Si, como opina Enric González (EL PAÍS, 27-11-09), lo que había era un problema de financiación de Cataluña que todo el mundo reconocía, hay que concluir que se abordó de la peor manera: exigiendo desde la casuística de las balanzas fiscales poner límites a través del nuevo Estatuto a la solidaridad territorial; y con medidas como la recogida en la disposición adicional 3ª, que determina la inversión estatal en infraestructuras en función de la aportación catalana a la riqueza nacional. Todo ello, al margen de los estudios que demuestran que la prosperidad catalana está relacionada con su posición ventajosa en el mercado español. (...)
Otro punto de fricción es el de la lengua. Es cierto que el nuevo Estatuto no instaura nada que no exista ya; pero al incluir el deber de conocer el catalán, fija de manera difícilmente reversible el fundamento para prácticas entre antidemocráticas y ridículas ya en vigor, como la de poder multar a los tenderos que no rotulen en catalán.
Hay razones, por tanto, que explican esa distinta percepción de las opiniones públicas. Pero incluso esto podría matizarse: en la encuesta semestral del Centre d'Estudis d'Opinió difundida la semana pasada, el paro y la precariedad laboral son, como en el resto de España, la primera preocupación para el 45% de los catalanes; las relaciones Cataluña-España lo son para el 3,4%; y la crisis de identidad catalana, para el 0,5%." (PATXO UNZUETA: Puente aéreo. El País, ed. Galicia, España, 10/12/2009, p. 14 )
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