"(...) Para llenarse de contenido, las Comunidades Autónomas han exagerado
su actividad normativa (785.000 páginas de nuevas leyes y reglamentos
solo en 2016), creando un marasmo legal que dificulta la actividad
económica y la necesaria unidad del mercado, que ha multiplicado
innecesariamente la burocracia e inducido a la corrupción.
Sin
suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas y en un marco
de competencias duplicadas y mal diseñadas, las autonomías han generado
un gasto y una deuda excesivos que no siempre han redundado en la mejora
de los niveles de vida.
El sistema de financiación autonómico ha tenido
un diseño inadecuado y muy imperfecto que se ha resuelto siempre a base
de competencia entre territorios, no siempre leal ni corresponsable.
Y
las competencias educativas y de medios de comunicación autonómicos se
han utilizado, en demasiadas ocasiones, para fomentar la ideología
nacionalista y el resentimiento y enfrentamiento entre las comunidades,
en lugar del respeto, la concordia y la fraternidad entre las personas y
los pueblos.
La consecuencia de todo ello ha sido paradójica: no solo no se ha
podido evitar la puesta en marcha de la agenda independentista, sino que
ésta se alimenta del mal diseño de nuestra organización autonómica y
termina activándose, en el marco de un aumento de la inequidad y la
desigualdad entre los españoles y entre nuestros territorios, y cuando
el desarme de medios y competencias que sufre la administración central
deja al Estado en situación de extrema debilidad (el alojamiento de las
fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña en estrambóticos cruceros es
una expresiva muestra de ello). (...)
La respuesta a la situación de crisis que estamos viviendo no puede ser
la de volver a reproducir la lógica extremista del péndulo, como está
tratando de hacer el Partido Popular (“ahogarlos por directa
estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus
hombres”, escribió Ortega y Gasset).
Tampoco la de exacerbar el
nacionalismo español más rancio e igualmente totalitario que vuelve a
confundir a toda Cataluña y a los catalanes en su conjunto con el
independentismo. Igual de inútil es tratar de moverse en tierra de nadie
o querer contentar a todos sacando recursos de donde no los hay, como
hacen las izquierdas que siguen teniendo miedo incluso a mencionar el
nombre de España.
Ni vale el más de lo mismo, estirando el modelo actual
mal diseñado, o tratar de multiplicar el número de naciones como si
fueran piñones en una especie de café para todos elevado a la enésima y
más absurda de las potencias. Nada de eso puede resolver nuestros
problemas de ahora.
Por el contrario, nos parece que ha llegado el momento de
enfrentarnos democráticamente, con serenidad, con generosidad y con
rigor al asunto central que los españoles no pudimos contemplar
abiertamente en 1978, quizá porque era materialmente imposible hacerlo
en la situación en la que estábamos entonces, con la correlación de
fuerzas y con la natural desconfianza mutua de aquel momento.
Es la hora de invertir el orden de las cosas. Ni se puede creer que
la solución de los problemas territoriales de España puede venir de la
recentralización, por muy de nuevo cuño que fuera, ni podemos continuar
haciendo concesiones ad infinitum y continuos remiendos en el
diseño del Estado Autonómico.
Hay que comenzar, en primer lugar, por
analizar rigurosamente lo que ha fallado. En segundo lugar, habría que
consensuar el proceso que puede permitir que se plantee y resuelva
democráticamente el problema básico de la legitimidad, efectiva y no
solo formal, del proyecto común de España.
Para ello es imprescindible
que exista lo que a nuestro juicio hay que reconocer que no se ha
logrado de modo real a causa del mal diseño del Estado de las
autonomías: el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles
con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices
ni evasiones.
Un compromiso que creemos que en estos momentos solo
puede venir de una refundación basada en la libre voluntad de los
pueblos que componen nuestra Patria, sustituyendo la remota fundación
por vía de guerras y de matrimonios dinásticos por una democrática en la
que todos los pueblos de España, en plano de igualdad, puedan decidir
si mantienen el proyecto común o lo abandonan, pero eso sí, con todas
sus consecuencias para todos.
Vascos y catalanes, pero también el resto de los españoles,
deberíamos decidir si estamos dentro o fuera.
Y si los pueblos de
España, como es de esperar, deciden libremente integrarse en la
soberanía nacional española lo tendrán que hacer en plano de igualdad
con el resto de los ciudadanos y pueblos de España, sin más hechos
diferenciales que los estrictamente culturales, entendiendo que
cualquier ser humano, sea cual sea su peculiaridad cultural o
lingüística, tiene unos mismos derechos y unas mismas obligaciones,
dejando atrás mecanismos feudales de articulación política y afrontando
los graves problemas de futuro que tiene la España del siglo XXI, no
sólo en el interior sino en nuestro entorno geopolítico.
Solo así nos parece posible lograr el rediseño del Estado que
garantice lo que hasta ahora no hemos conseguido: que todos los
españoles, siendo tan diferentes, tengamos igual derecho de acceso a los
bienes y servicios públicos y que contribuyamos a sufragarlos en
condiciones de equidad.
Por ejemplo, disponiendo de un sistema de salud y
cuidados nacional que permita atender las necesidades de todos los
españoles de manera igualitaria, inmediata y sin obstáculos en cualquier
parte del territorio nacional, o de un sistema educativo estatal que,
preservando la educación en lenguas y tradiciones de los diferentes
pueblos de España, contenga un pensum detallado común a todos
los españoles y asegure el perfecto conocimiento del idioma vehicular
común.
Que garantice algo tan esencial como la coordinación y
subordinación de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad
del Estado que permitan una mayor eficacia y seguridad a todos los
españoles; o que dispongamos de instituciones y mecanismos que permitan
la coordinación efectiva, la codecisión y la solidaridad en la práctica
entre todas las instituciones de nuestros diferentes territorios. (...)" (Juan Torres López/ Roberto Viciano Pastor, CTXT, 19/03/18)
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