"(...) En el tablero español el anuncio de los indultos desencadenó la feroz reacción de la derecha tripartita en una respuesta semejante a la emprendida por el PP, cuando se tramitó la aprobación del Estatut d’Autonomia del 2006, y con la famosa foto de Colón de febrero de 2019. Ahora bien, no parece que esta actitud beligerante esté cosechando el mismo eco social que en el pasado.
Así, la asistencia a la plaza de Colón fue sensiblemente inferior a la anterior convocatoria y la recogida de firmas no está funcionando con la masividad esperada. Si la vía unilateral auspiciada por el independentismo fracasó, también lo hizo la opción de Rajoy de delegar en la administración de justicia el combate contra el movimiento independentista, de modo que no consiguió ni impedir el 1-O, ni reducir sus apoyos sociales y electorales.
El movimiento secesionista carece de la suficiente fuerza dentro y fuera de Catalunya para materializar su objetivo de constituir un Estado independiente, pero el Estado español tampoco ha sido capaz de reducir la implantación y la fuerza del separatismo. Así se diseña una perspectiva de empate infinito, en una sociedad fracturada y enfrentada, donde la convivencia resulta cada vez más complicada.
En principio, como hemos apuntado, daba la impresión de que el PSOE arrostraría un coste político exorbitante por la concesión de los indultos, cuando desde el independentismo, a excepción de la carta de Junqueras, apenas se aprecian gestos de concordia y reconciliación –por parafrasear al presidente Sánchez– y cuando sectores importantes de la sociedad catalana y española se muestran contrarios a estas medidas de gracia. Sin embargo, en los últimos días, da la impresión de que el coste podría ser inferior al que en principio se preveía. (...)
Acaso, entre importantes sectores de la población española y catalana, se esté abriendo paso la idea que, tras el relativo fracaso de la vía judicial y represiva, se debe al menos probar la vía del diálogo político, a pesar de las escasas facilidades que está dando el movimiento independentista. El PSOE, al igual que ERC, necesita tiempo para acabar una legislatura en la que, armado con los importantes fondos europeos, pueda liderar la recuperación económica postCovid. Para ello necesita la estabilidad parlamentaria que le pueden proporcionar ERC y sus aliados en la cámara legislativa española.
También, en la estela del ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero en sus negociaciones con ETA, tantear las posibilidades de un gran acuerdo que eventualmente desactivara, al menos temporalmente, la crisis catalana, que se alarga desde hace una década y que sería percibido como un gran éxito. Sin duda, es en el tablero internacional donde se aprecian los mayores beneficios para el gobierno español por la concesión de los indultos. La eficaz campaña propagandística de las fuerzas independentistas en el extranjero, que enlazaba con la famosa leyenda negra española, unida a la errática política del PP, condujeron a que amplios sectores de la opinión pública internacional simpatizasen con la causa secesionista. No ocurrió lo mismo con los gobiernos extranjeros, ninguno de los cuales reconoció la autoproclamada independencia de Catalunya. No obstante, tanto las resoluciones de los tribunales alemanes y belgas, negando las extradiciones de los líderes independentistas fugados, como la reciente resolución del Consejo de Europa, indican que el ejecutivo español tiene un problema en el ámbito internacional en este tema. (...)
La concesión de los indultos es solo un primer paso. En realidad, el éxito o fracaso de esta operación se dirimirá en la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán. Desde el lado independentista, la posición de partida radica en la reclamación de la amnistía y la autodeterminación. Ahora bien, el ejecutivo estatal no puede conceder ninguna de estas reivindicaciones.
En vez de la amnistía, el ejecutivo puede ofrecer los indultos y la reforma de los delitos de rebelión y sedición, puesto que no puede ni debe interferir en la acción de los tribunales de justicia donde están abiertas diversas causas contra otros dirigentes secesionistas. Aquí no es la primera vez que se observa cómo las mismas formaciones políticas independentistas y sus terminales mediáticas, que critican al Estado por la inexistencia de la separación de poderes, reclaman a ese mismo Estado que vulnere este principio. Como hemos apuntado en otras ocasiones, los secesionistas operan según un uso instrumental de los mecanismos democráticos y del Estado de derecho, los cuales se invocan cuando favorecen su causa y se rechazan cuando la perjudican.
Por otro lado, queda pendiente la situación de los líderes fugados en el extranjero y especialmente la del expresident Puigdemont, a quienes no afecta el indulto y solo podrían beneficiarse de la citada reforma de los delitos de sedición y rebelión si se personasen en España para aceptar ser juzgados. (...)
Tampoco el gobierno español puede conceder la autodeterminación que, como es sabido y según la legislación internacional, únicamente es aplicable a los pueblos colonizados o bajo ocupación militar, lo cual obviamente no es el caso de Catalunya. Aquí el ejecutivo estatal puede ofrecer una mejora del sistema de financiación y un nuevo Estatut d’Autonomia. (...)
Ciertamente y a tenor de lo expuesto sobre el uso instrumental de los procedimientos democráticos, resulta difícil concebir que los sectores más hiperventilados del independentismo aceptasen esta oferta que considerarán una pantalla pasada y cuando para ellos lo único factible es la implementación de la República o en su defecto el referéndum de autodeterminación pactado con el Estado y reconocido internacionalmente.
En esta tesitura, la mesa de diálogo no parte con los mejores augurios. Por el lado del PSOE, sus ofertas se verán impugnadas por la derecha nacionalista española, para la cual el combate contra el independentismo catalán resulta su principal banderín de enganche ideológico y electoral y el arma de destrucción masiva contra el gobierno de coalición progresista. Por otro lado, ERC se verá sometida a las fuertes presiones de Junts y CUP para no ceder un ápice en las reivindicaciones de amnistía y autodeterminación y en caso contrario serían acusados de traidores.
Ahora bien, tanto PSOE como ERC, por los motivos apuntados, necesitan
tiempo y la mesa de diálogo puede proporcionárselo; aunque, según
consta en el acuerdo de legislatura entre ERC y CUP, este periodo se
cifra en dos años, después del cual se evaluarán los resultados de esta
mesa y Aragonès se sometería a una moción de confianza. Ciertamente,
PSOE y ERC se juegan mucho en el envite, pues si fracasan en esta
apuesta compartida por el diálogo y el acuerdo pueden ser desalojados
del poder estatal y autonómico, respectivamente, por la derecha
nacionalista española y catalana partidarias de llevar hasta final el
conflicto político e identitario con el correspondiente riesgo para la
convivencia ciudadana y la paz civil." (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 24/06/21)
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