"Aparte de los insultos a una familia de Canet por pedir castellano en la escuela de su hijo, la sentencia del TSJC que considera probado que la Generalitat discriminó a policias y guardias civil me parece tremenda.
Además, tengo la sensación de que ha pasado relativamente desaparecibida. Como se supo el viernes por la tarde todo el mundo tenía la cabeza en el megapuente.
En el Telenotícies noche de ese día, que duró una hora y siete minutos, Toni Cruanyes le dedicó apenas cuarenta segundos.
Tampoco me extraña porque el presentador del TN tiene un libro (“Un dels nostres”) en la que la expresión “presos políticos” sale media docena de veces. Así cualquiera.
La información quedó diluida entre otras piezas judiciales: la citada sentencia sobre la escuela de Canet, Junqueras pidiendo al TC que revoque su inhabilitación y Puigdemont que recusa a los nuevos magistrados del Constitucional.
Por otra parte, hablaron de “pasividad” -no de “trato injustificado y discriminatorio” como establece la sentencia- y admitieron que, en efecto, la vacunación de mossos empezó un mes antes pero que “a finales de marzo” sólo tenína una tasa de vacunación el 3% superior a policías y guardias civiles. O sea, que no era tan grave según la cadena pública.
Ni que decir que, sobre la escuela de Canet fueron más beligerantes. Incluyeron declaraciones de padres, altos cargos y representantes sindicales. Todos, claro, en contra de la decisión judicial. “El castellano está en todos lados”, se quejaba una madre. Pero como van a salir padres a favor del castellano por la tele con la que se ha liado.
En toco caso, las consecuencias de la sentencia sobre el retraso de la vacunación a policías y guardias civiles son mínimas: condena en costas para la Administración catalana. Apenas 4.000 euros que puede asumir perfecamente. Pagamos todos.
Por supuesto a nadie se la he ocurrido dimitir ni pedir responsabilidades. Aquí paz y después gloria. Como las sentencias del TC sobre los dos estados de alarma, también inconstitucionales. No dejan de ser rapapolvos judiciales pero con nulo recorrido político.
Aunque a mí me vino a la cabeza tras el fallo, las palabras del entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, aquel 28 de abril del 2021 en cuanto estalló la polémica.
El ahora consejero de Salud aseguró que “no discriminamos nunca ni por género ni por creencia nada”. “Me da igual si es un mosso o un guardia civil”, insistió. Incluso apeló a su condición de médico.
Pero dejó claro igualmente que, en este caso, “retrasaremos otras vacunaciones” en alusión a a tercera edad.
Recuerdo que Manuel Trallero, en uno de sus programas semanales, se tomó la molestia de ver cuántos policías y guardias civiles había en Catalunya: aproximadamente unos 7.000 frente a 700.000 personas de la tercera edad.
Apenas un 1% ponía en jaque, al parecer, toda la política de vacunación de la Generalitat e incluso ¡la salud de nuestros abuelos!
La verdad es que, personalmente, tenía muchas esperanzas depositadas en él porque entre el desbarajuste del Govern durante la pandemia -Budó, Buch, Vergés- parecía una persona cuerda y sensata.
La cosa empezó a torcerse precisamente el día de esa comparecencia. Su gestión posterior como consejero también deja mucho que desear aunque influyen también decisiones de otras consejerías sobre las que no tiene competencias.
Pero lo peor de todo es que la sentencia del TSJC confirma ahora que mintió. Deliberada o involuntariamente. Pero mintió.
En efecto, queda confirmado que la Generalitat “ incurrió en inactividad respecto de su obligación de asistencia sanitaria a los cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional, en su labor de suministro de las vacunas frente al covid-19”.
“Esa inactividad -añade- dio lugar a una diferencia de trato injustificada y discriminatoria respecto de esos cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales, a los que se les suministraron las vacunas de manera más rápida y eficiente”.
Voy a pensar mal: ¿fue un venganza por las cargas policiales del 1 de octubre?
De hecho mis suspicacias se acrecientan al haber encontrado husmeando en mi archivo fotográfico una foto de Argimon con lazo amarillo. Aunque entonces ni siquiera había dado el salto a la fama.
Quizá, como dice el refrán, piensa mal y acertarás.
En fin, parece que la política del Govern en esta materia era: policías y guardias civiles, que se jodan." (Xavier rius, director de e-notícies, 09/12/21)
"El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentenciado este viernes que el plan de vacunación de la Generalitat a principios de año fue "discriminatorio" para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña.
El Tribunal ha admitido el recurso de la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (JUCIL) y Justicia Policial (JUPOL). Ha declarado "nula de pleno derecho la inactividad mantenida por el Departamento de Salud en el desarrollo de la actividad de vacunación" a los agentes de ambos cuerpos de seguridad.
La sentencia ordena al Govern "la continuación de esta actividad de vacunación en igualdad de condiciones de dichos cuerpos, con el resto de funcionarios que realizan actividades declaradas esenciales".
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC expone que los mossos, bomberos o policías locales empezaron a recibir las primeras vacunas contra el coronavirus en Cataluña el 10 de febrero, mientras las de policías nacionales y los guardias civiles llegaron "con un mes de diferencia, ya un ritmo, además, extremadamente lento". (e-notícies, 03/12/21)
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