"(...) una DUI en grado de tentativa. El concepto tiene su miga. Consiste, básicamente, en lo siguiente:
1) La lista unitaria independentista que propone Mas obtiene en las
próximas elecciones mayoría absoluta;
2) los vencedores convierten las
elecciones en un plebiscito sobre la independencia, sin reparar en
pequeñeces como que no es lo mismo contar votos que contar escaños; y
3) se comunica urbi et orbi la intención de constituir un Estado
catalán y se inician las negociaciones formales para acordar las
condiciones para la creación del nuevo Estado y su entrada inmediata en
la UE, la ONU, la OTAN, etcétera.
Pasamos así del derecho a la
autodeterminación al derecho a determinar a nuestro albedrío el orden
mundial en 18 meses. Basta con que la lista de Mas obtenga 68 de los 135
diputados del Parlamento catalán.
Así, para reformar el Estatut, una
decisión importante, se necesitan 90 diputados, mientras que para
proclamar la independencia, que al parecer debe de ser una decisión
mucho más liviana, con 68 va que arde.
Mas sostiene que su hoja de ruta permite que incluso “gente que no
está necesariamente a favor de la independencia, hasta que llegue ese
punto pueda seguir luchando para hacer que eso (sic) pueda llegar”.
Vaya, que —sin que quede muy claro qué diablos es “eso”— los catalanes
podemos votar tranquilamente a favor de su lista unitaria que, si
después vienen mal dadas y la comunidad internacional no bendice “eso”,
nos retractamos en las siguientes elecciones y aquí paz y después
gloria. Lo dicho, una DUI en grado de tentativa.
A partir de ahí, Mas amenaza con que, si el Estado español no se
aviene a negociar, el proclamado Estado catalán no asuma su parte
proporcional de la deuda española. Y se queda tan ancho.
Pero ¿cómo iba a
financiarse un Estado que la comunidad internacional no reconoce por
haber declarado su independencia unilateral de un Estado como España,
miembro de la Unión Europea y, por tanto, comprometido con los
principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, así como del Estado de derecho?
(...) valoremos la hipótesis de que el flamante Estado catalán acuda a los
mercados internacionales tras negarse a asumir su propia deuda (180.000
millones correspondientes al peso de la economía catalana en España y el
valor de los activos que tiene el Estado en Cataluña, de 50.000
millones, a los que habría que añadir los 60.000 millones de deuda de la
Generalitat.
En total, 290.000 millones, el 145% del PIB catalán).
Entonces, la pregunta sería: ¿qué tipos de interés tendría que pagar
para financiarse en los mercados internacionales un Estado que nace de
una declaración de independencia ilegal y que, además, se niega a asumir
su deuda? (...)
Máxime cuando la construcción de un nuevo Estado conllevaría unos
enormes costes de transición (hacienda, diplomacia, defensa, seguridad,
etcétera), lógicamente muy superiores a los derivados del mero
mantenimiento de un Estado preexistente, transición que a buen seguro
requeriría de una ingente financiación externa.
Por no hablar del
llamado “efecto frontera”, que los partidarios de la secesión se empeñan
en minimizar limitándose a constatar que “las fronteras han dejado de
existir”, pero que en la práctica continúa operando incluso dentro de la
UE, donde efectivamente las fronteras estatales han desaparecido.
Sin embargo, cualquiera diría que siguen estando ahí. De lo
contrario, ¿cómo se explica que seis de los 10 principales socios
comerciales de Cataluña sean comunidades autónomas? ¿O que Aragón sea el
principal socio comercial de Cataluña, por encima de Francia?
En vista
de esas estrechas relaciones comerciales, cabe, por lo menos,
preguntarse qué impacto produciría el levantamiento de una frontera
entre España y una Cataluña independiente que, además, quedaría de
entrada fuera de la UE. (...)" (Ignacio Martín Blanco , El País,
5 DIC 2014)
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