"Las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que se declare nulo el acuerdo del Govern que ofrece asistencia jurídica a los profesores y directores que decidan incumplir la sentencia sobre el 25% de castellano.
El Ejecutivo también acordó el pasado 4 de enero "exigir responsabilidades por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa o de otra naturaleza, a todas aquellas personas o entidades que ataquen injustamente a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones".
Las dos asociaciones defienden que el acuerdo es nulo de pleno derecho porque "se dicta para incumplir una sentencia firme (se proporciona asistencia jurídica gratuita a los profesores y directores que incumplan la sentencia del TSJC en materia de lengua en la enseñanza) y se acuerda destinar dinero público para fines particulares".
Ambas entidades consideran "gravísimo" que se utilice la Generalitat y "sus recursos" para "amenazar a las entidades que defendemos los derechos de los castellanohablantes con acciones de todo tipo (penales, administrativas 'y otras') y para pagar la defensa de aquellos que decidan incumplir sentencias firmes, siendo esto un grave ataque contra el Estado de Derecho".
Finalmente, Hablamos Español y Convivencia Cívica se muestran confiados de que la denuncia llegue a buen término y recuerdan que "existe jurisprudencia al respecto en relación a pronunciamientos sobre el proceso realizados por el Colegio de Abogados y la Universidad de Barcelona". (e-notícies, 10/01/22)
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