Imaginen que el Gobierno central ordenara a funcionarios, jueces, notarios y registradores la cancelación de todos los protocolos y registros catalanes

"(...) La nacionalidad, contra lo que muchos parecen creer, es la condición de sujeto de ciertos derechos y obligaciones que se establecen en las normas jurídicas de un ordenamiento, y por eso los ciudadanos catalanes tienen la nacionalidad española. Nada más que por eso. No se trata de tradiciones, sentimientos o tauromaquias. Se trata de derechos personales.

Y eso es también lo que hace asombroso leer o escuchar que unos cuantos líderes alucinados se propongan iniciar una desconexión masiva y pacífica del Estado español. Es decir, se proponen que los catalanes se desprendan de su condición de sujetos de los derechos y deberes del orden jurídico del Estado español.

 ¿Habrán pensado lo profundo y decisivo que es este aspecto jurídico de su identidad, de la identidad de cada uno de los ciudadanos catalanes a los que dicen estar liderando? Mencionemos algunas cosas para recordárselo.

La condición básica de sujetos de derecho (mayores o menores de edad, solteros o casados, padres o hijos, herederos o causantes, etcétera), su condición de ciudadanos del Estado y en consecuencia de la Unión Europea, de titulares de derechos sobre sus viviendas, sus tierras y sus masías, y la necesaria identificación y deslinde de esos sus bienes inmuebles, igual que su condición de actores y partícipes en sus sociedades mercantiles y la consiguiente descripción pormenorizada de su capital y bienes, etcétera. Todas esas cosas y algunas más se encuentran establecidas y preservadas en registros públicos bajo legislación estatal, sobre los que ni la Generalitat ni el derecho histórico catalán han tenido nunca competencias. 

Y ahora al parecer se insta a los ciudadanos a que desconecten “masivamente” de esas leyes. ¿Cómo se puede pedir eso? ¿Es que acaso no conforman esos datos capas decisivas de lo que constituye el yo de los catalanes, también de su libertad?

Si lo ponen en duda, les invito a hacer un experimento mental antes de intentar tan peregrina aventura: imaginen que el Gobierno central ordenara a funcionarios, jueces, notarios y registradores la retirada y cancelación de todos los protocolos y registros de los que son responsables y que son propiedad del Estado español. 

En seguida sentirán el daño que sufre su identidad personal y el vértigo que experimentan ante la profundidad tan decisiva de esos estratos de su yo. Esta es una hipótesis remotísima y ficticia, como la propia secesión de Cataluña, pero solo pensar que la desaparición de ese sistema de seguridad jurídica preventiva les cancelaría como sujetos activos en tantas y tan importantes dimensiones bastará para que se den cuenta de que debajo de sus emociones primarias tienen identidades más profundas y sin duda más importantes que les sumergen en el orden jurídico español, del que extraen rasgos decisivos de su condición ciudadana.

Autoridades catalanas hay que dicen estar dispuestas a ignorar las leyes españolas. ¿También estas? ¿Cómo lo podrán hacer sin producir un daño irreversible? Demasiada gente en Cataluña no percibe que le están animando a caminar hacia un espejismo, y unos pocos están estimulando irresponsablemente una quimera. 

Es preciso recordarles que no están emprendiendo un viaje emocional para mudar alegremente de piel, sino una travesía dramática en la que pueden dejársela sin acertar a encontrar otra mejor, resultar lesionados en identidades muy profundas y acabar en un trágico e innecesario naufragio."    (...)"(Francisco J. Laporta  , El País ,25 ENE 2016)