El Partido Socialista pidió ayer una reforma de gran calado en la gestión de los ríos en España. El partido del Gobierno reclamó la creación de "un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias".
La petición de este organismo llega después de que la legislatura pasada se acelerara la cesión de competencias sobre los ríos a las autonomías. Gracias a su Estatuto de autonomía, por ejemplo, Andalucía gestiona el Guadalquivir, cuya cuenca abarca otras tres autonomías. (...)
Este organismo nacional asumiría buena parte de las competencias que actualmente tienen las confederaciones hidrográficas, como "desarrollar la planificación general en todas las cuencas de todo el territorio, sean cuencas intracomunitarias, intercomunitarias o internacionales", regular las concesiones de agua y regular el agua en los embalses de cabecera -no en las redes de abastecimiento-.
España fue, en 1926, pionera en la creación de cuencas hidrográficas. Cada cuenca es gestionada por un único organismo aunque abarque distintas autonomías.
Mientras el modelo europeo tendía a copiar este sistema, en los últimos años España fue hacia la descentralización. Los ingenieros de Caminos, los ecologistas, los regantes y muchos expertos -generalmente enfrentados entre sí- criticaron esta deriva.
Primero se cedieron las cuencas que solo discurren por una comunidad: Cuencas Internas de Cataluña o la Cuenca Mediterránea Andaluza. Y en 2007 Andalucía asumió el Guadalquivir gracias a la reforma de su Estatuto de Autonomía y al empeño del ex presidente autonómico Manuel Chaves, hoy vicepresidente encargado de las relaciones con las comunidades.
Castilla y León, del PP, reclama la mayor parte del Duero y Aragón obtuvo en su Estatuto una reserva hídrica de 6.500 hectómetros cúbicos (como seis veces el derogado trasvase del Ebro). El Estatuto de Castilla-La Mancha encalló por el agua.
El Guadalquivir está transferido pero el Ejecutivo se resiste a ceder el Duero, por ser un río internacional, y a aplicar la reserva para Aragón. Un sector del PSOE alentó el recurso de Extremadura, gobernado por los socialistas, contra el Estatuto andaluz." (El País, 21/09/2010, p. 32)
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