"Si algo no puede negarse a los secesionistas catalanes es que saben cómo explotar la comunicación. (...)
Tiene estrategia a la hora de saber colocar el mensaje
y convertir en verdad una mentira a base de repetirla. Primero fue el
“España nos roba”, que sirvió para atraerse a las clases populares,
siempre dispuestas a creerse cualquier mantra, y convencerlas de que era
España (las regiones más pobres, pletóricas de vagos y gandules) la
causa de sus problemas y dificultades. La arcadia estaba en la
independencia.
Más tarde, popularizaron el derecho a decidir,
expresión eufemística para referirse a la autodeterminación,
precisamente porque eran conscientes de que este concepto no se podía
aplicar a Cataluña. Tanto lo repitieron que la democracia parecía quedar
circunscrita al derecho a la independencia.
En los momentos actuales se
ha abandonado el eslogan “España nos roba” (por increíble, al ser
Cataluña una de las regiones más ricas del país) por el de “el Estado
nos reprime”, que es más fácil de enmascarar y hacer pasar por
verosímil. Ahí se incardina el objetivo de nominar como presos políticos
a los detenidos por golpistas y malversadores.
En esa ayuda que la tercera vía proporciona al
secesionismo, el primero que habló de presos políticos fue Enric
Juliana. En un artículo en La Vanguardia,
cuando no había aún nadie en la cárcel, arguyó que Europa no toleraría
presos políticos, dando a entender que los futuros detenidos, de serlo,
lo serían por este motivo.
No hay una definición exacta y uniforme del
término; es claramente ambiguo, pero eso quizás es lo que se pretende
para poder emplear el doble lenguaje, arma preferida por el
independentismo.
El concepto de preso político se podría identificar
con el de preso de conciencia y de opinión; se referiría a la
persecución de la libertad de pensamiento, de expresión, de religión o
de asociación, etc. Entendidos así, es evidente que en España hace
muchos años que desaparecieron.
Y afirmar su existencia actual es un
insulto para todos aquellos que lo fueron en el pasado. Es un chiste
afirmar que el nacionalismo está perseguido en España cuando desde la
Transición lleva gobernando, de una o de otra forma, tanto en el País
Vasco como en Cataluña; y en cierto modo en España, a través del PSOE o
del PP, cuando estos partidos carecían de mayoría absoluta.
No solo el
nacionalismo, sino que, a diferencia de Alemania, se permite la
existencia de partidos independentistas o secesionistas, incluso cuando
estos mantienen abiertamente en su programa que están dispuestos a
conseguirlo por cualquier medio.
Por eso se entiende mal que cierta
prensa del país germánico ponga en duda la libertad de los que profesan
la ideología secesionista en España, teniendo en cuenta que Alemania
tiene prohibida en su Constitución la existencia de formaciones
políticas que mantengan este propósito.
Pero hay otra forma de entender el término. A los
independentistas se les suele contestar que en España no existen presos
políticos, sino políticos presos. Pero habría que añadir algo más:
políticos presos, pero por delitos cometidos en cuanto políticos.
La
gravedad de estos delitos se encuentra es que son ejecutados desde una
estructura de poder, abusando del cargo que se ostenta. Este grupo
incluiría, por ejemplo, la prevaricación, el cohecho, la malversación y,
por supuesto, el golpe de Estado.
El concepto de golpe de Estado comenzó a usarse en la
Francia del siglo XVII, designando una serie de actos y de medidas
violentas y repentinas adoptados por el rey, sin respetar la legislación
ni las normas.
A lo largo del siglo XIX, el término se fue ampliando para significar la acción violenta de un componente del Estado, por ejemplo en España las Fuerzas Armadas,
con el fin de modificar el ordenamiento jurídico o el gobierno, sin
atenerse a los canales establecidos para ello.
El golpe de Estado se
diferencia de la revolución en que mientras esta se realiza desde abajo,
desde la base social, desde el pueblo o desde una facción del pueblo,
el golpe de Estado se lleva a cabo de arriba abajo, desde una estructura
de poder, que no tiene porqué ser forzosamente la militar.
Actualmente uno de los temas más debatidos es si en estos últimos meses
ha habido o no violencia en la actuación del secesionismo catalán, a
efectos de poder calificar su conducta de rebelión. Es fácil recurrir a
los listados de la guardia civil, o incluso de los mossos d´escuadra,
para encontrar más de 350 casos en los que se han empleado métodos
violentos.
Pero antes que ello conviene considerar que todo golpe de
Estado, por el hecho de realizarse desde el poder, implica fuerza o
violencia, que no tiene que ser necesariamente física. Se utiliza la
preeminencia y los instrumentos que proporciona el cargo para imponer al
margen de la ley y contra la ley una nueva ley, y ello solo puede
realizarse violentando la voluntad de la ciudadanía.
Ya de por sí el poseer el gobierno de la Generalitat
concede un alto grado de poder y fuerza al soberanismo, pero el hecho de
haber estado desde siempre en el gobierno de Cataluña le ha permitido a
lo largo de todos estos años crear unas fuertes estructuras sociales de
poder que le han dotado de los mecanismos necesarios de coacción y
fuerza para doblegar contra su voluntad al menos a la mitad de los
catalanes.
Frente a ellos se ejerció violencia en el intento de
forzarles a aceptar un nuevo ordenamiento político que no deseaban y
también se ejerció frente al resto de españoles al pretender
arrebatarles de forma ilegal y también contra su voluntad la soberanía
que según la Constitución solo pertenece al pueblo español en su
conjunto.
Violencia hubo, desde luego, los días 20 y 21 de
septiembre en Barcelona, cuando la ACN y Òmnium Cultural convocaron a la
muchedumbre al asedio de la Consejería de Economía y al secuestro de la
comisión judicial y de la guardia civil que, obedeciendo órdenes del
juez, registraban el susodicho edificio.
Violencia hubo el 1 de octubre,
aunque fuese pasiva, cuando emplazó a todos los incondicionales para
que impidiesen la entrada de las fuerzas de seguridad del Estado que
actuaban como policía judicial en los colegios electorales. Violencia
hubo en los llamados paros país, en los que se intentó paralizar la
circulación ferroviaria y el transporte por carretera.
Violencia hubo en
las múltiples coacciones, escraches e intimidaciones a la guardia
civil, a la policía armada, y a cualquier ciudadano que se opusiese al
procés o se considerase sospechoso de ser botifler, palabra que tiene ya
un origen bélico.
Violencia hubo en tantos y tantos actos que figuran
en los diferentes sumarios tanto del juez Llarena como de las otras
instancias judiciales. ¿Y cómo no hablar de violencia cuando se metió en
el juego a un cuerpo armado de más de 16.000 hombres y se pretendió
utilizarlo para los fines del procés? (...)
Desde distintos ángulos, no solo independentistas, se ha criticado la
actuación del juez Llarena en el hecho de haber dictado prisión
incondicional para algunos de los implicados. (...)
Al menos son dos las razones que parecen ratificar las decisiones de
Llarena. Suponer que existe riesgo de fuga no es nada descabellado
cuando ya existe un buen número de huidos y, además, se supone que los
procesados tienen suficientes medios económicos y relaciones políticas
para poder permanecer en el extranjero. (...)
La segunda razón y quizás más contundente es la posibilidad de
reincidencia. Cada vez es más evidente que el proyecto continúa vivo,
que las nuevas elecciones no han servido para poder hacer un punto y
aparte. El independentismo, a pesar de haber fracasado en casi todos los
proyectos, no decae en su intención de mantener el procés, y en su
propósito de declarar la independencia de forma unilateral y en contra
de la Constitución.
La mayoría de los procesados conservan en él un
importante protagonismo, aun cuando hayan declarado ante el juez lo
contrario. Las tentativas de querer nombrar presidente de la Generalitat
a algunos de los principales cabecillas del golpe, dotándoles por tanto
de los mismos medios y poder que tenían antes de la rebelión, indican
bien a las claras que la posibilidad de reincidencia es muy elevada. (...)
He dicho a menudo que el problema del secesionismo catalán no está en
las formaciones políticas independentistas, sino en las
constitucionalistas que son incapaces de actuar con firmeza." (Juan FRancisco Martín Seco, República.com. 05/04/018)
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