"(...) Y recientemente, el líder de la oposición y aunque parezca paradójico
también del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, ha encontrado la
fórmula jurídica para que los ciudadanos catalanes, tradicionalmente
cosmopolitas y viajeros, puedan moverse por Europa sin pasaporte y
visado.
Para el presidente del partido republicano, «el Estado español
no tiene previsto ningún mecanismo para excluir de su nacionalidad a
ningún ciudadano que no quiera ser excluido».
Es decir, una vez
concluida la independencia, los habitantes de Cataluña disfrutarán, por
conexión cultural e histórica, la doble nacionalidad española y
catalana, lo que a la vez les asegurará el estatuto de ciudadanos
europeos.
Ayudemos al profesor Junqueras a entender el ordenamiento jurídico
español un poco mejor. Efectivamente, el art. 11.2 de la CE señala que
«ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad».
A
simple vista, esta disposición daría la razón a los que piensan que la
independencia de Cataluña no comportaría la pérdida de nacionalidad
española de los ciudadanos catalanes. Sin embargo, su significado es
bien distinto de lo que se pretende: el art. 11.2 CE prohíbe que
mediante decisión discrecional, cualquier gobierno quite la nacionalidad
a un español, dejándole en condición de apátrida.
Por ejemplo, a
principios de la década de 1990, el Gobierno de Perú amenazó a Mario
Vargas Llosa con quitarle la nacionalidad peruana, por lo que el
Gobierno de Felipe González le otorgó con gran acierto la nacionalidad
española por carta de naturaleza, mediante real decreto.
Pero que los
poderes públicos no puedan arbitrariamente retirar la nacionalidad a un
español de origen no significa que éste no pueda perder su nacionalidad
por circunstancias sobrevenidas establecidas en el ordenamiento
jurídico.
De este modo, el art. 24.1 del Código Civil señala que «pierden la
nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en
el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen
exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes
de la emancipación».
Es decir, al día siguiente de la independencia, los
habitantes de Cataluña ya no serían nacionales españoles, pues
adquirirían la nacionalidad catalana.
Aunque el artículo anterior añada
que se necesitan tres años para confirmarse la pérdida, es seguro que
las Cortes españolas eliminarían dicho trámite temporal en la medida en
que los siete millones de catalanes podrían seguir votando durante ese
periodo en las elecciones generales españolas.
Ante tal distorsión
democrática, el Parlamento español modificaría en una tarde el Código
Civil para que la pérdida de nacionalidad fuera efectiva de manera
inmediata.
La doble nacionalidad es otro cantar: para que pudieran disfrutarla
los futuros ciudadanos catalanes, primero se tendría que prever dicha
posibilidad en el ordenamiento constitucional catalán y, después, en
aplicación del actual art. 11.3 CE, el Estado español tendría que
realizar un tratado bilateral específico con Cataluña sobre la materia.
No hay, por tanto, automatismo posible.
Como consecuencia de lo señalado, con la independencia los catalanes
también dejarían de poseer la ciudadanía europea, perdiendo todos los
derechos políticos, económicos y diplomáticos que otorgan los Tratados
de la UE a los nacionales de los Estados miembros. Resulta
descorazonador que a estas alturas no haya ningún miembro del Gobierno
español que refute todas y cada una de las mentiras en las que está
instalada gran parte de la clase política catalana.
Así es imposible.
Por lo demás, que aquellos que pretenden organizar un referéndum
secesionista, mecanismo supremo para que los habitantes de un país
apostaten de su nacionalidad de origen, vengan ahora con apelaciones al
‘lazo emocional’ con España para mantener un vínculo jurídico con ésta
por puro interés, resulta cuando menos contradictorio.
Junqueras se
justifica diciendo que tiene amigos que se alegran de los triunfos de
‘la Roja’: lo triste es que en una sociedad plural estas cosas sean
motivo de escrutinio." (JOSU DE MIGUEL BÁRCENA, EL CORREO 28/09/13, en Fundación para la Libertad)
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