"Siete años ha tardado la Justicia en terminar la instrucción del sumario
abierto por el ‘chivatazo’ del bar Faisán y comenzar la celebración del
juicio. (...)
Además, siete años después, tampoco han sido juzgados los presuntos
implicados en la trama de extorsión de ETA objeto de la investigación en
la que se produjo el ‘chivatazo’. Los dos policías son acusados de
colaboración con ETA antes de que sean juzgados los supuestos etarras y
de que se determinen judicialmente los delitos cometidos por la red de
extorsión.
El ‘chivatazo’ del ‘caso Faisán’ ha sido siempre presentado como una actuación destinada a evitar una operación contra ETA decidida por los jueces en un momento que resultaba políticamente inoportuno para el Gobierno de la época por estar en pleno proceso de negociación con la banda.
Con el ‘chivatazo’ se habría pretendido evitar
unas detenciones que iban a interferir en las conversaciones. De hecho,
el asunto generó tensiones en los encuentros celebrados en Suiza entre
los enviados del Gobierno y ETA los días 22 y 23 de junio de 2006.
Sin embargo, cuando se lee detenidamente el escrito de calificación del
fiscal se observa que el asunto de la negociación con ETA no aparece
como móvil del ‘chivatazo’.
La Fiscalía considera que lo que motivó la decisión de sabotear las
detenciones fue el deseo de evitar el arresto del dirigente del PNV
Gorka Agirre, miembro del EBB, que había celebrado encuentros con los
principales implicados en la trama de extorsión.
La captura de un
destacado dirigente del PNV en una operación contra ETA hubiera creado
no pocos problemas al Gobierno, que tenía una excelente relación con el
partido liderado entonces por Josu Jon Imaz. Evitar el arresto de Gorka
Agirre, que luego tuvo que declarar como imputado, fue lo que, según la
Fiscalía, provocó el ‘chivatazo’.
La sentencia que se dicte establecerá la verdad judicial de lo ocurrido, aunque llegará tarde." (EL CORREO 17/09/13, FLORENCIO DOMÍNGUEZ, en Fundación para la Libertad)
"(...) Grande Marlaska imputó un delito de colaboración con banda armada -el mismo por el que se sientan ahora en el banquillo de los acusados Ballesteros y Pamies- al entonces dirigente del PNV e histórico del nacionalismo Gorka Agirre, ya fallecido, al que finalmente retiró la imputación a lo largo de la instrucción.
La acusación fue también histórica ya que ningún líder peneuvista hasta entonces había sido imputado por un delito de colaborar con ETA. El entonces portavoz peneuvista y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, el día en el que se le pusieron medidas cautelares a Agirre por colaboración con ETA -el 28 de junio de 2006- dijo que tomaba nota de la actuación del fiscal y se preguntó si el ministerio público actuaba a "impulso políticos".
- ¿Cuál era, en realidad, el papel de los mediadores?
Otras personas, supuestamente ligadas al aparato de mediadores
necesarios para efectuar los pagos, también fueron imputadas y detenidas
en su momento. Desde el histórico fundador de ETA, Julen Madariaga,
hasta el periodista Pablo Muñoz, al que el juez Baltasar Garzón -una vez
recuperado el sumario tras dejar el juzgado central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional- desimputó en el auto de 24 de octubre
de 2008 cuando constató que las "contradicciones" que le rodeaban solo
han "podido concretarse en el hallazgo de una copia de la carta en la
que se reitera el pago al señor Martínez Bueno en poder del imputado".
En la red desplegada por ETA para cobrar la extorsión, muchas personas
hacían labores de mediación con una vocación más "humanitaria" que de
colaboración alguna con los terroristas.
Pero algunos fueron detenidos a
lo largo de la instrucción generando una alarma en la que muchas
personas que se habían mezclado en esta tarea -"más por ayudar y por los
contactos con ese mundo que otra cosa", aclaran fuentes conocedoras de
los entresijos de la red- acabaron arrestadas e imputadas.(...)" (eldiario.es, 16/09/2013)
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