"¿Qué implicaciones éticas, morales y políticas tiene una identidad
concreta para exigir un marco institucional particular que distorsione
la igualdad de oportunidades? (...)
La tradición ética que se erige sobre los principios de justicia social y progreso, integra brillantes mentes de diversas disciplinas como el economista Amartya Sen, la filósofa Martha Nussbaum, o el historiador Eric Hobsbawm. Estos autores, pueden enmarcarse dentro de la corriente política del republicanismo (...)
Martha Nussbaum advirtió de la distorsión de los objetivos de la
izquierda que se denomina nacionalista, que supedita a los individuos a
determinadas esencias o cualidades que transcienden a ellos mismos, con
las siguientes palabras: “este énfasis en el orgullo patriótico es
moralmente peligroso y que, en última instancia, subvierte alguno de los
objetivos más dignos que el patriotismo pretende alcanzar: por ejemplo,
el de la unidad nacional en la lealtad a los ideales morales de
justicia e igualdad”(Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia
y “ciudadanía mundial”, 1999).
Si bien, sería injusto e insolente tratar a todos los nacionalismos
igual. Se debe ser consciente de las diferentes realidades que habitan
en los modernos nacionalismos que proliferan en el seno de naciones
desarrolladas, con los que florecen en regiones cuya realidad social
hacen de la reivindicación de justicia y la igualdad su razón de ser.
Este es el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación tal como
es reflejado en la Carta Internacional de Derechos Humanos. (...)
Esta cara de la identidad cultural en la acción política, como
manifestación de la situación de desventaja sufrida por grupos
minoritarios que reclaman poder vivir su cultura con los mismos derechos
sociales y políticos que el resto, es totalmente diferente de aquella
que, a través de un exceso de importancia a unos determinados factores
culturales, puede suponer una amenaza para las libertades individuales.
La capacidad de lograr algo, la libertad efectiva de conseguirlo y no
solo el tener permiso para ello, es lo que se encuentra en el corazón
del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que vincula la calidad de
vida y el bienestar con la libertad.
Según señala: “el funcionamiento
es algo que se logra, mientras que la capacidad es la facultad de
lograr. Los funcionamientos están, de alguna manera, más directamente
relacionados con las condiciones de vida, puesto que son diferentes
aspectos de las mismas.
Las capacidades, por el contrario, son una
noción referente a la libertad en un sentido positivo: qué oportunidades
reales se tienen en relación con la vida que uno podría llevar” (Sobre
ética y economía, 1989).
Para explicar la libertad del sujeto de poder vivir de una u otra
forma, de alcanzar o decidirse por unos u otros objetivos, hay que
considerar todo el repertorio de funcionamientos a su alcance, los
cuales dependen en última estancia del marco institucional existente.
Se
trata pues, de que las personas tengan las oportunidades de elegir la
vida que ellos quieren llevar, sin limitarse a la concepción de libertad
tan insuficiente de quienes no se preocupan en absoluto de si algunas
personas disfrutan de las oportunidades o son sistemáticamente privadas
de ellas.
Pero, ¿Cómo pueden los nacionalismos restringir las oportunidades reales de los individuos?
Atendiendo al marco institucional vigente, bajo dominio claramente neoliberal, las capacidades de la gran mayoría de la población dependen en buena parte de los servicios públicos a los que pueden acceder, como sanidad, educación, transporte e incluso vivienda.
Con la imposición
política de una restricción a los presupuestos públicos, la política
fiscal queda condicionada a la capacidad de recaudar impuestos o de
emitir deuda pública.
Como las personas tienen diferentes circunstancias y situaciones, que
inciden en sus capacidades, unas necesitaran mayores recursos que otras
para lograr las mismas oportunidades.
De no tomar en consideración
tales disparidades, hay quienes se verán empujados a tomar decisiones en
un cuadro de posibilidades muy restringido, diseñado por las decisiones
de otras personas que han tenido un abanico de opciones más amplio.
Evidentemente, el horizonte que se abre no es ilimitado, pero sí que se
puede hacer mucho por ampliarlo y salvar ciertas circunstancias
perniciosas, y la mejor herramienta para ello es el gasto público.
Esta forma de proceder es lo que denominamos justicia social, la creación de un marco institucional que atenúe las desiguales condiciones y situaciones en las que los individuos, de manera arbitraria, nos vemos abocados en alguna etapa de nuestras vidas. (...)
El progreso no tiene nada de natural, y bien gestionado, tiende a la
integración de la humanidad mediante un proceso de convergencia que, no
sin obstáculos o resistencias, tiende a equiparar las condiciones de
vida y oportunidades, tanto de clase como territoriales.
Tal dinámica
lleva a la alteración de las relaciones de poder, alertando a quienes
ven peligrar su posición dominante y desencadenando reacciones por su
parte. Tal proceder es algo que, de una forma u otra, ha caracterizado
la evolución de la civilización.
En el caso que nos ocupa, un proceso de convergencia regional
modificaría la situación de ciertos grupos de poder. Modificaría su
posición frente a la negociación y localización de todo tipo de
inversiones, tanto privadas como públicas, así como el manejo de otras
tareas relacionadas con los asuntos públicos.
Una distribución más
beneficiosa del presupuesto total significaría un mayor espacio fiscal
para gastar, blindándose mediante la reafirmación de los valores
nacionales, y promoviendo artificios de diferenciación con respecto al
resto de la sociedad, fundamentalmente históricos, que ocupan un lugar
importante en todos los sistemas conocidos de educación pública. (...)
A su vez,
la convergencia con el resto de regiones sería obstaculizada, pues no
se estaría distribuyendo el presupuesto en función de criterios de
justicia social, sino por la jerarquía de una determinada identidad,
quedando las oportunidades que se den en el resto de territorios,
sometidas a sus relaciones.
La consecuencia inevitable del desarrollo desigual sería una balanza
comercial positiva de la región desarrollada, por su dedicación a
actividades de mayor valor añadido, a consecuencia del resto. En cuanto
el mecanismo de encaje de tal superávit comercial dentro de los
balances, que son las transferencias interregionales, no obedezca a
criterios contables, la propia producción de la región más desarrollada
se verá afectada, pues no el resto de regiones no tendrán los recursos
para absorber sus excesos de capacidad productiva, aumentando el
desempleo interior y disminuyendo la riqueza total.
En fin, aún por mucho que sean interiorizadas como suyas por las masas
las estrategias nacionalistas, éstas no sirven más que para mantener una
posición de poder respecto a otros, en perjuicio del bienestar del
conjunto.
La izquierda no puede arroparse con propaganda nacionalista y
abandonar el discurso de la igualdad de oportunidades, aceptando una
natural disparidad de capacidades, cayendo en el fragoroso debate de los
sentimientos y las identidades. La bandera de los progresistas no debe
ser otra que la justicia social, que represente a todas y a todos aún
seamos muy diferentes, independientemente de cómo nos sintamos.
Una
sociedad plural no necesita fronteras, sino integración y convivencia en
un marco institucional común que nos permita desarrollar nuestras
capacidades, sin resquebrajar la libertad individual, que se ve afectada
en cuanto las decisiones se toman en función de determinados aspectos
que transcienden a las personas.
¿O es que pretendemos cambiar
jerarquías de clase por identitarias? Los progresistas deben dar un paso
al frente y romper con este sinsentido." (Esteban Cruz Hidalgo, Econonuestra, Público, 21/10/2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario