"(...) Argüir la fuerza implacable de la Constitución para impedir la consulta
es inequívocamente legítimo, pero dudo mucho que sea tan útil
políticamente como la respuesta dada por el Tribunal Supremo de Canadá a
la ofensiva soberanista de Quebec, un intento jurídico serio de ofrecer
una vía legal que, sin reconocer el “derecho a la secesión”, permita
atender las demandas pacíficas y democráticas de una parte de su
población y que aquí podría contemplarse mediante una ley ordinaria que
regulara el derecho de una comunidad autónoma a plantearse un futuro
diferente bajo determinadas condiciones.
No tienen derecho a irse por las buenas (como corroboraba hace unas
semanas el profesor Rubio Llorente), pero consulten ustedes a la
ciudadanía, les vino a decir el tribunal a los quebequeses, mediante una
pregunta clara sobre irse o quedarse sin eufemismos ni trampas
semánticas como “derechos a decidir” y sucedáneos; en segundo lugar
deben obtener ustedes una mayoría amplia (a determinar, pero no parece
suficiente la simple mitad más uno para romper un país), garantizar los
derechos de quienes en su comunidad no quieren separarse (el nuevo
Estado debería ser tan plurinacional y plurilingüístico como el que más)
y, una vez en este punto, negociar el reparto de muebles con el resto
del país (previa reforma constitucional). Y así están las cosas desde
entonces en Canadá, en un tranquilo statu quo.
¿Que el riesgo es demasiado grande? ¿Y cuál es el de no hacerlo?(...)
Como sugiere la Ley de Claridad canadiense, la pregunta debe ser
clara, sin ambigüedades (la propuesta por la Generalitat es, cuando
menos, compleja), y debe estar precedida por una campaña diáfana en la
que se explique a los electores catalanes los pros y contras de la
decisión, especialmente económicos y de inserción internacional, sin
tapujos ni subterfugios.
En este sentido, los ingleses están dando una
lección de pragmatismo: pregunten ustedes a sus ciudadanos, les dicen a
los escoceses, si quieren seguir perteneciendo o no a UK, pero tengan en
cuenta que en caso negativo les trataremos como a extranjeros, que
nuestra Armada no tiene por qué construir sus barcos en astilleros
escoceses, que cuál va ser su moneda, cómo se va a realizar el reparto
de la deuda, etcétera.
El escuchar la respuesta parece mucho más inteligente que el prohibir
la pregunta, menos dañino para la marca España y puede que abocara,
como en Canadá, a un plácido statu quo para varios lustros, lo cual sería un alivio y un descanso para la ciudadanía de este país… de países." (
Pedro J. Bosch , El País, 7 ENE 2014)
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