"(...) Se ha pretendido argüir que los catalanes ya son ciudadanos europeos y
no se les podría privar de esa ciudadanía, pero esa interpretación es
difícilmente sostenible. El artículo 9 del TUE dice: “…Será ciudadano de
la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.
La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin
sustituirla”.
Es decir, se es ciudadano de la UE porque se es ciudadano
de un Estado miembro —en este caso España— y, en sentido contrario, la
pérdida de esa condición implica simultáneamente la pérdida de la
ciudadanía europea, que es consecuencia de aquella.
La Comisión Europea, ante una pregunta de la europarlamentaria
laborista británica Eluned Morgan, dictaminó en marzo de 2004, que
“cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar
parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado
independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado.
En otras
palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su
independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión
y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de
aplicación en su territorio”. Este dictamen fue reiterado por el
presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, en noviembre de
2012, y por la portavoz Pia Ahrenkilde y el comisario Joaquín Almunia el
pasado día 16.
En cuanto a un posible reingreso, no existe otro camino que el
descrito en el artículo 49 para cualquier ampliación, es decir, mediante
un tratado de adhesión específico, y si hubiera otra vía en el futuro
tendría que ser previamente aprobada también por unanimidad de los
miembros actuales.
En el Consejo Europeo, donde debería ser aceptado el
hipotético reingreso de Cataluña, todos los Estados miembros tendrían
derecho de veto. Por tanto, ese reingreso solo sería posible con el
acuerdo de Madrid, aunque ni siquiera ese acuerdo garantizaría que no
fuera vetado —o pospuesto— por cualquier otro Estado miembro
Nada sólido se ha construido nunca sobre bases falsas. Las
posibilidades de que una Cataluña independiente se convirtiera en un
Estado miembro de la UE, de forma automática, son nulas. No es un asunto
en el que quepan diversas interpretaciones, o para el que no haya una
posición clara de la UE.
Los tratados establecen de manera inequívoca
las condiciones de acceso de cualquier nuevo miembro, incluyendo la
unanimidad en el Consejo Europeo. Ocultar a los ciudadanos catalanes
esta realidad —y sus consecuencias económicas— es engañarlos y puede
llevar a falsear una consulta democrática, mientras se invoca la
democracia para demandar su celebración.
El asunto es demasiado grave como para no ser honrados. Quizá algunos
nacionalistas —los más radicales— prefieran una Cataluña independiente,
aunque quede fuera de la UE y su reingreso sea imposible sin el
consentimiento de España.
Es posible que otros —más moderados— no
busquen la independencia completa, sino un reconocimiento de soberanía
que les facilite negociar con Madrid un estatuto muy ventajoso sin
llegar a una ruptura formal, lo que les permitiría seguir en la UE como
parte de España. Ambas posiciones políticas son respetables si se asumen
abiertamente, aunque requieren una modificación de la Constitución.
Lo que no es respetable es confundir a la opinión pública presentando alternativas que se saben imposibles.(...)" (
José Enrique de Ayala
, El País, 21 SEP 2013 )
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