"Nadie discutió en España los seis meses que ha pasado Ignacio González en la cárcel o los tres años que pasó Francisco Granados.
Los dos se dedicaban a la política y los dos han sido gravemente
acusados de corrupción.
Por el contrario casi todo el mundo discute
desde el primer día (¡incluso el Supremo!) que estén en prisión
preventiva políticos que se han alzado contra el Estado de derecho y que
utilizaron su posición política no para llenarse sus bolsillos
privados, sino para violentar la democracia. Si se prueban las
acusaciones, Francisco Granados o Ignacio González habrán causados daños
indiscutibles al sistema político español.
Pero no habrá llegado el
daño a provocar la marcha de 2.000 empresas, a que el 20% de los
consumidores españoles haya dejado de comprar productos catalanes, a que
la fractura civil alcance profundidades de riesgo en Cataluña o a que
la imagen (es decir, el comercio) de Cataluña y España
se haya erosionado de un modo tan implacable e inesperado.
Todos esos
daños los han causado hombres y mujeres que hoy están preventivamente en
la cárcel o huidos. Parte del daño, además, era deliberado, como lo
prueba el documento sobre los planes de independencia requisado en el
departamento de Economía: el daño económico se planteaba como un objetivo para acelerar la transición al paraíso.
Ninguno
de los encarcelados ha dado hasta el momento la menor señal de
arrepentimiento. Para saber en su caso hasta qué punto es real el riesgo
de reiteración del delito bastará saber que no lo consideran un delito.
No es que consideren que no lo han hecho; es que, reconociendo lo que
han hecho, no lo consideran delito.
Algo así como si González y Granados defendieran la higiene y legitimidad de la corrupción.
A la escandalosa hipótesis que supondría sacarlos de la cárcel se une
un hecho puramente inconcebible: la plausibilidad de que se presenten a
las elecciones. Volviendo al corrupto: no solo ponerlo en libertad, sino
ponerle a contar dinero; no correr el riesgo de la reiteración
delictiva: invitarle a ella.
Esta posibilidad, que repugna al sentido
común y por tanto habría de repugnar al Derecho, es consecuencia de no
haber formalizado penalmente en España un capítulo de delitos contra la
democracia y de haber confiado el castigo de los nacionalistas al
apartado de un código penal pensado para espadones.
Sería interesante
que el Supremo, al parecer tan interesado en la corrección de las
medidas cautelares que pesan sobre los nacionalistas, aprovechara la
facultad que le asiste por razón de las llamadas "medidas innominadas" e
introdujera la inhabilitación política cautelar de los encarcelados. Así ahorraría a los demócratas la obligación de ir a votar con mascarilla." (Arcadi Espada, El Mundo, 09/11/17)
"Amnistía Internacional rechaza que haya presos de conciencia en el ‘procés’.
Amnistía Internacional no considera ni presos políticos ni presos de conciencia a los exdirigentes de la Generalitat y los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium en prisión provisional por el procés. “La consideración de preso político no tiene una acepción internacionalmente reconocida”, ha explicado a este diario un portavoz de la organización defensora de los derechos humanos.
“En el caso de los presos de conciencia, no se dan los extremos que hagan considerarlos así en Amnistía Internacional. Con la información de que disponemos, no les aplicamos la característica de presos de conciencia”, ha añadido. Ni el exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ni los otros siete exconsellers encarcelados "se ciñen a la definición", subraya la organización.
La juez Carmen Lamela envió a prisión el pasado 16 de octubre a los líderes de la ANC y Òmnium. La magistrada de la Audiencia Nacional les imputa un delito de sedición por dirigir y alentar a una muchedumbre presuntamente el 20 y 21 de septiembre para tratar de evitar que se desarrollara la Operación Anubis contra la organización del referéndum ilegal y secesionista del 1 de octubre.
En el caso de Junqueras y los exconsellers que optaron por permanecer en España al contrario que el resto del Govern que, con el expresident Carles Puigdemont al frente, han tratado de internacionalizar el conflicto con su viaje a Bélgica, Lamela les mandó a prisión el 2 de noviembre por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos vinculados al proceso independentista." (El País, 09/11/17)
"Amnistía Internacional rechaza que haya presos de conciencia en el ‘procés’.
Amnistía Internacional no considera ni presos políticos ni presos de conciencia a los exdirigentes de la Generalitat y los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium en prisión provisional por el procés. “La consideración de preso político no tiene una acepción internacionalmente reconocida”, ha explicado a este diario un portavoz de la organización defensora de los derechos humanos.
“En el caso de los presos de conciencia, no se dan los extremos que hagan considerarlos así en Amnistía Internacional. Con la información de que disponemos, no les aplicamos la característica de presos de conciencia”, ha añadido. Ni el exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ni los otros siete exconsellers encarcelados "se ciñen a la definición", subraya la organización.
La juez Carmen Lamela envió a prisión el pasado 16 de octubre a los líderes de la ANC y Òmnium. La magistrada de la Audiencia Nacional les imputa un delito de sedición por dirigir y alentar a una muchedumbre presuntamente el 20 y 21 de septiembre para tratar de evitar que se desarrollara la Operación Anubis contra la organización del referéndum ilegal y secesionista del 1 de octubre.
En el caso de Junqueras y los exconsellers que optaron por permanecer en España al contrario que el resto del Govern que, con el expresident Carles Puigdemont al frente, han tratado de internacionalizar el conflicto con su viaje a Bélgica, Lamela les mandó a prisión el 2 de noviembre por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos vinculados al proceso independentista." (El País, 09/11/17)
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