29/3/19

En el 1-O votaron 2.286.217 personas. O sea, 19.073 menos que en el referéndum del 9 de noviembre de 2014. El carácter absurdo de estos números se impone por sí mismo a cualquiera que conozca en qué circunstancias logísticas y de orden público se celebraron las votaciones y su contraste con la plácida votación que permitió el Gobierno del Estado en 2014. No hubo referéndum el 1-O. Lo que sí hubo fue gente votando en algunos lugares. Y luego, por supuesto, los números fantasmales que dio a conocer el Gobierno de la Generalidad

"Habré escrito ya que una de las grandes mentiras del Proceso fue que hubiera un referéndum. Pero por si acaso. No lo hubo, porque lo evitó la Policía, antes y durante el 1 de octubre. Lo que sí hubo fue gente votando en algunos lugares. Y luego, por supuesto, los números fantasmales que dio a conocer el Gobierno de la Generalidad. 

Según esos números, votaron 2.286.217 personas. O sea, 19.073 menos que en el referéndum del 9 de noviembre de 2014. El carácter absurdo de estos números se impone por sí mismo a cualquiera que conozca en qué circunstancias logísticas y de orden público se celebraron las votaciones y su contraste con la plácida votación que permitió el Gobierno del Estado en 2014.

El Gobierno de la Generalidad contrató diversos observadores extranjeros para que legitimaran la pureza del proceso electoral. Y lo publicitó con énfasis en los días previos al 1 de octubre, porque formaba parte de su propósito de internacionalización. Pero el trabajo de los observadores dejó de ser relevante para los nacionalistas el mismo 1 de octubre. La razón es simple, y es que no hubo referéndum que pudiera considerarse como tal.

Dos días después del nonato el principal de los equipos de observadores, la International Limited Observation Mission (Ilom), publicó sus primeras conclusiones. De dos tipos: las fácticas y las valorativas. Los observadores aseguraban que el supuesto referéndum "no había cumplido los estándares internacionales".

 Pero que eso se debió a un "uso de la fuerza que no tiene lugar de ser en las democracias consolidadas". Asimismo constataron que en más de una cuarta parte de las mesas "el proceso de votación fue temporalmente suspendido o el material de votación escondido para evitar su confiscación". 

En el supuesto referéndum, por último, "la administración electoral trabajó en el anonimato y sin transparencia", por efecto de la disolución de la Sindicatura Electoral de Cataluña, cuyos miembros sufrieron "amenazas y multas" por parte del Estado. 

 El eco del informe fue entonces débil. Lo llamativo es que siga siéndolo.(...)"                (Arcadi Espada, El Mundo, 28/03/19)

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