"Desde Alianza de la Izquierda Republicana de España (AIREs – La Izquierda) consideramos a la lengua catalana, y al resto de las lenguas cooficiales de nuestro país, como un gran patrimonio común de todas las gentes de España y una parte integrante fundamental de la gran cultura española.
Por ello nos felicitamos de que la lengua catalana pase por el mejor momento de su historia, pues nunca como ahora ha habido tantas personas que la entiendan, la hablen, la escriban y la utilicen como vehículo habitual de comunicación y de creación cultural, y tanto en su vida privada como en todas las esferas de la vida pública.
Situación de florecimiento que ha sido posible gracias al espíritu integrador, abierto y pluralista que en materia lingüística y cultural supieron demostrar las personas que elaboraron y aprobaron la Constitución Española actualmente vigente de 1978.
La Constitución Española de 1978, entre otras cosas, ha permitido el acceso de las diferentes Comunidades Autónomas españolas a su autogobierno, aplicando (en ésa, como en otras muchas cuestiones) una gran parte del espíritu de la que fue Constitución de la II República Española de 1931, que desde AIREs seguimos considerando un referente insustituible para las personas de izquierda en España.
Sin embargo, la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de amplísimas competencias ejecutivas y legislativas, por encima de los niveles de autogobierno de muchos estados federales como Alemania o Austria, ha llevado lamentablemente a la utilización partidista, victimista, supremacista y sectaria que del tema lingüístico están haciendo, desde hace muchos años, las administraciones públicas de algunas comunidades autónomas como Cataluña, y la interesada complicidad con la misma que han exhibido, por razones espurias, todos los sucesivos Gobiernos de España.
Bajo la coartada de lo que algunos entienden por una supuesta “normalización” lingüística, las administraciones públicas catalanas (y, cada vez más, las de otras comunidades autónomas con más de una lengua oficial; comenzando, desde luego, por la Generalitat de Catalunya, pero también la práctica totalidad de los ayuntamientos catalanes y la gran mayoría de las Universidades y otros entes institucionales de ese territorio, dominados en sus órganos de gobierno por partidos imbuidos de ideología nacionalista), han estado practicando, y practican, desde hace años, una política de manifiesta marginación y muy poco disimulado intento erradicación de la lengua española de la vida pública, que se ha traducido en la mal llamada “inmersión” monolingüe en la escuela pública y concertada, la práctica exclusión (e incluso estigmatización) del Español de los medios de comunicación públicos de la Corporació Catalana de Radiotelevisió (y de los medios de comunicación privados políticamente afines, generosísimamente subvencionados por el Govern), y la práctica exclusión de la lengua común española como medio de comunicación con la ciudadanía por parte de las citadas administraciones territoriales e institucionales catalanas (Generalitat, Ayuntamientos, Universidades).
No contentos con esa marginación del Castellano de la vida pública, en los últimos años también han proliferado las iniciativas (públicas, o privadas pero subvencionadas), como las de la llamada Plataforma per la Llengua, o las tituladas como “Per un país de tots, l’escola en Català”, para tratar de arrinconar o erradicar a la lengua común de la ciudadanía española (lengua que, además, compartimos con centenares de millones de personas de todo el mundo) de los ámbitos privados o semipúblicos en los que aún tiene una cierta presencia social relevante, como las aulas de las Universidades o los patios de las escuelas, con la apertura de webs para denunciar públicamente a profesores que utilicen el castellano en clase, o la difusión de anticonstitucionales encuestas sobre los hábitos lingüísticos del alumnado de la enseñanza no universitaria.
En ese contexto, nos parece una muestra de extraordinario cinismo (e incluso de autojustificación de quien se sabe culpable) el anuncio del Govern de destinar 345.000 euros a un nuevo “Pacte Nacional per la Llengua” justificado por la “compleja y delicada situación actual” en la que supuestamente se hallaría, según los firmantes del mismo, la lengua catalana, y la subsiguiente “necesidad de revertir” dicha delicada situación, cuando son en realidad los derechos de la población hispanohablante (mayoritaria en Cataluña, y especialmente mayoritaria entre las clases populares y trabajadoras) los que se ven con harta frecuencia ignorados y ninguneados por las administraciones públicas catalanas.
Y nos parece especialmente descorazonador que dicho despropósito sea respaldado no tan sólo por los partidos del bloque nacionalsecesionista (ERC, JXC y CUP), y sus habituales palmeros de Catalunya en Comú – Podem, sino también por el siempre decepcionante PSC, que aúna su ya conocido complejo de inferioridad frente al nacionalismo –marca de nacimiento del partido– con las actuales hipotecas del Gobierno Sánchez hacia el nacionalsecesionismo.
Desde Alianza de la Izquierda Republicana de España (AIREs – La Izquierda) insistimos en la necesidad de reconocer y amparar el bilingüismo real de la sociedad catalana en todos los ámbitos públicos y privados, especialmente en la Enseñanza y en la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, y de superar el resbaladizo concepto de “lengua propia” que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reserva al Catalán, y que de facto relega al Castellano (lengua materna de más de la mitad de la población catalana) a la condición espuria de “lengua impropia”, “lengua impuesta” o “lengua foránea”, en la que se escuda el nacionalismo gobernante para ignorar o menospreciar los derechos lingüísticos de una gran parte de la población catalana.
Con ese motivo, desde AIREs reclamamos la recuperación por parte del Estado de competencias fundamentales en materia de Educación (totalmente transferidas a la Generalitat de Catalunya desde los pactos del Majestic entre Jordi Pujol y José María Aznar, en 1996), y damos pleno apoyo a la iniciativa de la plataforma Escuela de Todos, en solicitud del cumplimiento de la sentencia del TSJ de Cataluña y posterior resolución de Tribunal Supremo, estableciendo la obligatoriedad de que sea impartido al menos un 25% de clases en Castellano, con inclusión de al menos una asignatura troncal, en todas las escuelas públicas y concertadas de Cataluña.
Barcelona, enero de 2022.
Grupo Promotor de Alianza de la Izquierda Republicana de España (AIREs – La Izquierda)" (AIRES- La Izquierda)
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