"(...) Pocas decisiones públicas más cruciales que la secesión, que crea una
nueva comunidad política a fuerza de deshacer otras dos. Declara
políticamente extranjeros a quienes hasta entonces eran conciudadanos
(españoles), una quiebra de efectos irreversibles.
Y, por si fuera poco,
conduce también a deteriorar los lazos afectivos con familiares, amigos
o colegas (catalanes y españoles) partidarios de otra alternativa
pública.
Por eso la moral internacional reconoce la secesión de una parte del territorio de un Estado tan sólo como un derecho remedial,
algo que pone fin a una cadena de abusos o violaciones de derechos
perpetradas por ese Estado frente a la comunidad que demanda separarse
de él.
¿Y cuáles son, en nuestro caso, esos abusos y discriminaciones
tan insufribles? No parece que unos ridículos agravios sentimentales,
ciertos cálculos fiscales en que ni los más expertos concuerdan o
supuestos derechos históricos que la historia jamás puede engendrar
merezcan remediarse con la secesión.
Pero los enviados del Parlamento
catalán al Parlamento español hace un mes tampoco exhibieron a su favor
estas heridas. En su lugar, la batería de argumentos que sembraron en el
debate pretendió afincarse en la idea de democracia. Seguramente por
sentirse amparados por ese tópico estúpido de que nadie tiene derecho a pedirme que renuncie a mis ideas.
Pues, según se encargaron ellos de hacer notar, allí no acudieron representantes de la sociedad catalana, ciudadana y plural, sino tan sólo portavoces de un hipotético pueblo catalán, único y nacional. (...)
¿Qué significa entonces la democracia para este pueblo étnico y sus
intérpretes? El puro ejercicio de su voluntad sin restricción ninguna;
frente a esta voluntad, lo demás sólo puede ser producto de una mala
voluntad.
Hubo un parlamentario de CIU que seráficamente pronunció que
el movimiento secesionista iba “a favor de, no en contra de nadie”, por
si nos temíamos otra cosa… Falta voluntad política, repetía en el
hemiciclo el eslogan secesionista: “Si se quiere, se puede”.
Que se
pueda no querer porque no sea razonable ni legítimo quererlo, eso al
nacionalista no le cuadra: en política —democrática o demagógica, qué
más da— importa la decisión, no la reflexión.
A lo más, la negociación
de amenazas y promesas, porque hace tiempo que la democracia habla el
lenguaje del mercado. Los argumentos sobran porque, oiga, no pretenderá usted convencernos, ¿verdad?
Los juicios valen sobre todo si son prejuicios y a los prejuicios los
traemos ya desde casa y los colegas se encargan de reforzarlos para que
nadie se salga del rebaño.
Bueno, ¿y cómo se ha formado esa voluntad independentista que se
tiene a sí misma por autosuficiente? Primero gracias a su Gobierno. El
Gobierno catalán ha trampeado, confundido, adoctrinado a sus ciudadanos y
a la opinión pública de esa comunidad y en lo posible de la española.
Y, puesto que relega a España a la categoría de enemigo, se siente
plenamente justificado para hacer todo eso. Al enemigo, ni agua,
ya se sabe. Bastaría observar la obstinada indecencia de su política
lingüística, para deducir cuáles iban a ser los medios de su política
para la secesión.
Pero ese Gobierno no ha estado solo a la hora de dar alas al
nacionalismo. Le han acompañado durante decenios unas fuerzas políticas,
a derecha e izquierda, incapaces de cuestionar los privilegios forales
de las comunidades navarra y vasca, aun a sabiendas de que tales
prerrogativas pre y antidemocráticas encarnaban el permanente objeto de
deseo de los dirigentes catalanes.
Súmenle esa izquierda que ha
antepuesto la defensa de la identidad de los pueblos a la defensa de la
equidad para las personas, o sea, que se imagina progresista cuando va
de reaccionaria.
Añadan aún a quienes advertían de entrada que ellos no
eran nacionalistas, por Dios, pero jamás esbozaron siquiera una mueca
ante sus desvaríos y han acabado así en el cuadro de honor del
nacionalismo. Y no se olviden del silencio culpable de tanto ciudadano
que temía volverse sospechoso de tibieza patriótica ante los suyos.
Entretanto los Gobiernos españoles han callado y, a lo más,
respondido con argumentos constitucionales, que no deberían ser los
primeros, sino los últimos en zanjar el pleito. (...)
De suerte que los representantes del pueblo catalán esparcieron ese día
en el hemiciclo unas definiciones de democracia que avergonzarían a un
ciudadano medianamente instruido.
“Democracia es votar”, sentenció uno. Y
votar es expresar preferencias acerca de una propuesta, en efecto, sólo
que ese ejercicio no se libra a su vez de un examen democrático: ¿con
qué grado de información verídica y de libertad se han formado y cuál es
el grado de justicia de esas preferencias? Eso sin contar que los
derechos fundamentales no están sujetos al voto de nadie, sino más bien
protegidos frente a él. (...)
Y todos ellos coincidieron, claro está, en considerar democrático el
proceso de independencia porque así lo quiere “la mayoría del pueblo
catalán”. Se les olvida que tal número será de hecho nada más que una
minoría de todos los afectados por esa secesión. Ignoran también que sólo al final la democracia consiste en un procedimiento de toma de decisiones mediante la regla de la mayoría.
Antes que eso,
es un principio público que atribuye igual libertad a los sujetos
políticos. Lo primero que toca entonces preguntarse es si las premisas
de lo puesto a votación y sus efectos previsibles respetan los derechos
de los ciudadanos iguales y libres.
Pues no: la iniciativa nacionalista
sólo viene a respetar a lo más los derechos de los ciudadanos catalanes,
pero no los del resto de españoles. Ciudadanos iguales en derechos
serían los catalanes entre sí y frente a ellos seríamos desiguales todos
los demás; al votar, aquéllos ejercerían su libertad política, pero al
precio de maniatar la nuestra.(...)" (
Aurelio Arteta
, El País, 13 MAY 2014 )
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