Se trata un delito de engaño que cometieron los líderes independentistas con sus propias bases, insistiendo en que tenían una hoja de ruta propia que la Unión Europea aprobaría...Es también un delito contra la democracia...

"(...) No creo que las condenas vayan a resultar ejemplares para los independentistas, aunque en cualquier caso serán leídas como una prueba más del carácter autoritario del país. 

Sobre todo si se sustentan en una consideración de los delitos de rebelión o insurrección que están lejos de explicar lo que sucedió en septiembre-octubre de 2017. Como algún jurista ha apuntado, quizás el problema es que hubo un delito mal tipificado. O pensándolo en otros términos, lo que hace falta es un juicio político en lugar de uno penal.

Es en este terreno donde Comuns, o cualquiera que pretenda sustituirlos, debería haber penetrado decididamente.

• Ante todo, se trata un delito de engaño que cometieron los líderes independentistas con sus propias bases, insistiendo en que tenían una hoja de ruta propia que la Unión Europea aprobaría (algo que se mostró manifiestamente falso y que explica el resultado final, quizás mucho más que la aplicación del 155); o negándose a debatir el impacto real y a corto plazo de una independencia unilateral que, de haberse practicado, hubiera sido precusora del Brexit a las bravas. Los Mas, Puigdemont, Romeva, Junqueras y compañía son culpables de engaño a su propia gente (que indudablemente estaba dispuesta a aceptar cualquier anuncio publicitario de sus líderes).
• Es también un delito contra la democracia haber impuesto leyes como la del Referéndum o la de la Transición, tanto por la forma en que se aprobaron como por su contenido. Especialmente la Llei de Transició, por su contenido notablemente mucho más regresivo y autoritario que la Constitución Española. Y es asimismo un délito contra la cultura democrática presentar una consulta sin garantías democráticas (mesas, recuento, censo publicado) como un referéndum democrático con garantías plenas y haber sustituido la realización de verdaderos debates informados sobre las razones y los efectos de la independencia por una política de propaganda sistemática orientada a consolidar las convicciones y los prejuicios de la propia base.
• Hay finalmente un delito político en los años de inacción del gobierno catalán (aunque en esto el español no le va a la zaga), en el mantenimiento de los recortes y la insensibilidad ante los graves problemas sociales y ambientales del país real, en seguir manteniendo la ficción de que en un futuro incierto todo se arreglará por arte de magia.

Todo esto no implica tener que renunciar al cuestionamiento de los fallos, de los tics autoritarios y el anticatalanismo que emana de algunas instituciones del Estado. Pero sin un cuestionamiento abierto del “procés” es imposible que se pueda reconstruir una izquierda catalana que aglutine en su seno distintas sensibilidades y donde predomine un sentimiento democrático profundo, una cultura de la igualdad y la razón.

No hay una salida fácil ni inmediata a la situación actual. Los líderes del independentismo y del anti-independentismo han sobreactuado tanto, han calentado tanto a sus bases, que hoy nos encontramos con un nivel de movilización que difícilmente puede reconducirse a corto plazo. Sin embargo, es preciso desarrollar una estrategia que cuando menos permita ampliar el campo de los que se encuentran en medio de los dos bandos.

Pensándolo en clave de la izquierda en Catalunya, ya he apuntado una de las vías de trabajo que me parecen básicas: la de desmontar, con argumentos, la lógica estrambótica de los líderes independentistas, sin aceptar la morralla argumentativa de los procesistas que pretende justificar todas sus acciones, así como su propagación de una cultura social y política en la que sólo rige la dialéctica del amigo-enemigo. 

Como tampoco se puede dar por buena cualquier acción desmedida de la justicia y las fuerzas policiales. Por explicarlo con un caso reciente (el de la detención de nueve personas acusadas de preparar atentados), a mucha gente le impactó y le removió el recuerdo del 1-O el desproporcionado despliegue policial para detener a estas personas  (...)

Pero exigir una actuación judicial y policial honesta, trasparente y proporcionada no conduce a dar por bueno automáticamente que las detenciones son una muestra más de la represión estatal y que es imposible que en un espacio social tan amplio como el del independentismo catalán no pueda surgir gente que adopte posiciones inaceptables y perseguibles penalmente. 

Es totalmente inaceptable que los líderes independentistas nieguen la propia historia (Terra Lluire fue una organización militar que trató de copiar, con poco éxito, a ETA), traten de convencernos con un falso silogismo (“el independentismo catalán es intrínsecamente pacífico, por lo que no ha lugar la acusación de lucha armada a quienes representan el independentismo”) y pretendan convertir cualquier acción policial y judicial en mera represión y en una demanda implícita de vía libre para sus acciones.

En segundo lugar, hay que volver a colocar —y esto sí se ha ido haciendo—las cuestiones social y ecológica en el centro del debate político. Porque el “procés” ha supuesto en buena medida la paralización de la actividad catalana, un nuevo adelgazamiento de lo público que prolonga y refuerza los efectos de los recortes. Algo que es común tanto a Catalunya como a España en su conjunto.  (...)"             (Albert Recio Andreu, Mientras Tanto, 30/09/19)