O propios
de Camilleri. (...)" (Xavier Vidal-Folch, El País, 12/03/19)
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