En las zonas de rentas más altas el voto independentista es mayor, mientras en las zonas obreras apenas tiene aceptación. La tergiversación de la realidad por esos voceros de la independencia o la “soberanía” es digna de esta época de la posverdad

"Es incomprensible cómo nadie puede llamarse a engaño respecto a los intereses de clase que se defienden en esta batalla, cuando es evidente que son las clases dominantes de antiguo pedigree catalán las que han puesto en marcha esta política de disgregación de la sociedad española y de enfrentamiento entre catalanes y no catalanes. Compruébense los apellidos de los que detentan todos los puestos de poder en la comunidad.

La tergiversación de la realidad por esos voceros de la independencia o la “soberanía” es digna de esta época de la posverdad. El principal argumento que utilizan dirigentes que se autocalifican de izquierdas -repitiendo lo que arguyen los independentistas- es que la convocatoria del referéndum corresponde a la voluntad mayoritaria del pueblo catalán. 

Conclusión que extraen de que en el Parlament los partidos PdCat, ERC y la CUP, han obtenido mayoría de escaños en las últimas elecciones. Pero la izquierda, aquella que siguiendo a Antonio Gramsci, reclama que “la verdad es siempre revolucionaria” no tiene derecho a apoyar esta conclusión, puesto que es falsa.

Que el reparto de escaños haya dado la mayoría en el Parlament a esos partidos es consecuencia de la ley electoral que en España prima a las formaciones de derecha, y a las provincias menos industrializadas y más deprimidas. Esta perversión del resultado de la consulta electoral la conocemos bien. 

Con el reparto que establece la Ley d’Hont, adaptada a la distribución provincial impuesta en la Transición por los partidos mayoritarios, las formaciones de izquierda sufren un enorme coste para obtener sus escaños. Como ejemplo suficiente hay que recordar que en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 IU obtuvo 2 escaños con un millón de votos. Es decir, que a esta formación cada escaño le costó medio millón de votos, mientras los partidos mayoritarios únicamente precisan de cuarenta o cincuenta mil.

Contando con ello, en Cataluña nunca se ha aprobado una ley electoral específica como se ha hecho en otras comunidades. Conociendo bien los diversos niveles culturales de los pueblos catalanes, Jordi Pujol y CIU mantuvieron la misma ley que la del Estado –ese que tanto detestan. En consecuencia, la distribución del voto está prevista de antemano. Las zonas rurales se decantan por las formaciones más conservadoras y la conurbación de Barcelona escoge las opciones progresistas. Por tanto, se conceden muchos más escaños a las primeras.

De tal modo ha sido posible que, con el 47% del voto, las opciones independentistas tengan mayoría absoluta en el Parlament. Pero esta distribución del voto no ha logrado que las izquierdas se retractaran de su apoyo a la reclamación del referéndum. Constatar que en las zonas de rentas más altas el voto independentista es mayor, mientras en las zonas obreras apenas tiene aceptación es una prueba de que el nacionalismo es un invento de la burguesía para dividir a la clase obrera, como decía Marx.

Afirmar que la mayoría del pueblo catalán está reclamando el referéndum y se decanta por la independencia es una falsedad que la izquierda no puede apoyar. A menos que no se consideren miembros de ese pueblo a aquellos que no aceptan las tesis del gobierno.

A esta propaganda hay que sumar otras falacias. Un escritor renombrado de esa izquierda afirmaba que la ANC, (Asamblea Nacional de Cataluña) era una organización nacida de la sociedad civil y alimentada con la participación popular de base. Es preciso ser muy ingenuo o muy taimado para defender esta versión de lo que es la ANC. 

Cualquiera bien informado sabe que es una construcción de CIU, ahora PdCat, y de ERC, alimentada, financiada y publicitada generosamente por la Generalitat. Todas las personas que la han creado y que trabajan esforzadamente en mantenerla pertenecen a los círculos de esos partidos, y han recibido millones de euros de los contribuyentes para llevar a cabo sus actuaciones. Las oficinas que mantienen, los empleados que allí trabajan, las asambleas que convocan, las manifestaciones que realizan, cuestan una fortuna, y las que sabemos de activismo podemos certificarlo.

A esa construcción artificial de “la voluntad popular”, se une el uso espurio que la Generalitat y sus acólitos están realizando desde hace diez años de los medios de comunicación públicos, absolutamente entregados a la campaña por la independencia, en la que utilizan los eslóganes más detestables para enfrentar a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y de España, con mantras como “España nos roba”, afirmaciones del tipo que “los andaluces están en la taberna gastándose nuestro dinero”, “el expolio de Cataluña” –en el artículo anterior expliqué cual era en realidad-, la “opresión del Estado Español sobre la nación catalana”, llegando al disparate de comparar la situación del Sáhara y su reclamación de referéndum con la de Cataluña.

Y no se crea que los medios a que me refiero son únicamente los de titularidad pública, como TV3, 3/24, 8TV y Catalunya radio, porque hay cientos de radios municipales financiadas por la Generalitat dedicadas a transmitir los mismos mensajes. Y aquellos periódicos, revistas y radios, supuestamente de propiedad privada e independientes, que apoyan el referéndum y el derecho a decidir están subvencionados generosamente por el gobierno. 

En realidad, dado el número de lectores, las publicaciones en catalán han de ser subvencionadas siempre para cubrir gastos. Y cuando se trata de panfletos que se dedican exclusivamente a hacer propaganda en defensa de la independencia como Ara, mucho más, puesto que a ese periódico le sería imposible subsistir si tuviese que financiarse únicamente con las aportaciones de sus lectores.

Si algún día se descubre, entre otros desfalcos cometidos por el gobierno, la fortuna que está suponiendo para todos los contribuyentes la campaña desaforada organizada por los diversos Consellers de la Generalitat para convencer, urbi et orbi, de que la reclamación de la independencia, o como mínimo de un referéndum para lograrla, es unánime en la población de Cataluña, muchos de sus orquestadores deberán ir a la cárcel.

El dinero que el gobierno no destina ni a la sanidad ni a la dependencia se invierte en las televisiones, las radios, los periódicos y revistas, los libros, las conferencias, las asambleas, las manifestaciones, las jornadas, los congresos y las embajadas en el extranjero, que están defendiendo la independencia de Cataluña, en una operación de propaganda desaforada perfectamente visible. 

La desvergüenza que muestran, con verdadera prepotencia, los dirigentes del PdCAt, ha tenido su última expresión en la chulería con que Puigdemont ha asegurado que el costo de la farsa del supuesto referéndum del 9 de noviembre de 2015, que el Tribunal de Cuentas calcula en 5.000.000 de euros, no importa nada puesto que únicamente significa un euro para cada uno de los cinco millones de catalanes. Es decir, que todos tienen que pagar, incluso aquellos que no estén de acuerdo con la convocatoria.

Y ciertamente así es, porque quieran o no, de los impuestos de todos los habitantes de Cataluña están saliendo los fabulosos gastos que cuesta el “procés”. Y de los demás españoles también, puesto que la deuda de Cataluña con el Estado, que estos días se ha puesto de relieve, asciende a la astronómica cifra de 70.000 millones de euros. Por eso, José Luís Ábalos, secretario de organización del PSOE, ha tenido la ocurrencia de pedir que se le condone, para hacerse más amigo de los gobernantes catalanes.

El entramado de los personajes que han dirigido la política catalana en los últimos 40 años es sólo digno de ser representado en El Padrino. Imposible será discernir nunca las cantidades de que se han apropiado las principales familias que han gobernado Cataluña, las que han repartido entre sus clientes y fieles y las que han invertido en propagar una ideología sectaria y xenófoba que sólo puede beneficiar a sus intereses.

Asegurar hoy, como hace cierta izquierda, que hay que aprobar una Constitución donde se reconozca el “derecho de autodeterminación de los pueblos de España”, suponiendo que estos están sometidos al poder colonial del Estado español; que todos los ciudadanos, se encuentren en Murcia o en Cataluña desean referéndums para decidir si se separan de España; afirmar que Cataluña está siendo expoliada por el resto de los españoles; que su déficit fiscal es el mayor de las comunidades y que todos los catalanes desean salirse de esta opresión escogiendo la independencia, es una de las campañas falaces más perversas que se han vivido en nuestro país.

Este es uno de los peores errores que haya cometido la izquierda en nuestro país, y del que únicamente se derivará fractura social, enfrentamientos entre las clases trabajadoras, enemistad y rencor con los demás españoles, desmovilización de las luchas sociales, aumento de la xenofobia y del racismo, y triunfo de la burguesía.

Precisamente, el objetivo que esta persigue.

Madrid, 19 de julio de 2017."                     (Lidia Falcón, Crónica Popular, 25/07/17)