"(...) -Hay tres argumentos que
usted analiza en el libro que utilizan los independentistas para aplicar
la ruptura: derecho a la autodeterminación, la plena soberanía de
Cataluña y el principio democrático que emana de un referéndum. ¿Qué
opina de cada uno?
-Yo lo veo más como una voluntad de ser que un ser.
Se apela a esos elementos, pero en realidad son muy débiles. Y no pueden
ser subjetivos. El derecho a la autodeterminación
no está reconocido de forma amplia en el ámbito internacional. Se pensó
para situaciones coloniales y pueblos sometidos a opresión y que tenían
pendientes de desarrollar sus derechos como colectivos.
Y se ha
aplicado muy restrictivamente porque la comunidad internacional da mucha
importancia al principio de integridad territorial. Y aquí hay muchas resoluciones de Naciones Unidas
que hacen una interpretación muy restringida.
Entiendo que,
políticamente, se diga que en Cataluña se está en esa situación, es
respetable, pero como jurista no puedo estar de acuerdo. En cuando al
principio democrático, al margen de la legalidad, no es posible
aplicarlo.
La democracia no va separada de la legalidad. Es como una moneda que tiene dos caras, las dos se retroalimentan.
Según el principio democrático, puedes cambiar el derecho y la norma,
pero no puedes sentirte no sometido a ellos.
Sobre todo si quien lo dice
no es un particular, sino un poder público. Y sobre el principio de
soberanía, ello implica que ya has desconectado de la legalidad que es
de otro. Eso es una declaración política, pero eso no es así
jurídicamente. No son argumentos sólidos. (...)
-¿Ve excesivo el delito de rebelión?
-Yo no lo veo. He leído y releído el auto de procesamiento. La rebelión necesita demostrar que hubo violencia los días 20 de septiembre y el 1 de octubre. La violencia, suponiendo que la hubiera, no tiene la entidad que exige el Código Penal.
El propio auto indica que esa violencia debe ser capaz de doblegar la
voluntad del Estado. Y yo creo que se llegara a esa situación de riesgo.
También creo que hay que valorar, no solo lo que pasó, sino lo que no
pasó. Si realmente se quería hacer una independencia unilateral, el día
D, el día 27, cuando se aprobó la DUI, pudo pasar algo. Y no pasó nada.
Eso está muy ausente del debate.
-Usted mismo ha comentado que los dirigentes se fueron de fin de semana…
-Bueno, es lo que pasó. No concibo un gobierno que declare la independencia y no haga nada inmediatamente. Sobre todo si lo hace unilateralmente, si lo haces de acuerdo con el Estado quizá, pero no era eso. Yo no he visto esta circunstancia en el proceso.
-¿Hubo un punto de artificio jurídico para revestir un pronunciamiento político?
-Las leyes intentaban dar esa pátina jurídica
apelando al derecho a la autodeterminación para celebrar un referéndum,
mientras se aprobaba la ley de transitoriedad, que era consecuencia de
lo anterior.
Pero el elemento débil es decir que estás ejerciendo un
derecho a la autodeterminación, que políticamente puedes invocar, pero
no jurídicamente. Ahí se calibró mal. Se necesitaba una apariencia
jurídica, pero era fachada, no había consistencia.
-¿Los procesados del 1-O son presos políticos?
-He dicho que me cuesta ver la prisión preventiva.
Pero para mí, un preso político es una persona que es perseguida por sus
ideas y sus convicciones. Aquí no debemos olvidar que se tomaron
decisiones ejerciendo un poder público y eso cambia ese escenario. Aquí,
el uso de la expresión preso político no es la más apropiada. (...)"
(Entrevista a Antoni Bayona, ex-letrado mayor del Parlament, María jesús Cañizares, Crónica Global, 28/02/19)
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