"Hasta el momento, la UE ha guardado bastante silencio sobre el expediente catalán. Si sus parlamentarios vinieran a apoyar a los separatistas, podrían poner en peligro el edificio democrático europeo.
Quim Torra, el actual presidente de la Generalitat, dijo: "Ponemos la voluntad de las personas, la democracia, antes que la ley". (1) Un representante electo postula que hoy, en un estado europeo, la revolución , el golpe de fuerza, es una práctica superior a la reforma siguiendo las leyes.
Y según muchos artículos de la sentencia que acaba de imponerse a políticos y activistas separatistas catalanes, la condena de estas personas convertiría a España en un estado arbitrario que no respeta sus propias reglas democráticas. "Hemos pasado", dice Quim Torra, "del estado de derecho a la aplicación de un derecho estatal contra el disenso basado únicamente en la sagrada unidad de España".
"DU" significa en la prensa española "declaración unilateral" de independencia, la que los nacionalistas catalanes, mayortarios en escaños pero minoritarios en votos, votaron el 10 de octubre de 2017 después de una mascarada de referéndum (listas incontroladas que han permitido a los votantes votar varias veces, boletines recogidos en pisos, etc.). Pero DU también podría significar "desunión europea" si los parlamentarios europeos cuestionaran el principio mismo de la aplicación de la ley en España.
Control de instituciones.
El estado español es "de derecho" porque se basa en una constitución negociada hace cuarenta años entre partidos con diferentes ambiciones geopolíticas para abrir el camino de la democracia y el desarrollo después de la guerra civil y treinta y siete años de dictadura.
El estado español es "de derecho" porque se basa en una constitución negociada hace cuarenta años entre partidos con diferentes ambiciones geopolíticas para abrir el camino de la democracia y el desarrollo después de la guerra civil y treinta y siete años de dictadura.
En 1978, en la provincia catalana de Girona, la más independiente de la actualidad, el 90% de los votantes aprobó la Constitución española (participación: 72%). Tal vez hubiera sido necesario que los grandes partidos piensen en reformarla, que un movimiento ciudadano lo exija o que los partidos nacionalistas catalanes lo reclamen.
Pero esto no sucedió, por razones complejas, y hoy estos nacionalistas catalanes intentan imponer su poder a todos los ciudadanos: con 70 diputados (mayoría absoluta: 68) declararon tomar el control de todos instituciones que gobiernan la vida del 52.7% de los votantes (2017, 37% de los registrados).
Si los eurodiputados se decidieran principalmente por el respeto de la práctica revolucionaria (cambio por un golpe) de los separatistas, se debilitaría el edificio democrático europeo de compromiso y alternancia. Dar un valor equivalente a las prácticas políticas del movimiento separatista catalán y al de las instituciones españolas sería considerar que "el pueblo" está dotado de una razón inmanente y, por lo tanto, admitir la validez de que cualquier ideología soberanista se exprese fuera del marco de las Constituciones actualmente vigentes.
Intocables
Cuando aprobaron las leyes que derogaban el orden legal español vigente, los nacionalistas catalanes sabían las penas que podrían sufrir, pero indudablemente estaban convencidos de que eran intocables porque fueron elegidos.
Cuando aprobaron las leyes que derogaban el orden legal español vigente, los nacionalistas catalanes sabían las penas que podrían sufrir, pero indudablemente estaban convencidos de que eran intocables porque fueron elegidos.
Dejar que los funcionarios electos crean que pueden liberarse de las leyes que conocen sería un riesgo considerable para la fortaleza de nuestros sistemas democráticos.
Los jueces de la Corte Suprema española rechazaron el veredicto de rebelión: consideraron que la estrategia de movilización de la multitud nacionalista y sus desbordamientos era una perturbación del orden público y no una "violencia".
Sobre todo, minimizaron la seriedad de las leyes aprobadas por los nacionalistas catalanes dirigidas explícitamente a abolir la monarquía constitucional española, creando una nacionalidad catalana obligatoria y una nueva frontera en tierra, mar y aire. Esto podría haberse llamado rebelión, pero fue la noción de desorden público la que se eligió por unanimidad.
El 28 de mayo de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender la sesión plenaria del Parlamento catalán del 9 de octubre de 2017 (donde estaba previsto declarar unilateralmente la independencia de Cataluña) era "necesario en una sociedad democrática, en particular para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás, en el sentido del artículo 11 (2) de la Convención" (2) Europea de Derechos Humanos. Veremos cuál será su interpretación legal de esta sentencia.
El oportunismo de las denuncias de quienes se ponen del lado de un derecho inmanente del pueblo, sin describir la complejidad de la situación, refuerza la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones en funcionamiento. Pero esta desconfianza no debe tomarse a la ligera, porque podría impulsar el voto de extrema derecha, una fuerza en ascenso en toda Europa."
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