"(...) Las diversas encuestas realizadas por el CEO en Cataluña (5) muestran
que entre junio del 2005 y julio de 2009 la opción favorable a la
independencia no superaba el 20%, mientras la suma de las opciones
federalistas o partidarias de la Autonomía superaban el 70%. Entre
principios de 2010 y julio de 2011 la opción proindependentista creció
sin traspasar el 30%, mientras la suma de las otras opciones no
independentistas obtenía el 66%.
A partir de 2012, la opción partidaria de la independentista asciende hasta alcanzar su cota más elevada en julio de 2013 con el 48,5%, superando la suma de opciones no independentistas con el 45,3%. Desde entonces, la opción independentista ha tenido una evolución a la baja hasta llegar al 34,6% en el segundo trimestre de 2017, en cambio, la suma de opciones no independentistas recuperaban posiciones hasta alcanzar el 56%. (...)
A partir de 2012, la opción partidaria de la independentista asciende hasta alcanzar su cota más elevada en julio de 2013 con el 48,5%, superando la suma de opciones no independentistas con el 45,3%. Desde entonces, la opción independentista ha tenido una evolución a la baja hasta llegar al 34,6% en el segundo trimestre de 2017, en cambio, la suma de opciones no independentistas recuperaban posiciones hasta alcanzar el 56%. (...)
La evolución del sentimiento independentista en Cataluña es inseparable
de una serie de acontecimientos jurídico-políticos, pero especialmente,
de carácter económico-social-políticos:
1.- La sentencia del Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010 sobre el recurso presentado por el grupo parlamentario del PP contra el Nou Estatut de Cataluña aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006 con el 74% de los votos y una participación del 49,4% (6). Dicha sentencia anula 14 artículos por inconstitucionales, cuando en los estatutos Andalucía y la Comunidad valenciana artículos idénticos no han sido cuestionados.
Este acontecimiento generó un evidente malestar en amplios sectores de la ciudadanía en Cataluña, la protesta se expresó en la calle en la gran manifestación unitaria de 10 de julio de 2010, con 1 millón de participantes, sin embargo, dicha movilización fue puntual y no tuvo continuidad en el corto plazo. La manifestación del 11 de septiembre en 2010 tuvo baja participación, alrededor de 10.000 manifestantes (7).
2.- El agravamiento de la crisis económica y del malestar social y político: A partir de 2009 la crisis económica mundial desatada en EEUU, hace estallar la burbuja inmobiliaria en España, con una rápida destrucción de empleo que elevará el paro hasta la cifra de 4.700.000 personas a finales de 2010.
Las políticas de ajuste y austeridad que aplica el gobierno del PSOE bajo Zapatero, y Artur Mas (CiU) en Cataluña, provocarán un gran descontento social que dará lugar al nacimiento del movimiento 15-M de los indignados.
En septiembre de 2011 PSOE y PP aprueban la contrarreforma constitucional del artº 135. En esos meses el conflicto socio-político antineoliberal hegemonizaba la protesta y la movilización social. En Cataluña el gobierno de la derecha nacionalista reprimirá brutalmente la acampada de los indignados en Pza. Cataluña (8), la protesta social ocupa plazas y calles, mientras la manifestación nacional del 11 de septiembre en dicho año se mantiene en niveles de baja participación.
3.- La victoria del PP en las elecciones generales el 20 de noviembre de 2011 dan la coartada a Artur Mas y la mayoría de CiU, así como a las fuerzas políticas independentistas, para promover la campaña a favor del “derecho a decidir” y la independencia de Cataluña.
Bajo el lema “España nos roba”, y el mantra de una España “casposa” e irreformable, la fuerzas proindependentistas, utilizan todos los medios propagandísticos a su alcance, especialmente el control de la televisión catalana, para manipular los datos fiscales y acusar al estado español de un expolio fiscal a Cataluña de más de 16.000 millones de euros anuales (8,5% del PIB de Cataluña), cifra posteriormente desmentida por el Consejero de economía del gobierno de la Generalitat Sr.Más Colell que los redujo a cerca de 3.300 millones (1,5% PIB cat), y lanzar el siguiente mensaje a la sociedad catalana: si la totalidad de la riqueza generada en Cataluña se distribuyera entre su ciudadanía, y no fuera despojada fiscalmente por el estado español, el nivel de bienestar social en Cataluña sería superior, alcanzando las cotas más elevadas de la UE (9).
La omisión deliberada por parte del gobierno de la Generalitat y del independentismo, de los datos de la balanza de exportaciones/importaciones en el seno del mercado español entre la comunidad de Cataluña y el resto de comunidades (10), con un enorme superávit de 17.548 millones de euros en 2016 (+8,6% PIB Cat)a favor de Cataluña, así como los datos de dicha balanza entre Cataluña y el mercado exterior (UE y mercado mundial), con un resultado deficitario de -12.683 millones de euros (-6,2% PIB Cat) para Cataluña facilitó el objetivo de “seducir” a una parte de la población catalana, que previamente no era independentista, que la independencia de Cataluña era la solución para recuperar el bienestar social perdido.
1.- La sentencia del Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010 sobre el recurso presentado por el grupo parlamentario del PP contra el Nou Estatut de Cataluña aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006 con el 74% de los votos y una participación del 49,4% (6). Dicha sentencia anula 14 artículos por inconstitucionales, cuando en los estatutos Andalucía y la Comunidad valenciana artículos idénticos no han sido cuestionados.
Este acontecimiento generó un evidente malestar en amplios sectores de la ciudadanía en Cataluña, la protesta se expresó en la calle en la gran manifestación unitaria de 10 de julio de 2010, con 1 millón de participantes, sin embargo, dicha movilización fue puntual y no tuvo continuidad en el corto plazo. La manifestación del 11 de septiembre en 2010 tuvo baja participación, alrededor de 10.000 manifestantes (7).
2.- El agravamiento de la crisis económica y del malestar social y político: A partir de 2009 la crisis económica mundial desatada en EEUU, hace estallar la burbuja inmobiliaria en España, con una rápida destrucción de empleo que elevará el paro hasta la cifra de 4.700.000 personas a finales de 2010.
Las políticas de ajuste y austeridad que aplica el gobierno del PSOE bajo Zapatero, y Artur Mas (CiU) en Cataluña, provocarán un gran descontento social que dará lugar al nacimiento del movimiento 15-M de los indignados.
En septiembre de 2011 PSOE y PP aprueban la contrarreforma constitucional del artº 135. En esos meses el conflicto socio-político antineoliberal hegemonizaba la protesta y la movilización social. En Cataluña el gobierno de la derecha nacionalista reprimirá brutalmente la acampada de los indignados en Pza. Cataluña (8), la protesta social ocupa plazas y calles, mientras la manifestación nacional del 11 de septiembre en dicho año se mantiene en niveles de baja participación.
3.- La victoria del PP en las elecciones generales el 20 de noviembre de 2011 dan la coartada a Artur Mas y la mayoría de CiU, así como a las fuerzas políticas independentistas, para promover la campaña a favor del “derecho a decidir” y la independencia de Cataluña.
Bajo el lema “España nos roba”, y el mantra de una España “casposa” e irreformable, la fuerzas proindependentistas, utilizan todos los medios propagandísticos a su alcance, especialmente el control de la televisión catalana, para manipular los datos fiscales y acusar al estado español de un expolio fiscal a Cataluña de más de 16.000 millones de euros anuales (8,5% del PIB de Cataluña), cifra posteriormente desmentida por el Consejero de economía del gobierno de la Generalitat Sr.Más Colell que los redujo a cerca de 3.300 millones (1,5% PIB cat), y lanzar el siguiente mensaje a la sociedad catalana: si la totalidad de la riqueza generada en Cataluña se distribuyera entre su ciudadanía, y no fuera despojada fiscalmente por el estado español, el nivel de bienestar social en Cataluña sería superior, alcanzando las cotas más elevadas de la UE (9).
La omisión deliberada por parte del gobierno de la Generalitat y del independentismo, de los datos de la balanza de exportaciones/importaciones en el seno del mercado español entre la comunidad de Cataluña y el resto de comunidades (10), con un enorme superávit de 17.548 millones de euros en 2016 (+8,6% PIB Cat)a favor de Cataluña, así como los datos de dicha balanza entre Cataluña y el mercado exterior (UE y mercado mundial), con un resultado deficitario de -12.683 millones de euros (-6,2% PIB Cat) para Cataluña facilitó el objetivo de “seducir” a una parte de la población catalana, que previamente no era independentista, que la independencia de Cataluña era la solución para recuperar el bienestar social perdido.
En la sociedad catalana, hay un rechazo mayoritario a los gobiernos
conservadores y post franquistas del PP, que está enraizado en la propia
memoria histórica, guerra civil, dictadura, gobierno de Aznar y su
apoyo a la guerra imperialista en Irak, recurso contra el Estatut de
autonomía, etc.
Este sentimiento de rechazo se incrementó como
consecuencia de las brutales políticas antisociales del gobierno de
Mariano Rajoy, entre ellas la contrarreforma laboral en 2012 (aprobada
con el voto favorable de CiU, antiguo PDeCAT) que destruyó más de 1
millón de empleos, hasta alcanzar la cifra de 6 millones.
Este sentimiento de rechazo, fue utilizado por Artur Mas y su gobierno para tapar los efectos de la crisis de corrupción del caso Pujol, Palau de la Música, comisión 3%, que amenazaba ponerlo en el centro de la crítica, así como el malestar provocado por los recortes antisociales aplicados por el gobierno de la Generalitat, sacando de la chistera el derecho a decidir y desviando la atención pública y la movilización ciudadana al poner en marcha la campaña por el “derecho a decidir” y la independencia.
La hipocresía del gobierno de Artur Mas alcanzó cotas difíciles de superar, a la vez que ponía en marcha la campaña en defensa de la soberanía de Cataluña y por el ”derecho a decidir” su grupo parlamentario en el congreso de diputados votaba a favor de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria, concreción del Tratado de la UE de idénticos objetivos, que otorgaba al estado español poderes para intervenir los gobiernos autonómicos en caso de incumplir los objetivos de déficit y deuda marcados, facilitando la recentralización del estado español.
El impulso de la Generalitat a la campaña proindependentista con el concurso de las organizaciones de la sociedad civil (ANC, Omnium, etc.) obtuvo el efecto deseado: el 11 de septiembre de 2012 la movilización independentista alcanzó un nivel de participación histórica. (...)
Este sentimiento de rechazo, fue utilizado por Artur Mas y su gobierno para tapar los efectos de la crisis de corrupción del caso Pujol, Palau de la Música, comisión 3%, que amenazaba ponerlo en el centro de la crítica, así como el malestar provocado por los recortes antisociales aplicados por el gobierno de la Generalitat, sacando de la chistera el derecho a decidir y desviando la atención pública y la movilización ciudadana al poner en marcha la campaña por el “derecho a decidir” y la independencia.
La hipocresía del gobierno de Artur Mas alcanzó cotas difíciles de superar, a la vez que ponía en marcha la campaña en defensa de la soberanía de Cataluña y por el ”derecho a decidir” su grupo parlamentario en el congreso de diputados votaba a favor de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria, concreción del Tratado de la UE de idénticos objetivos, que otorgaba al estado español poderes para intervenir los gobiernos autonómicos en caso de incumplir los objetivos de déficit y deuda marcados, facilitando la recentralización del estado español.
El impulso de la Generalitat a la campaña proindependentista con el concurso de las organizaciones de la sociedad civil (ANC, Omnium, etc.) obtuvo el efecto deseado: el 11 de septiembre de 2012 la movilización independentista alcanzó un nivel de participación histórica. (...)
4.- La consideración del factor desestabilizador y/o disgregador de la
Unión Europea es fundamental para comprender el avance independentista
en Cataluña, fenómeno que no es exclusivo del estado español, y cuyo
contagio se extiende o amenaza expandirse entre otros estados de la UE.
La renuncia a la soberanía económica que significó la moneda única, el euro, se sumaba a las concesiones en tal sentido realizadas con la puesta en marcha del Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, el Pacto euro plus, artº 135 de la Constitución española, y el Tratado de estabilidad presupuestaria.
La renuncia a la soberanía económica que significó la moneda única, el euro, se sumaba a las concesiones en tal sentido realizadas con la puesta en marcha del Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, el Pacto euro plus, artº 135 de la Constitución española, y el Tratado de estabilidad presupuestaria.
Esta traición, renuncia o cesión de
soberanía, gozó de un amplio consenso y complicidad entre las élites
políticas del estado español y Cataluña. Desde el PP al PSOE, pasando
por las organizaciones del resto de la derecha y centro nacionalista,
CIU, PNV, etc., y la ausencia de la oposición del resto, salvo IU en la
época en que Julio Anguita fue coordinador general, junto a otras
organizaciones de la izquierda radical y revolucionaria de menor
implantación.
Este auténtico “contubernio” explica el silencio de todos ellos ante el rol decisivo de la UE en la gestión de la crisis y la imposición de las recetas económicas que priorizaban la devolución de la deuda a los países acreedores, y en consecuencia la reducción del déficit público a toda costa.
En este contexto, las fuerzas independentistas pudieron culpabilizar exclusivamente del malestar social y la crisis económica a Madrid como símbolo del estado español. Un estado, por otra parte, con escasos poderes para imponer una política alternativa si permanecía en el marco de la UE.
El cinismo hipócrita de las fuerzas mayoritarias del independentismo en Cataluña coaligadas en Junt pel Si, se expresa en su defensa de un proyecto de estado soberano catalán en el marco de la UE. Cuando saben perfectamente que los Tratados de la UE (12) lo hacen sumamente difícil, por no decir imposible.
Pero en el caso, que un milagro lo hiciera posible, el nivel de deuda pública de la administración de la Generalitat que alcanza la cifra de 75.098 millones de euros, a la que habría que añadir la parte que le correspondería de la deuda del estado español, más la parte de la deuda exterior (privada y pública) que asciende a 1,911 billones de euros.
Este auténtico “contubernio” explica el silencio de todos ellos ante el rol decisivo de la UE en la gestión de la crisis y la imposición de las recetas económicas que priorizaban la devolución de la deuda a los países acreedores, y en consecuencia la reducción del déficit público a toda costa.
En este contexto, las fuerzas independentistas pudieron culpabilizar exclusivamente del malestar social y la crisis económica a Madrid como símbolo del estado español. Un estado, por otra parte, con escasos poderes para imponer una política alternativa si permanecía en el marco de la UE.
El cinismo hipócrita de las fuerzas mayoritarias del independentismo en Cataluña coaligadas en Junt pel Si, se expresa en su defensa de un proyecto de estado soberano catalán en el marco de la UE. Cuando saben perfectamente que los Tratados de la UE (12) lo hacen sumamente difícil, por no decir imposible.
Pero en el caso, que un milagro lo hiciera posible, el nivel de deuda pública de la administración de la Generalitat que alcanza la cifra de 75.098 millones de euros, a la que habría que añadir la parte que le correspondería de la deuda del estado español, más la parte de la deuda exterior (privada y pública) que asciende a 1,911 billones de euros.
La hipoteca de la deuda impedirá a Cataluña, en el
caso de continuar en la UE (lo cual defiende a ultranza Junts pel Si),
actuar como un estado soberano independiente al estar obligado a aplicar
las políticas dictadas por Bruselas y Berlín, so pena de conocer las
presiones y chantajes sufridos por Grecia.
En este escenario, determinados sectores de la izquierda radical han idealizado el conflicto nacional haciendo abstracción del marco condicionante de la UE, y sueñan que es una oportunidad para desencadenar un proceso de transformación revolucionaria superadora del capitalismo.
En este escenario, determinados sectores de la izquierda radical han idealizado el conflicto nacional haciendo abstracción del marco condicionante de la UE, y sueñan que es una oportunidad para desencadenar un proceso de transformación revolucionaria superadora del capitalismo.
En este deseo,
no tienen en cuenta que la hegemonía política del movimiento
independentista la detentan partidos y organizaciones que defienden el
capitalismo o no lo cuestionan abiertamente (salvo la minoritaria CUP), y
que los sectores populares movilizados son fundamentalmente la pequeño
burguesía urbana y rural, clases medias, etc.
La mayoría de la clase
trabajadora se mantiene distante, y no se dejará utilizar de carne de
cañón en la aventura independentista, su memoria sigue viva sobre las
políticas de recortes sociales y apoyo a la contrarreforma laboral de
CIU ahora PDeCat, que han provocado el aumento escandaloso de la
desigualdad (13).
Además, una parte importante de la sociedad catalana teme con razón, que en una sociedad tan integrada económicamente como la española, como demuestra las relaciones comerciales entre Cataluña y el estado español, la independencia tendría graves consecuencias sobre el bienestar general, y en particular de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.
Además, una parte importante de la sociedad catalana teme con razón, que en una sociedad tan integrada económicamente como la española, como demuestra las relaciones comerciales entre Cataluña y el estado español, la independencia tendría graves consecuencias sobre el bienestar general, y en particular de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.
No se trata únicamente
de las previsibles medidas de protección del mercado español respecto
de las “exportaciones” de Cataluña, en ausencia de la necesaria
redistribución fiscal de la riqueza que reequilibre la economía.
La
cuestión es más sencilla: el resto del estado español no podrá comprar
productos catalanes porque no dispondrá de recursos suficientes, y si lo
hace, será al precio de un grave endeudamiento que no podrá mantenerse
indefinidamente en el tiempo. Sin contar con los efectos devastadores
que ello supondría sobre las deudas respectivas y su credibilidad en los
mercados… (...)" (Diosdado Toledano , Rebelión, 12/09/17)
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