"Pronto hará cinco años desde aquellas aciagas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya forzó la adopción de las llamadas “leyes de desconexión”. Los partidos independentistas prefieren siempre recordar el 1 de octubre, las colas en los colegios electorales, la brutalidad de la intervención policial, la épica que envuelve e idealiza la convocatoria. Sin embargo, el momento culminante del “procés”, por cuanto se refiere a la naturaleza política del proyecto que impulsaba, fue en septiembre. Una serie de debates y coloquios rememorarán aquellos hechos en busca de un balance acerca de los mismos y, a ser posible, para arrojar alguna luz sobre un presente cargado de incertidumbres. La circunstancia no podía ser más oportuna para la lectura de “La burguesía catalana. Retrato de la élite que perdió la partida” (Ed. Península), documentado y muy recomendable trabajo del periodista de información económica Manel Pérez.
Se trata de mucho más que un who is who de dicha burguesía – aunque el repaso a las sagas familiares, sus instituciones, sus negocios y sus variadas conexiones, resulte de lo más completo. Manel Pérez radiografía un fracaso que no es exagerado adjetivar como histórico. Y probablemente también como irreversible: el fracaso de una burguesía que, a pesar del potencial económico que sigue atesorando, ha ido perdiendo poder de modo inexorable. En primer lugar, capacidad de incidir en España: el dominio avasallador de Madrid, erguida sobre su capitalidad, remite las élites catalanas a una relación subalterna… cuando no las aspira. Pero también pérdida de capacidad para imprimir su impronta a Catalunya, para gobernar la evolución de su sociedad, hasta el punto de verse desbordada por la agitación de las clases medias a lo largo de las crisis de la última década y de encontrase desprovista de una genuina representación política, adecuada a la defensa de sus intereses de clase.
Siempre es bueno recordarlo: desde hace mucho tiempo ya, los desarrollos económicos y sociales nacionales no hacen sino traducir, de un modo específico, las tendencias de fondo del capitalismo mundial. La burguesía catalana medró provechosamente a la sombra del franquismo, que había salvado de la revolución sus fábricas y patrimonios. Lejos del mito acerca de un innato espíritu emprendedor que habría llevado a algunos de sus más preclaros economistas – Joan Sardà Dexeus, Fabià Estapé… – a inspirar los “planes de desarrollo” que pusieron fin a la asfixiante autarquía, característica de la primera etapa de la dictadura, la incorporación de la economía española a los flujos del mercado internacional vino de la mano del FMI y del Banco Mundial. Y resultó de la exigencia americana de estabilización. La burguesía catalana se benefició ampliamente del crecimiento industrial y comercial de la década de los sesenta que impulsó aquella liberalización.
Pero, llegada la transición democrática, las élites catalanas, que habían encontrado un campo de expresión de sus inquietudes a través de foros tan destacados – y perennes – como el Círculo de Economía, se encontraron en la tesitura de buscar una representación política, capaz de hacer valer sus aspiraciones en las nuevas instituciones. La tentativa de levantar una fuerza política en sintonía con lo que representó la UCD de Adolfo Suárez fracasó. Tras la victoria de Jordi Pujol en las elecciones autonómicas de 1980 y su acceso a la presidencia de la Generalitat, la burguesía encontraría en él un interlocutor y una representación aproximada. El proyecto nacionalista de Pujol se sustentó desde el principio en una perspectiva que no se situaba en la órbita en la se movía ya la gran burguesía. Atrás habían quedado los tiempos de la floreciente industria textil. La competencia mundial había tornado obsoletas las viejas fábricas. Comenzaba un proceso de transformación del tejido productivo con una progresiva desindustrialización y terciarización de la economía del país. Las fortunas se orientaron a la explotación del turismo – que conoció una extraordinaria expansión tras los exitosos juegos olímpicos del 92 –, a la especulación inmobiliaria, se asociaron a firmas multinacionales… El sueño de Pujol iba en cierto modo a contrapié del rumbo que la globalización acabaría imprimiendo al mundo. Para el patriarca de la derecha catalana, la nación debía estar vertebrada por una burguesía autóctona, de tradición familiar, constituida en una red de medianas y pequeñas empresas. En torno a ese “pal de paller”, unas clases medias fervorosas y una clase trabajadora, contenida a base de algunas concesiones sociales y de ciertas dosis de paternalismo, debían asegurar la cohesión nacional. De ahí la obsesión por disponer de un instrumento financiero propio, Banca Catalana, que el propio Pujol dirigiría hasta su quiebra. De hecho, las más genuinas expresiones de las finanzas catalanas, La Caixa y el Banco de Sabadell, siempre tuvieron una vocación expansiva hacia el mercado español. Eso no impidió que, no sin algunos momentos de fricción, la burguesía se acomodara perfectamente al pujolismo y a su política de “peix al cove”. Es decir, colaboración en la gobernabilidad de España, bajo los gobiernos de Felipe González o con Aznar, a cambio de competencias, financiación o inversiones. Hasta que, en octubre de 2001, se produjo la primera señal de desencuentro. Y la dio, como bien recuerda el autor, el Cercle, a través de un documento crítico con esa orientación. Ciertamente, la burguesía seguía participando gozosamente de la fiesta liberalizadora promovida por Aznar, el crédito fluía, había euforia inmobiliaria y “la economía iba como un tiro”. Sin embargo, las élites adineradas percibían con inquietud un fenómeno que ya había detectado con anterioridad Pasqual Maragall: “Madrid se va”. El proyecto centralista del PP confería a la capital un extraordinario potencial económico, frente al cual Barcelona iba quedando atrás. (Un fenómeno que, por mucho que enlace con la vieja tradición de la España radial, refleja también una de las grandes corrientes de la globalización, que tiende a concentrar poderes económicos y ámbitos de decisión política en las capitales de los Estados). En cualquier caso, la burguesía catalana tomaba consciencia de que perdía irremisiblemente influencia.
Esa percepción se encuentra en los antecedentes del “procés”. Sin duda, alentó las protestas sobre las infraestructuras, propició la aparición de la ambigua idea del “derecho a decidir”, así como, más tarde, la demanda de un “pacto fiscal”, que Artur Mas trasladó a Rajoy cuando la crisis financiera y la recesión ya habían puesto en ebullición a la sociedad catalana. No obstante, sería un craso error pensar que la dinámica surgida en aquellos años fue un plan de la burguesía. La independencia nunca ha sido su proyecto. Bien al contrario. Siempre fue consciente de que un Estado de nuevo cuño, surgido de una secesión territorial, quedaría fuera de la UE y debería recurrir a una moneda devaluada – mientras que sus cuantiosas deudas permanecerían monetizadas en euros, viéndose por lo tanto abocado a la quiebra. El sueño independentista encandiló a una parte del pequeño y mediano empresariado, pero no concitó en modo alguno la adhesión de las ilustres familias. El “procés” fue esencialmente un período de febril agitación nacionalista de las clases medias y la pequeña burguesía, atemorizadas ante una crisis multidimensional que amenazaba con empobrecerlas y tornarlas irrelevantes, y que cabalgó la nomenklatura autonómica, deseosa de mantener a cualquier precio su poder… hasta que fue desbordada por el curso torrencial de los acontecimientos. Con el “procés”, la burguesía catalana entonó su particular canto del cisne.
Tras un período de colaboración del gobierno convergente con el PP, connivencia vista con buenos ojos en la medida que se emprendía con inusitado vigor una política de austeridad y recortes del gasto público, la decisión de Mas de ponerse, cual Moisés reencarnado, al frente de la agitación de la calle no podía por menos que inquietar a las élites. Esa inquietud fue creciendo con la radicalización del discurso y la sucesión de episodios que condujo al otoño de 2017. El ascenso de ERC y, tras las elecciones de septiembre de 2015, una legislatura marcada por la dependencia respecto a la CUP, pusieron los pelos de punta a las grandes familias. De hecho, tanto La Caixa como el Banco de Sabadell iniciaron desde 2014 los preparativos para efectuar un rápido cambio de sede, si la situación se descontrolaba. El gobierno de Rajoy se avino a facilitar los cambios legislativos necesarios para tal eventualidad… que se produjo tras el 1-O. Tras el referéndum ilegal, el pánico se apoderó de los depositantes, miles de millones de euros fueron retirados en pocos días de los bancos. La decisión de las dos grandes entidades financieras no tardó ni una semana en hacerse efectiva. Tras ellas, 5.000 empresas hicieron lo propio. El resultado fue, entre otras cosas, el reforzamiento de Madrid como irresistible polo de atracción para inversores, fortunas en busca de refugio fiscal y sedes corporativas.
A pesar de sus enormes recursos e influencia, la burguesía fue incapaz de contener una dinámica con la que no comulgaba, acumulando repetidos fracasos en sus intentos dispersos de disponer de una fuerza política adecuada. La vieja democracia cristiana, la UDC de Duran i Lleida, abandonando el navío convergente, no logró representación parlamentaria en solitario. Otras operaciones auspiciadas por algunos acaudalados personajes, como Ciudadanos – el “Podemos de derechas” que reclamaba Josep Oliu, factótum del Sabadell – o la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, tampoco pudieron solventar el lancinante problema de la representación política. Más aún: los señores de Barcelona, que difícilmente podían encontrar una personificación más genuina de su abolengo que la del financiero Carles Tusquets, tuvieron que sufrir la humillación de ver como Joan Canadell, un independentista radical, a sus ojos un don nadie propietario de cuatro gasolineras, aupado por una eficaz campaña de la ANC, se hacía con la presidencia de la Cámara de Comercio. Naturalmente, como apunta Manel Pérez, no por ello habría que considerar que la burguesía catalana ha desaparecido. “Sigue viva. Existe, es fuerte y actúa. Y no sólo en Catalunya; también en Madrid y en buena medida en el conjunto de la economía española”. Pero su decadencia es irreversible. Carece de proyecto propio, de liderazgo social y de auténtica representación – por más que influya sobre distintas fuerzas políticas y la derecha vele globalmente por sus intereses. Se ha convertido en una fratría de mercaderes y lobistas, sin más horizonte ni ambición que agrandar su hueco en el entramado de las grandes corporaciones españolas y en algunos segmentos de la economía global.
Esa dimisión histórica como clase dirigente ha propiciado que, en el curso de una gran recesión, a las puertas de un período convulso e incierto, las clases medias y la pequeña burguesía radicalizada hayan tratado de ocupar su lugar. Si la eclosión del “procés” certificó la decadencia de la burguesía, el fracaso del movimiento independentista revela la impotencia de las menestralías para conducir una nación. El esbozo constitucional de la República Catalana mostró la faz de un régimen iliberal, destinado a comprimir las contradicciones de una sociedad partida en dos y enfrentada consigo misma. Semejante Estado, de haber visto el día por un azaroso concurso de circunstancias, sólo podía aspirar a sobrevivir como un incierto paraíso fiscal, al albur de los mercados o al servicio de potencias hostiles a la construcción europea. El recuerdo del 6 y 7 de septiembre no sólo debería servir para constatar lo inviable de aquella aventura, sino la urgencia de que sea la izquierda, con voluntad de representar a las clases trabajadoras y populares, quien despliegue un proyecto de país; un proyecto federal y europeísta, con un fuerte liderazgo de la iniciativa pública. Naturalmente, habrá que seguir contando con esa burguesía. Ora para fomentar inversiones productivas y establecer cooperaciones bien orientadas; ora para embridar sus tendencias especulativas – por no hablar de su obligada contribución fiscal al mantenimiento del Estado del Bienestar. Pero el futuro ya no le pertenece. Bajo la inaplazable emergencia climática y las sacudidas del desorden global, la economía deberá imperativamente “cambiar de base”. Lejos de los cenáculos de los poderosos, eso sólo será posible a través de una intensa politización ciudadana y un nuevo aliento de la democracia." (
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