"Una de las cosas más sorprendentes del actual debate político en
Cataluña es la casi universal aceptación por parte de sus élites
políticas del jurídicamente inexistente “derecho a decidir”. En
realidad, como ya se ha explicado otras veces, el “derecho a decidir” no
es sino una versión edulcorada del derecho de autodeterminación, que,
este sí, tiene claramente definidas las condiciones de su ejercicio en
el derecho internacional.
Pero el derecho de autodeterminación es un
expediente que, por su vinculación histórica a los planteamientos, entre
otros, de la izquierda marxista, resulta difícil de digerir para parte
de los sectores mesocráticos que constituyen el grueso del movimiento
independentista catalán. (...)
Como es sabido, el ejercicio del derecho de autodeterminación solo es
reconocido en la práctica internacional cuando concurren circunstancias
(dominación colonial, ocupación militar, agresión grave y flagrante
contra una minoría nacional) que, salvo para las mentes más delirantes
del mundo nacionalista catalán, no se dan en Cataluña. (...)
El “derecho a decidir” resuelve ese problema al trasladar el debate
desde lo nacional al terreno del respeto democrático por la opinión de
la mayoría. Con el derecho internacional en la mano, Cataluña no tiene
derecho a la autodeterminación (como no lo tenía Quebec en relación con
Canadá, según la sentencia sobre el tema del Tribunal Supremo
canadiense).
Pero ¿cómo objetar el simple ejercicio de la democracia que
representa el “derecho a decidir”? Si hay una mayoría de ciudadanos y
ciudadanas de Cataluña que quieren ser preguntados sobre el tipo de
vinculación que debería existir entre esta y España, ¿cómo puede
cualquier demócrata oponerse a la realización de una consulta semejante?
Argumento de potencia innegable, pero tramposo. (...)
En realidad, ese “derecho a decidir”, ese supuesto ejercicio de
democracia radical, aparece en nuestro debate circunscrito a una única
cuestión: la independencia de Cataluña.
A Mas, Junqueras o la presidenta
de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, no se les pasa por
la imaginación que la sociedad catalana pudiera también ejercer su
derecho a decidir sobre, por ejemplo, los brutales recortes sociales que
el “Govern dels millors” del presidente Mas, ahora con la connivencia
de su aliado (y jefe de la oposición al mismo tiempo), perpetra desde
hace años contra sus connacionales. (...)
Por otra parte, resulta absolutamente falaz el argumento de que basta
con que una mayoría de ciudadanos de un territorio determinado exija
ser consultado sobre un tema capital para que tal consulta tenga que ser
aceptada por todo demócrata que se precie.
Sin pretender establecer
comparación alguna entre situaciones que nada tienen que ver entre sí:
¿algún demócrata defendería que, cinco décadas atrás, el Gobierno de
Estados Unidos debería haber atendido una hipotética demanda de ejercer
el “derecho a decidir” sobre la legislación que pretendía acabar con la
segregación racial, si lo hubiese pedido una amplia mayoría de los
habitantes de alguno de los Estados del sur donde dominaban los
partidarios de dicha segregación?
Si la respuesta, quiero creer, es no,
¿cuándo, entonces, sería legítimo ejercer tal derecho y cuándo no?
¿Sobre qué temas sí y sobre qué temas no? ¿Y quién decidiría sobre ello?
El “derecho a decidir” no puede ser base de legitimación de nada porque no es más que un artefacto ad hoc
para saltar lo que con la legalidad internacional —y no solo la
española— en la mano sería un muro infranqueable.
Ahora bien, eso no
quiere decir que el problema que hay planteado en Cataluña no sea real y
que no haya que darle una respuesta democrática, que ha de ser política
antes que —aunque también— jurídica; el pronunciamiento del Tribunal
Supremo de Canadá sobre el caso de Quebec (más que el ejemplo de
Escocia) podría servir para alumbrar el camino. (...)
Quienes creemos que los ciudadanos y las ciudadanas catalanes estaremos
mejor dentro de una España que sepa refundarse sobre bases federales y
respetuosas con su pluralidad interna que en una Cataluña independiente
y, como parece más que evidente, internacionalmente aislada, no solo
tenemos argumentos para defender esa opción, sino que no tenemos miedo a
contarlos.
Eso sí, en serio y sin ventajismos: una hipotética consulta
no debería tener lugar en 2014 porque ese año no es neutral en esta
cuestión, pero sobre todo porque hace falta más tiempo para un debate
sereno e informado que permita a los ciudadanos pronunciarse con
fundamento, sin que ello signifique tampoco dilaciones injustificables; y
la respuesta a la pregunta, que habría de ser meridianamente clara, no
debería limitarse a un sí o un no a la independencia de Cataluña; si de
verdad se trata de saber qué quieren realmente los catalanes y las
catalanas (porque se trata de eso, ¿o no?) la pregunta debería tener
tres respuestas posibles: independencia, Estado federal con mayor grado
de autogobierno que el actual o mantenimiento del Estatuto de autonomía
vigente, es decir, los tres proyectos que defienden las fuerzas
políticas con representación en el Parlament actual y que cuentan con
respaldo constatado en la sociedad catalana. (...)
Pero entonces habría que recordarles que ellos no tienen el monopolio de
la definición de cómo se ha de organizar el ejercicio de la democracia;
y que tiempo para el debate y una pregunta con esas tres respuestas fue
lo que defendió Alex Salmond en sus negociaciones con el premier
Cameron que condujeron al acuerdo para la celebración del referéndum en
Escocia. Claro que es posible que nuestros secesionistas consideren a
Salmond un españolista peligroso." (
Francisco Morente Valero
, El País, 1 OCT 2013)
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