"La detención del tesorero de Convergencia Andreu Viloca y de altos
cargos de la Generalitat y empresarios afines a CDC, con motivo del
escándalo de la comisiones del 3 % del primer partido catalán,
constituye un hecho especialmente relevante porque esa corrupción
anclada en contratos públicos de la Generalitat incluye el agravante de
que entre los objetivos de financiación del partido que preside Artur
Mas está el proceso de la independencia de Cataluña.
Este hecho, que marca una diferencia en la corrupción de Convergencia
con otros casos de distintos partidos como el PP -el extesorero
Bárcenas también fue, en su día, detenido y encarcelado, o del PSOE con
los ERE de Andalucía-, tiene como una causa mayor agravante la búsqueda
de comisiones corruptas a cambio de varios y presuntos contratos
fraudulentos otorgados por la Generalitat de Cataluña para, con ese
dinero, financiar buena parte del proceso independentista que lidera el
presidente de CDC, Artur Mas.
De manera que, con presuntas concesiones fraudulentas de la
institución del Estado que es la Generalitat de Cataluña, se recaudaron
importantes comisiones ilegales que a su vez han servido y sirven para
financiar la ruptura de la unidad de España, lo que también se debería
imputar a las empresas pagadoras.
Y Lo que, en suma, es una fuente
económica más, y de origen público -está en investigación por el
Tribunal Superior de Cataluña el uso de dinero público en la Consulta
del 9N de 2013-, del uso perverso de dinero de todos los españoles para
financiar el proceso independentista que a su vez es ilegal e
inconstitucional.
Que Artur Mas, que tiene una directa responsabilidad política y
probablemente penal, en la corrupción de Convergencia diga ahora que
está siendo víctima de una ‘caza mayor’ por el Estado, la Fiscalía y los
tribunales constituye una lamentable y pobre excusa y argumentación,
cuando lo que debería hacer es asumir él toda la responsabilidad por los
hechos que se atribuyen a su tesorero Viloca.
Y falta por ver cuáles y
cuántos son los contratos con los que la Generalitat ha beneficiado a
las empresas pagadoras de las comisiones -a través de fundaciones varias
de CDC- porque en ese caso la responsabilidad penal de Mas y de sus
consejeros afectados puede ser todavía mucho mayor.
Lo que está claro en todo esto es que Artur Mas está afectado hasta
el cuello en las corrupciones de Convergencia, probablemente en las
concesiones fraudulentas de contratos de la Generalitat y en el uso de
fondos públicos, y todo ello y a la vez para financiar su partido y el
propio proceso independentista catalán.
Él sabe que eso es así y puede
que, por todo ello ha intentado huir de la Justicia en la compañía de
sus socios y amigos -como la familia Pujol- explique la urgencia actual
del demencial proceso secesionista.
Sin embargo, estos últimos acontecimientos del 3 % catalán y los que
arrastra el conjunto de la corrupción en España, así como la lentitud de
la investigación del caso de los Pujol podrían estar -y ello sí que
sería preocupante- sobre o bajo una misteriosa mesa de negociación
política en la que grandes partidos como PP, PSOE y CDC podrían estar
pactando un apagón judicial para archivar o deshacer todos los casos de
corrupción. En Cataluña a cambio de la suspensión del proceso y en el
resto de España para favorecer el bipartidismo del PP y PSOE.
Esta es, sin duda, una especulación arriesgada pero llaman mucho la
atención las reformas urgentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
donde se prevé, incluso con efecto retroactivo, el archivo de sumarios
que llevan mucho tiempo abiertos -como es el de Gürtel o los ERE- por su
complejidad, de igual manera que sorprende el intento del magistrado
López -muy afín al PP- de instruir la causa de Gürtel, y la ‘exclusión’
de la jueza Alaya de la causa de los ERE de Andalucía, a pesar de que al
aceptar su ascenso se le confirmó que podría seguir con este sumario,
lo que ahora ha resultado falso.
Extrañas coincidencias todas ellas, que se suman a la vista gorda de
la Fiscalía con el clan delictivo de los Pujol, que abundan en esta idea
conspirativa denunciada por distintas asociaciones de jueces y fiscales
según la cual se estaría urdiendo un misterioso plan que llaman de
‘punto final’ a la corrupción. (...)" (Pablo Sebastián, República.com, 22/10/2015)
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